¿Sabes qué pasó? Boletín del 23 al 29 de enero
La UE impone nuevas sanciones a Irán por la represión a los manifestantes y sus violaciones de derechos humanos
Los ministros de Exteriores de la UE acordaron este pasado lunes la imposición de nuevas sanciones a Irán por la persistente represión y uso generalizado y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes no violentos tras el asesinato de Mahsa Amini.
Estas sanciones han ido dirigidas hacia 18 personas y 19 entidades, algunas de ellas representantes del Gobierno y de la Asamblea Consultiva Islámica e importantes personalidades políticas y de los medios de comunicación, y miembros de alto rango del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Este nuevo paquete de sanciones asciende a 164 personas y 31 entidades las que han sido sancionadas por el uso brutal y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos.
Estas medidas restrictivas suponen la inmovilización de sus bienes, la prohibición de viajar a la Unión Europea, y la prohibición de destinar fondos económicos a las personas o entidades que están en la lista de sancionados.
En definitiva, desde la UE se sigue reclamando a Irán el cese inmediato de la imposición de penas de muerte a los manifestantes, la eliminación de las condenas de muerte ya dictadas y el cumplimiento de las garantías procesales de los detenidos.
La ONU hace un llamamiento a México para la efectiva implementación de la Ley sobre Desaparición de Personas
Tras cinco años de su entrada en vigor, la Ley General sobre Desaparición de Personas en México aún no ha sido plenamente implementada para combatir este crimen que afecta a cientos de miles de personas del país.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Turk insta al estado de México a la ejecución efectiva y sin más dilación de lo recogido en esta ley. Si se llevara a cabo una plena implementación de su contenido supondría un gran logro para el país, ya que aporta importantes avances como la creación de instituciones dedicadas a la investigación y búsqueda especializadas en personas desaparecidas.
Esta ley fue fruto del esfuerzo e iniciativa del movimiento liderado por las “familias, desde las familias y para las familias” de las personas desaparecidas, dando como resultado un documento de gran valor que ha servido de inspiración a otros países para revisar sus propios marcos jurídicos al respecto.
Sin embargo, la puesta en funcionamiento de la ley sigue siendo insuficiente. Según datos aportados por la ONU, ya son más de 92.000 casos de desapariciones hasta la fecha, pero solo son procesados entre el 2 y 6% de los casos de personas desaparecidas, y hasta el momento se han conseguido menos de 40 condenas al respecto.
Las Naciones Unidas llaman al país mexicano al cumplimiento efectivo de los derechos a la justicia, a la verdad, a la búsqueda, a la reparación, a la memoria y a la seguridad de aquellos que buscan a sus seres queridos desaparecidos.
La Corte IDH sanciona a Bolivia por la ausencia de investigación y condena de una violación a una niña
Brisa de Angulo Losada denunció en 2002 que había sido violada por su primo cuando tenía tan solo 16 años. Actualmente, en 2023, La Corte Interamericana de derechos Humanos (Corte IDH)ha sancionado a Bolivia por la inadecuada investigación y condena del acusado de este caso.
Los movimientos y asociaciones feministas del país tildan todos estos años de “fallo histórico”, y en la resolución de la Corte IDH al respecto señala que Bolivia incumplió su obligación de “garantizar, sin discriminación por motivos de género, así como por la condición de niña de la víctima, el derecho de acceso de esta a la justicia” y fue responsable de la violación de derechos humanos de la víctima. Esta sentencia también subraya la revictimización que sufrió Brisa durante toda la investigación y proceso penal.
Por todo ello, la Corte IDH obliga al Estado boliviano a hacer pública la sentencia en diferentes medios de comunicación con el objetivo de reconocer en acto público su responsabilidad internacional con respecto a este caso. De igual forma, se exige al país que adapte su normativa nacional al consenso internacional acerca del incesto, de forma que deje de considerarse como un agravante y se convierta en delito en sí mismo.
Madrid, 30 de enero de 2023.
