¿Sabes qué pasó? Boletín Semanal del 17 al 23 de abril
Colombia debate sobre las migraciones forzadas por el cambio climático
La propuesta de ley pide que se dé reconocimiento jurídico a los desplazados internos por causas climáticas, lo cual abre un debate complejo, puesto que en ocasiones no es sencillo delimitar esta figura respecto de otras migraciones debido al carácter multicausal de muchas de ellas.
En todo caso, el proyecto define este tipo de desplazamientos forzosos como “la movilidad humana forzada de una persona, familias o grupos sociales (…) como consecuencia o para evitar los efectos de desastres naturales o del cambio climático.”
La emergencia climática supone un enorme reto en materia migratoria por su gran potencial para provocar desplazamientos. Según un informe del Banco Mundial, en 2050 podrían darse hasta 216 millones de desplazamientos provocados por los efectos del cambio climático. En ese mismo año, otro informe del Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno registraba 23,7 millones de desplazamientos internos por causas climáticas en 2021 – la mayoría de ellos derivados de ciclones y otras tormentas (11,5 millones) e inundaciones (10,1 millones), y en menor medida por incendios forestales (451.000) y por las sequías (240.000).
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La Asamblea General de la ONU debate sobre la codificación de los crímenes contra la humanidad
Los delegados de la Sexta Comisión (Asuntos Jurídicos) debatieron sobre la conveniencia de una Convención para la Prevención y Persecución de los Crímenes contra la Humanidad basada en la propuesta de la Convención de Derecho Internacional – órgano encargado de la codificación y desarrollo legislativo del derecho internacional.
Gran parte de los delegados – como el de la Unión Europea, Colombia o Brasil – defendieron la importancia de dicho tratado internacional, el cual permitiría cubrir lagunas existentes en el sistema internacional de derechos humanos. Respecto a la relación que tendría la convención con el Estatuto de Roma, afirmaron que no supondrían ámbitos de solapamiento, sino que la convención sería un complemento de gran valor para la labor de la Corte Penal Internacional.
No obstante, otros delegados, como el de China o India, criticaron que el proyecto de una nueva convención estuviera excesivamente basado en el texto del Estatuto de Roma, del cual hay Estados que no son parte.
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Cinco años de violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua
El 18 de abril de 2018 el pueblo nicaragüense salía masivamente a las calles para protestar contra la reforma de la seguridad social impulsada por el presidente Daniel Ortega, quién reprimió brutalmente este movimiento, dejando a su paso 300 muertos y más de 2.000 heridos.
Desde entonces, tal y como refleja el informe elaborado por Amnistía Internacional, la represión feroz frente a cualquier disidencia no ha hecho más que incrementarse. Para ello, el elenco de medidas es cada vez más amplio, de modo que el Estado de derecho es cada vez más exiguo y la autonomía de la sociedad civil cada vez más inexistente.
Se han reportado casos de uso excesivo de la fuerza ejercida por las fuerzas policiales, realizando miles de detenciones arbitrarias y provocando cientos de muertes – muchas de ellas calificadas por organismos de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales.
También se han usado mecanismos de persecución legal y represión penal de activistas y opositores, mediante la aprobación de leyes que restringen derechos y la cooptación del poder judicial.
Por añadido, más de 300 personas han sido privadas arbitrariamente de la nacionalidad, deviniendo muchas de ellas en apátridas, un estatuto que conlleva una inevitable indefensión.
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Madrid, 24 de abril de 2023
