¿Sabes qué pasó? Boletín Semanal del 6 al 10 de marzo
Hasta 105 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas han respaldado la propuesta de resolución de Vanuatu para solicitar a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva acerca de las obligaciones estatales en materia de lucha contra el cambio climático.
Si dicha resolución sale adelante, una opinión consultiva, aunque no tenga el carácter vinculante de una sentencia, permitiría conocer las responsabilidades que tienen los Estados a la luz de la interpretación del derecho internacional por parte de la Corte. Especialmente relevante sería ver como la Corte conecta las políticas estatales contra el cambio climático con las vulneraciones de derechos humanos.
Por añadido, esta opinión tendría un importante valor simbólico y podría tener una gran influencia al usarse como criterio rector de futuras decisiones de tribunales nacionales.
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Acuerdo para un “Tratado de Alta Mar”
Los delegados de la Conferencia Intergubernamental sobre Biodiversidad Marina de Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional han aprobado el borrador del tratado internacional que protegerá la biodiversidad marina en aguas internacionales.
Entre sus aspectos destacados se encuentran: la consideración del 30% de los océanos del mundo en áreas protegidas, el uso de fondos para la conservación marina y la regulación del acceso y el uso de los recursos genéticos marinos. Su contenido se alinea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal.
Este tratado sería un auténtico hito, ya que, pese a que frecuentemente la lucha contra el cambio climático centra la mayoría de las portadas, esta es tan sólo una de las múltiples dimensiones interconectadas de protección del medioambiente, tal y como muestra el enfoque de las fronteras planetarias que define a partir de nueve parámetros – entre los que aparece el cambio climático, pero también la integridad de la biosfera o la acidificación de los océanos – un espacio de seguridad para la humanidad.
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Expertos de la ONU piden cese de la violencia en Perú
El informe denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad sobre los manifestantes – quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta – , así como la incapacidad del gobierno para encauzar el conflicto político mediante el diálogo.
El 7 de diciembre de 2022 el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo ante su intento de disolver inconstitucionalmente la cámara. El encarcelamiento de Castillo y su sustitución por Dina Boluarte – hasta entonces vicepresidenta – desencadenó una ola de protestas que han sido fuertemente reprimidas, habiéndose registrado 48 manifestantes fallecidos y 1.301 heridos.
En este contexto, siete relatores especiales y dos grupos de trabajo de la ONU informan de que han recibido reportes de asesinatos, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas. También han resaltado la persecución y estigmatización que han recibido especialmente los defensores de derechos humanos y de comunidades campesinas e indígenas, en los que se han centrado las acusaciones de terrorismo.
En definitiva, los expertos instan al Estado peruano a cumplir sus obligaciones en el esclarecimiento de presuntas violaciones de derechos humanos y hacen un llamamiento a que el gobierno escuche las demandas de los manifestantes.
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Primeros cargos por reclutamiento de niños soldado contra ex guerrilleros de las FARC.
El tribunal de las Jurisdicción Especial para la Paz imputó a diez ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta 14 crímenes de guerra y de lesa humanidad, por hechos entre los que se encuentran traslados forzosos, ejecuciones o usos de minas antipersona. Por añadido, destaca que, por primera vez, se incluyan cargos por reclutamiento forzoso de niños y niñas para integrarse como soldados en su estructura (desde agosto de 2021, el tribunal ha investigado más de 16.800 casos de niños soldado).
La imputación se da en el seno del Caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, en el que se muestra como dos columnas guerrilleras afectaron sistemáticamente al derecho a la identidad cultural de pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos y su modo de vida.
El tribunal de la Jurisdicción Especial para la paz constituye el órgano de justicia fruto del Acuerdo de Paz que tiene como cometido la contribución a la justicia y reparación mediante la investigación de delitos cometidos en el marco del conflicto antes del 1 de diciembre de 2016. Actualmente, ha instruido 10 casos y se espera que antes de que finalice este año emitirá su primera sentencia.
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Madrid, 13 de marzo de 2023.
