El informe, elaborado en el marco del proyecto VoiceGuard, analiza buenas prácticas para fortalecer la protección real de las personas inforamntes en seis países de la UE, partiendo de una paradoja central: la transposición formal de la Directiva (UE) 2019/1937 no garantiza automáticamente una protección efectiva en la práctica.
A partir de entrevistas en profundidad con informantes y expertos/as, el informe identifica cinco pilares interdependientes para que los sistemas funcionen: fundamentos normativos claros y amplios, canales de alerta accesibles y técnicamente seguros, independencia institucional real, medidas de protección preventivas (no solo reactivas) y una cultura organizativa que desestigmatice la alerta.
La conclusión principal es que los marcos jurídicos existentes son condición necesaria pero no suficiente: sin independencia institucional, confianza en los canales y un cambio cultural sostenido, las represalias continúan en formas más sutiles, los procedimientos judiciales llegan demasiado tarde y las personas informantes siguen expuestas a daños irreversibles antes de obtener cualquier reparación.