¿Sabes qué pasó? Boletín del 20 al 26 de febrero
El Parlamento Europeo reclama más reformas y un órgano independiente para cuestiones de ética frente a las sospechas de corrupción.
El pasado jueves 16 de febrero el Parlamento Europeo aprobó dos resoluciones sobre transparencia e integridad en el proceso de toma de decisiones en el seno de la Unión Europea tras la existencia de sospechas de corrupción.
Los eurodiputados han recordado que tendrán “tolerancia cero ante toda forma de corrupción a cualquier nivel”. Para ello, han planteado una serie de reformas entre las que se encuentran la mejora en la aplicación del Código de Conducta de los eurodiputados, de forma que se les impondrán sanciones pecuniarias disuasorias en el caso de que cometan una infracción contraria al Código.
De igual forma, otra de las medidas que adoptarán será la obligación de los eurodiputados de declarar su patrimonio tanto al principio como al final de su mandato, y cualquier viaje que realicen con financiación de terceros países deberá ser aprobado previamente.
Por su parte, dado que el Parlamento europeo corroboró que las ONG fueron “supuestamente utilizadas como vectores de injerencias extranjeras”, las organizaciones que reciban dinero de terceros, aunque no estén obligadas a inscribirse en el Registro de Transparencia, deben declarar el origen de su financiación. Si no proceden de este modo, se le negará cualquier ayuda monetaria procedente de la Unión Europea.
Tras las sospechas de corrupción y con el objetivo de recuperar la confianza de los ciudadanos europeos en las instituciones de la Unión, el Parlamento insiste en crear un órgano independiente que deberá dilucidar entre lo que supone un acto delictivo, una infracción de las normas institucional o un comportamiento éticamente reprochable. Las negociaciones sobre este nuevo órgano deberán concluir antes del verano.
España aprueba, fuerza de plazo, la ley de protección de alertadores.
El jueves 16 de febrero el Congreso de los Diputados aprobó la ley definitiva sobre la protección de alertadores, que entrará en vigor el próximo 13 de marzo. La ley ha sido aprobada con un apoyo mayoritario de la Cámara, aunque con la oposición del Partido Popular y de Vox.
Esta nueva ley traslada lo recogido en la directiva europea 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. El plazo para su transposición terminó el 17 de diciembre de 2022. Dos meses después, y pasado tan solo día desde que la Comisión Europea decidiera llevar a España ante el Tribunal de Justicia por su retraso en la transposición de la Directiva citada, el Congreso de los Diputados aprobó la nueva ley que impone sanciones de hasta un millón de euros a aquellos que intenten silenciar las voces críticas de los alertadores.
Con la nueva norma se exige la obligación de que las empresas con más de 50 trabajadores, sindicatos, partidos políticos, universidades y todas las corporaciones públicas, así como los órganos constitucionales, implementen sistemas internos de recepción de denuncias de corrupción.
Nueve eurodiputadas viajan a España para analizar las políticas de cuidado y dependencia y lucha contra la trata.
Desde el lunes 20 al miércoles 22 de febrero nueve eurodiputadas encabezadas por Elżbieta Katarzyna Łukacijewska pertenecientes a la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género viajaron a España para conocer las políticas de cuidado y las relativas a la lucha contra la violencia sexual y contra la trata. Igualmente, debido a los diferentes enfrentamientos que ha provocado la ley del “solo sí es sí”, las eurodiputadas han dejado algunas reflexiones al respecto.
Durante su estancia se han reunido con los ministerios de Igualdad y Justicia, con la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, o con la Fiscal de la Sala de Violencia contra la Mujer, Teresa Peramato. Su reunión con la Fiscal les ha permitido debatir acerca de los desafíos del marco legal para combatir la violencia contra la mujer.
De igual forma, la Comisión se ha reunido con representantes de la sociedad civil, diferentes organizaciones y sindicatos para hablar de los derechos de las mujeres, así como con la comunidad de personas con discapacidad y mujeres migrantes para centrarse en la ley de cuidados y dependencia.
En cuando a la ley del “solo sí es sí” la presidenta de la misión ha dejado claro que “el papel del Parlamento Europeo no es el de solucionar, resolver o ejercer presión en relación a esta ley, simplemente mostramos nuestra esperanza derivada de todas nuestras reuniones, de que se logre en España una buena solución para los posibles problemas que se han señalado desde los medios de comunicación y a través de la sociedad en España”. Aun así, Elżbieta afirmó que confiaba en que se llegase a un consenso político para reformar la ley.
Madrid, 27 de febrero de 2023.
