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Cursos Fibgar UMET

Conocer los alcances de la aplicación del principio de Justicia Universal para el juzgamiento de Delitos de Lesa Humanidad, y su aplicación, también, a la protección de los Derechos Humanos en general.

El juez Baltasar Garzón; Víctor Santa María, secretario general del SUTERH y Pablo Vassel, ex representante del Poder Judicial en la Unidad de la Superintendencia para delitos de lesa humanidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentaron en Buenos Aires la primera edición de los Cursos FIBGAR-UMET que se celebraron en la capital argentina durante el mes de septiembre.

El acto contó, también, con la presencia de la actriz Susana Hornos, que ejerció de maestra de ceremonias.Del 9 al 12 de septiembre de 2014 FIBGAR organizó, junto con la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), estos primeros cursos de formación en Derechos Humanos en Argentina, en los que un destacado grupo de juristas de talla internacional debatió en Buenos Aires sobre dos temas: Derechos Humanos y Justicia Universal y Crímenes financieros. Nuevos crímenes de lesa Humanidad.Estos dos cursos se celebraron en la sede de la institución académica superior bonaerense bajo la dirección de Baltasar Garzón, presidente de la Fundación y, además, con la coordinación de Pablo Vassel, ex representante del Poder Judicial en la Unidad de la Superintendencia para delitos de lesa Humanidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina).

El programa se centró en los aspectos más relevantes del concepto de Justicia Universal y su relación con los procesos judiciales en los que se implican delitos que afectan a los Derechos Humanos. El objetivo fundamental de este curso era analizar y reflexionar sobre el alcance de la aplicación de este principio de Justicia Universal y, de qué manera, se puede ampliar y consolidar la protección jurídica de los Derechos Humanos a nivel internacional. En este extremo, se tomaron como referencia los numerosos casos en los que diferentes tribunales nacionales actuaron en base a este principio jurídico universal para proteger a las víctimas de este tipo de delitos. Fue especialmente interesante el análisis de la relación que existe entre los poderes económicos y las dictaduras y gobiernos autoritarios a fin de reflexionar desde el punto de vista jurídico de este tipo de relaciones recurrentes imprescindible a la hora de estudiar las violaciones de Derechos Humanos a nivel internacional. Está clara la necesidadde investigar el entramado de relaciones económicas que dio y da soporte a los regímenes autoritarios que cometen delitos de lesa humanidad y superar la visión que centra la responsabilidad de los delitos en los actores políticos de los diferentes procesos dictatoriales.

Un caso claro de esta relación entre economía y dictadura es Argentina. Los crímenes contra los Derechos Humanos contaron, en el país, con la participación de sectores no estatales que apoyaron económicamente a la Dictadura militar. Esa complicidad entre «patrocinio» y crímenes ya se ha empezado a investigar en el contexto de la violación de los Derechos Humanos y se ha iniciado el camino para extender el concepto de responsabilidad por este tipo de delitos. Esto, a su vez, ha provocado que se abra un camino que necesita un análisis y reflexión desde el punto de vista jurídico que desemboquen en la elaboración de instrumentos legales adecuados para que la Justicia proteja, en todas sus dimensiones, los Derechos Humanos. Las respuestas en términos institucionales se reflejan en la creación de unidades de investigación específicas destinadas al lavado de dinero y financiamiento de redes de delitos internacionales. Estas respuestas son acordes a la complejidad de las modalidades delictivas, su conformación en redes y su poder fáctico que requiere de acciones específicas y estrategias adecuadas a ese tipo de delitos. Un esfuerzo que requiere de una constante reinvención y actualización. Sin embargo este es un camino incipiente que necesita reflexión, nuevos conceptos y la elaboración de instrumentos legales adecuados para que la justicia alcance y proteja los Derechos Humanos.

Entre los participantes figuraron Baltasar Garzón; Raúl Zaffaroni, magistrado de la Corte Suprema de Argentina; Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación; Martin Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación; Remo Carlotto, diputado de la Nación por la Provincia de Buenos Aires; Dolores Delgado García, fiscal de la Audiencia Nacional española; Fernando Andreu Merelles, magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de España; Pedro David, juez de la Sala II de la Cámara de Casación Penal; Alejandro Slokar, juez de Cámara Federal de Casación Penal de la Sala II; Pablo Vassel, ex director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación; Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores;Eduardo Barcesat, consultor externo de la Procuración del Tesoro, Carlos Slepoy, abogado de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del Franquismo (CeAqua); Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la Asociación de Justicia Legítima, Luis González León, jefe de la Unidad de Direcciones Nacionales y Seguridad Ciudadana, director Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia; Matías Bailone, director del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Diana Conti, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires; Carlos Gonella, fiscal general de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC); Eduardo Saiegh, empresario despojado en la dictadura militar; Jorge Elbaum, sociólogo, profesor de UBA y UNLM; Martín Granovsky, licenciado y profesor en Historia; Juan Pablo Boholavsky, experto independiente sobre la Deuda Externa y Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Ricardo Gils Lavedra, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación. Abogada (UBA); Celeste Perosino, coordinadora de la Oficina de Políticas de DD.HH. de la Comisión Nacional de Valores; Darío Rivas, descendiente de víctima del franquismo; Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa y Juliana Oliva, funcionaria judicial de la Justicia Ordinaria de Buenos Aires.

Información

Estado: Pasado
Lugar: Argentina
Beneficiarios: Alumnado universitario y profesional
Colaboradores: Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET)
Línea estratégica: Derechos humanos

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