¿Sabes qué pasó? Boletín semanal del 17 al 23 de julio
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ofrecerá apoyo técnico a Colombia para la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
La Comisión de la Verdad es un acuerdo firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2017, el cual surgió como medio para conocer la verdad sobre el conflicto armado que lleva azotando al país desde 1960 y que tiene como sujetos implicados al Gobierno Colombiano, guerrillas de extrema izquierda y grupos paramilitares de extrema derecha. La violencia experimentada durante estos años, la financiación de la guerra a través del narcotráfico, las desapariciones forzosas y la violación sistematica de los derechos humanos pretenden ser investigadas en el marco de la Comisión, para garantizar a las victimas su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
La resolución que ha sido aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene la pretensión de dotar de asistencia al país durante un periodo renovable de dos años, colaborando con sus instituciones nacionales y locales. En el texto se subraya la importancia de prestar una especial atención a las víctimas y a la aplicación de una perspectiva de género durante todo el proceso. Para asegurar el cumplimiento de estas garantías se destinará a un experto internacional para que pueda identificar los obstáculos y elaborar recomendaciones antes de que termine el año 2023.
También la ONU ha destacado la relevancia del papel de las sociedades civiles y los defensores de los derechos humanos en esta labor y ha recalcado el espíritu colaborador del gobierno colombiano.
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Sospechas sobre posibles represalias hacia jueces en Guatemala.
La independencia del poder judicial en Guatemala está siendo menoscabada por el gobierno a través de la retirada de la inmunidad de jueces y magistrados a lo largo del país. La relatora especial de la ONU teme que estas prácticas sean una forma de sanción hacia aquellos jueces que están investigando casos de corrupción vinculados al gobierno.
Sin la inmunidad que ostentan los jueces, la Fiscalía tiene vía libre para poder haber abrir procesos contra los mismos, quebrantando el principio por el cual estos no pueden estar perseguidos penalmente por el desempeño de sus funciones, y dejándolos desprotegidos frente a las influencias o intimidaciones de las que pueden ser víctimas.
Esto es lo que le ha sucedido al juez del Tribunal Noveno de Sentencia Penal de Guatemala, Carlos Giovani Ruano, quien está siendo acusado de grabar a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que supuestamente le habría presionado para que dejase salir de la cárcel a su hijo. Esta grabación sería la justificación para retirarle su inmunidad. Señala la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, que, sin embargo, este no es un caso aislado e insta a las autoridades a tomar las medidas necesarias para que no se haga un abuso de la ley penal con el objetivo de impedir el desempeño de la actividad judicial.
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Frustrada la primera declaración de una víctima de la tortura franquista.
Julio Pacheco, víctima de las torturas del régimen en 1975 iba a ser la primera persona en ser escuchada por la justicia española por haber sido damnificada por un crimen de lesa humanidad. Entre los acusados se encuentra el comisario Villarejo por haber sido autor de las torturas practicadas a la víctima durante los siete días que este estuvo detenido en la Dirección General de Seguridad de la Puerta de Sol por haber pertenecido a la FRAP.
A pesar de que la querella de Pacheco fue admitida, debido a la carga de trabajo de los tribunales, el caso ha sido reasignado a otro juez que deberá decidir si se sigue adelante con el proceso o se archiva la querella.
Esto ha causado gran inquietud entre el querellado, represaliados y activistas que han seguido la causa, pues debido a las políticas de impunidad con las que históricamente se han examinado estos casos, no es descartable que de nuevo la investigación y la apertura de un proceso judicial de delitos cometidos durante el franquismo sea de nuevo rechazada.
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