¿Sabes qué pasó? Boletín Semanal del 27 marzo al 02 de abril
Asociación lleva al Gobierno suizo ante el Tribunal de Estrasburgo por el impacto del cambio climático.
La asociación de activistas climáticas KlimaSeniorinnen (Mujeres Mayores por la Protección del Clima) alegan que las políticas del gobierno suizo en materia de cambio climático ponen en riesgo sus condiciones de vida y su salud.
En noviembre de 2016 comenzaron por la vía administrativa a exigir medidas al Consejo Federal, tras lo cual, ante la negativa recibida, acudieron ala vía contenciosa hasta agotar los recursos judiciales nacionales en 2020, cuando el Tribunal Federal desestimó su demanda.
Lejos de rendirse, la asociación elevó su demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sustentando su causa en que el Estado suizo había incumplido el deber de proteger adecuadamente el derecho a la vida (artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) y el respeto a la vida privada y familiar (artículo 8 del CEDH). Por añadido, sostienen que las políticas climáticas son altamente insuficientes de cara a cumplir los objetivos del Acuerdo de París y aportan pruebas de como el cambio climático afecta a la salud, siendo las personas mayores y las mujeres son grupos especialmente vulnerables.
La relevancia de este caso está fuera de toda duda. Se trata de la primera vez que el TEDH celebrará una audiencia pública para enjuiciar las obligaciones de un Estado en la lucha contra el cambio climático como consecuencia de sus compromisos en materia de derechos humanos. Por añadido, la cuestión se ha remitido en virtud del artículo 30 del CEDH a la Gran Sala, cuya competencia se reserva a los asuntos más importantes.
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La tipificación del delito de ecocidio continúa recabando apoyos.
Desde FIBGAR venimos informando en nuestros boletines acerca de los sucesivos apoyos que ha ido recibiendo en distintas comisiones del Parlamento Europeo la inclusión a nivel europeo del tipo penal de ecocidio – siendo el último de ellos el prestado por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Unión Europea. Pues bien, finalmente el pleno del Parlamento Europeo ha votado favorablemente su apoyo a incorporar los delitos ambientales del nivel de ecocidio en Directiva de la Unión Europea sobre la protección del medio ambiente a través del Derecho penal.
La propuesta asume los elementos esenciales de la definición de ecocidio Panel de Expertos Independientes que fue convocado por la Fundación Stop Ecocidio.
Tras este paso, tan sólo resta para que el ecocidio se incorpore en la legislación europea, mediante la adopción de la directiva, que culmine en un acuerdo el diálogo tripartito entre el Parlamento Europeo, la Comisión y los 27 Estados miembro de la UE en el Consejo de la UE. Una vez se apruebe la directiva, su contenido tendrá que ser trasladado por todos los Estados Miembros a sus ordenamientos jurídicos nacionales, lo que supondría un avance sin precedentes en la persecución de los daños al medio ambiente. El impacto no se limitaría al propio territorio europeo, puesto que, teniendo en cuenta que los Estados miembro de la UE representan el 40% de los Estados parte del la Corte Penal Internacional, esto podría suponer un impulso decisivo en la incorporación del crimen de ecocidio al Estatuto de Roma.
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Honduras: necesidad de acabar con la casi total impunidad de las desapariciones forzadas
El pasado jueves 30 de marzo, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias instó al estado de Honduras que redoblase esfuerzos para garantizar los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas.
Durante las décadas de 1980 y 1990 estas desapariciones aumentaron a un ritmo alarmante y, a día de hoy, siguen gozando de una impunidad casi total. Igualmente, las desapariciones forzadas que suceden en la actualidad siguen perpetrándose en un contexto de sistémica y prolongada impunidad, mientras que las víctimas comparten sus sentimientos de desconfianza, desesperanza y miedo.
Por ello, los expertos han compartido una especial preocupación al respecto, ya que el país hondureño ha demostrado una carencia en sus herramientas legislativas para investigar estos crímenes, sus instituciones se muestran débiles y poseen una falta de coordinación y recursos que se ve agravada por la inseguridad y la corrupción del país.
Con miras a paliar estas carencias, el Grupo de Trabajo instó al estado de Honduras que reconociese el delito de desaparición forzada como independiente del contexto de los crímenes lesa humanidad, y subrayó la necesidad de la creación de unas unidades especializadas para la búsqueda de las personas afectadas y el enjuiciamiento de los actores. Igualmente, insistieron en el establecimiento de un registro y una base de datos de todas las víctimas de desaparición forzada.
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Madrid, 03 de abril de 2023.
