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La conquista de los derechos LGTBI

En la actualidad España es uno de los países más tolerantes e inclusivos, y ha hecho de la defensa de los derechos LGTBI una seña de identidad propia, pero la historia de la conquista de estos derechos no fue ni corta ni fácil, al igual que todos los avances sociales, por lo que siempre es necesario echar la vista atrás para no olvidar el camino recorrido hasta aquí.

El franquismo y el inicio de la democracia 

Durante el régimen franquista la homosexualidad fue perseguida y duramente castigada, se dictaron diferentes leyes que castigaban penalmente la homosexualidad. El artículo 431 del Código Penal recogía el delito de escándalo público, utilizado para condenar las prácticas homosexuales. En 1954 fue modificada la Ley de Vagos y Maleantes de 1933[1] para incluir, entre otras cosas, el castigo a los homosexuales por el sólo hecho de serlo. Esta ley les condenaba al internamiento en un establecimiento de trabajo o Colonia Agrícola (…), en Instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás [2]No está demás recordar que “Colonias agrícolas” era el término que le daba la dictadura franquista a los campos de concentración.

El 4 de agosto 1970 se aprobó la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social,[3] la cual establecía una pena de cárcel de cinco años o el internamiento psiquiátrico de los homosexuales. Fue ese mismo año cuando comenzaron los movimientos clandestinos de defensa de los derechos LGTBI. Armand de Fluvià y Francesc Francino crearon el Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH), siendo la primera organización de defensa de los derechos homosexuales en España. Además, crearon la revista, Aghois, siendo también la primera revista LGTBI de nuestro país. 

En 1977, el MELH evolucionó en el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), donde aprobaron estatutos y un manifiesto con tintes más revolucionarios que sirvieron como referente para muchos otros grupos. El 26 de junio de ese mismo año, el FAGC convocó una manifestación en las Ramblas de Barcelona con motivo del día del Orgullo Gay. Esta manifestación se realizó días antes de las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco, con la petición expresa de derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970. En aquel momento el FAGC seguía siendo una organización ilegal, por lo que la manifestación fue duramente reprimida por la policía.

Una vez instaurada la democracia los avances fueron ocurriendo sucesivamente, pero no fue hasta cuatro años más tarde cuando tuvo lugar la despenalización de la homosexualidad, siendo estos los últimos presos en salir de las cárceles franquistas. A su vez, fueron legalizadas las asociaciones LGTBI, por lo que cada vez iban creándose más. El colectivo se hacía así visible y era cada vez mayor el número de personas que se sumaban al movimiento, uniéndose a la lucha por la conquista de sus derechos.

Conquista de los derechos LGTBI

La despenalización de la homosexualidad en España era el primer paso en el camino para conseguir la plena igualdad ante la ley y que la sociedad española aceptara la diversidad sin discriminación. Es en este momento cuando se inicia uno de los debates parlamentarios más importantes en la historia del legislativo español, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Hasta entonces según indicaba el Código Civil, el matrimonio era un contrato celebrado entre personas de distinto sexo siempre y sin excepción. Durante la década de 1990, algunas Comunidades Autónomas adoptaron leyes sobre parejas de hecho en las que se reconocía la unión entre parejas del mismo sexo como la de Cataluña de 1998 y la de Navarra de 2000, ésta última siendo la única que reconocía el derecho a adoptar menores conjuntamente, pero fue seguidamente recurrida ante el Tribunal Constitucional con el argumento de proteger a los menores.

La regulación del matrimonio era y es competencia exclusiva del gobierno central y por lo tanto para poder legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo fue necesario que el esfuerzo legislativo tuviera lugar en el Congreso de los Diputados y el Senado. No fue hasta las elecciones de 2004 en las que el PSOE y su candidato José Luis Rodríguez Zapatero incluyeron en su programa político llevar a cabo esta reforma. El objetivo era eliminar la discriminación hacia el colectivo LGBTI y lograr que el matrimonio fuera independiente del sexo de los contrayentes. El anteproyecto de ley fue evaluado por el Consejo de Estado que entendía que, siendo la discriminación inadmisible, la extensión del matrimonio para personas del mismo sexo no era algo que viniese exigido por la constitución de 1978 por lo que no veía objeción en esta proposición de ley que eliminaba una discriminación.

La proposición de ley se presentó ante el Congreso para su votación el día 1 de octubre de 2004 y fue aprobada por 183 votos a favor, 136 en contra y 3 abstenciones. En el Senado, no obstante, fue vetada por 139 votos a favor y 119 en contra lo cual obligó a que el proyecto de ley fuera devuelto a la cámara baja en la cual se procedió a discutir si se levantaba el veto del Senado, de acuerdo con el procedimiento constitucional. Finalmente, el veto fue levantado y en consecuencia la ley entró en vigor el 30 de junio de 2005 con 187 votos a favor y 147 en contra.

El Rey Juan Carlos I sancionó la ley el 1 de julio de 2005, siendo esta publicada en el BOE al día siguiente como Ley 13/2005, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, marcando un momento histórico para toda España. En esencia la reforma suponía una modificación al Código Civil en su artículo 44, que sería reformulado para decir que «El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.»

Esta ley no solo estableció la igualdad a la hora de contraer matrimonio, sino que al mismo tiempo permitió la adopción por parte de familias homoparentales, dado que el sexo de los contrayentes dejó de ser relevante en el matrimonio. 

La aprobación de esta ley abrió un camino de oportunidades para seguir conquistando más derechos a través de la promulgación de leyes; cabe destacar el trabajo que está teniendo lugar actualmente para desarrollar dos leyes: la Ley LGTBI estatal, que garantice la igualdad con un marco de medidas contra la homofobia, la bifobia y la transfobia; y una Ley integral trans que procure garantizar la autodeterminación del sexo y por ello dar más facilidades a este colectivo para poder desarrollarse. 

Futuro del movimiento LGTBI

España es un país muy avanzado en derechos y libertades, y pionero en las reformas legales sobre los derechos LGTBI. Prueba de ello es, además del ya mencionado matrimonio igualitario de 2005, la primera Ley de Identidad de Género en 2007. Aun así, el movimiento evoluciona y requiere de nuevos cambios y avances. 

Los derechos LGTBI en España son un referente y paradigma de una conquista social que debemos proteger, los cuales están recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En dicha Declaración se protege el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de identidad de género u orientación sexual, así como el derecho a toda persona a expresarse con libertad, lo cual implica que todos tenemos el derecho a poder expresar nuestro orgullo por ser quienes somos y a quienes amamos, sin discriminación de ningún tipo.

Hoy en día estas conquistas se ven amenazadas por las viejas corrientes que han vuelto y pueden deshacer todo lo conseguido hasta ahora. La homofobia y transfobia, que aún están presentes en nuestra sociedad, deben ser erradicadas y es justamente por ello que necesitamos un cambio de mentalidad y debemos acoger a los diferentes colectivos, educar desde la diversidad y el respeto a lo diferente, es decir, educar en derechos humanos.

Normalizar la diversidad nos hará crecer desde la libertad y el respeto, permitiendo el libre desarrollo de la persona. Es de vital importancia, por tanto, acabar con la discriminación social y reivindicar el respeto a la diferencia, objetivos que sólo son realizables a través del respeto de los derechos humanos.

Pedro Ignacio García Sabater y Andrea Rielves Merenciano. Colaboradores de FIBGAR.


[1]  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1954/198/A04862-04862.pdf

[2]  https://www.eldiario.es/canariasahora/premium_en_abierto/Homosexuales-vagos-maleantes- peligrosos_0_516549100.html

[3] https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-854