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El Comité de Derechos Humanos insta a España a avanzar en memoria, verdad y reparación

En julio, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó el séptimo informe periódico sobre España, en el que se analiza en profundidad el cumplimiento del país con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Entre las recomendaciones emitidas, destaca un llamado firme a intensificar la lucha contra la impunidad y a garantizar la verdad y reparación sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El Comité reconoce avances recientes, como la aprobación en 2022 de la Ley de Memoria Democrática y la creación de figuras institucionales relevantes —como la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y el Consejo de la Memoria Democrática— que constituyen pasos importantes para reconocer y reparar a las víctimas.

Sin embargo, expresa preocupación por la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, que impide la persecución efectiva de crímenes graves del pasado. Desde 2010, los procesos penales abiertos no han producido actuaciones efectivas contra presuntos responsables. Además, señalan que permanecen en vigor leyes heredadas de la dictadura, como la Ley 5/1964 sobre condecoraciones policiales y la Ley 9/1968 sobre secretos oficiales, que dificultan el acceso a la verdad y la justicia.

El Comité lamenta también la aprobación de las llamadas “leyes de concordia” en algunas comunidades autónomas, que al omitir las violaciones sufridas durante la dictadura, obstaculizan el derecho a la verdad y la reparación.

Se valora el esfuerzo por reconocer a las víctimas de niñas y niños sustraídos durante esa época, incluido el establecimiento de un banco estatal de ADN, pero se denuncia la lentitud en la aprobación de la ley sobre “bebés robados” y la desaparición forzada de menores.

En este contexto, el Comité recomienda al Estado español:

  • Eliminar la aplicación de la amnistía y la prescripción para crímenes graves del franquismo, garantizando su cumplimiento efectivo.
  • Considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 y de las leyes franquistas vigentes que dificultan la investigación y sanción de violaciones de derechos humanos.
  • Garantizar la independencia e imparcialidad de las instituciones encargadas de la memoria democrática para asegurar que contribuyan a esclarecer la verdad y promover la reparación.
  • Acelerar la aprobación del proyecto de ley sobre “bebés robados” y adoptar medidas para que el banco estatal de ADN funcione eficazmente, facilitando la identificación y reparación de las víctimas.

Estas recomendaciones reflejan la preocupación internacional por la persistente impunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos en España. El Comité reafirma que memoria, verdad y justicia son fundamentales para consolidar un Estado democrático y el respeto a los derechos humanos.

España enfrenta el desafío de continuar avanzando en el reconocimiento y reparación de las víctimas, superando las barreras legales y políticas que hasta ahora han impedido una justicia plena.

Desde FIBGAR, consideramos que las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos constituyen un llamado urgente y necesario para que España dé pasos firmes. Aunque se reconocen avances legislativos importantes, persisten barreras legales y estructurales que obstaculizan el acceso pleno a la verdad, la justicia y la reparación.

Para FIBGAR, la superación de estas barreras es clave no solo para honrar a las víctimas del franquismo, sino para fortalecer el Estado de derecho y la democracia en España. La memoria democrática debe ser un instrumento vivo que promueva la protección efectiva de los derechos humanos y prevenga la repetición de violaciones.

Desde nuestra fundación, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a las víctimas, apoyando iniciativas que contribuyan a desmontar la impunidad y fomentar una cultura de respeto y verdad. Invitamos a todas las instituciones y actores sociales a sumarse a este esfuerzo colectivo, que es fundamental para construir un futuro más justo e igualitario.