¿Sabes qué pasó? Boletín Mensual de Derechos Humanos – Agosto 2025
Israel bombardea lugares clave en Siria pese a la oposición de Estados Unidos y deja al menos 3 muertos
Israel ha vuelto a aumentar la amenaza de una escalada regional en Oriente Próximo con un nuevo bombardeo sobre Damasco. Este miércoles, su ejército amplió los ataques a la capital siria, un día después de haber golpeado la provincia de Sueida, con el objetivo de desalojar a las fuerzas locales y proteger a la comunidad drusa asentada en el sur del país, opuesta al Gobierno de Bashar al Asad.
El ataque tuvo como objetivo las instalaciones del Ministerio de Defensa y las inmediaciones del palacio presidencial en Damasco. Pese a las advertencias de Estados Unidos, su principal aliado, Israel llevó a cabo la ofensiva, que según fuentes oficiales sirias dejó al menos tres muertos y 34 heridos.
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La CPI avanza en el caso libio con la detención de un exoficial acusado de crímenes de lesa humanidad
La Corte Penal Internacional (CPI) ha dado un paso decisivo en su investigación sobre los crímenes cometidos en Libia con la detención en Alemania de Khaled Mohamed Ali El Hishri, acusado de graves violaciones a los derechos humanos. El Hishri, ex alto responsable de la prisión de Mitiga, en las afueras de Trípoli, está señalado por su presunta participación directa o por la organización de crímenes de lesa humanidad —entre ellos asesinatos, torturas, violaciones y violencia sexual— perpetrados entre febrero de 2015 y principios de 2020.
Su arresto constituye el primer avance tangible hacia un juicio contra un ciudadano libio por estos hechos ante la CPI. Las autoridades alemanas confirmaron que permanecerá bajo custodia en su territorio hasta que sea trasladado a La Haya.
La operación coincide con la decisión de Libia de reconocer formalmente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional desde 2011 hasta finales de 2027, un marco legal que podría allanar el camino para nuevas acciones judiciales destinadas a garantizar justicia en el país norteafricano.
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La Fundación Humanitaria de Gaza en el centro de una crisis humanitaria
El Washington Post ha revelado que la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), creada en 2025 con el respaldo de Estados Unidos e Israel como alternativa al sistema de distribución de la ONU, se ha convertido en el principal canal de reparto de alimentos en la Franja, aunque también en un epicentro de polémica.
Pese a ser presentada como una organización sin ánimo de lucro, detrás de la GHF figuran empresas privadas estadounidenses e israelíes con intereses económicos, entre ellas McNally Capital y Safe Reach Solutions. Esta vinculación ha desatado críticas por lo que muchos califican de “privatización” y politización de la ayuda.
La fundación asegura haber entregado más de 80 millones de comidas, pero sus operaciones se han visto empañadas por la falta de recursos, escenas de caos en los repartos y la muerte de cientos de civiles en tiroteos y estampidas cerca de los almacenes. Mientras Israel defiende el modelo y responsabiliza a Hamás de manipular la asistencia canalizada por la ONU, varios organismos internacionales alertan de que esta estrategia convierte la ayuda en un instrumento de guerra y expone a la población hambrienta a un riesgo mortal en pleno proceso de negociaciones para un alto el fuego.
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Brasil entra formalmente al caso por genocidio en la CIJ contra Israel”
Brasil anunció el 23 de julio de 2025 que se encuentra en la “fase final” de preparar su intervención formal ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el proceso iniciado por Sudáfrica en 2023, que acusa a Israel de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio por las operaciones en Gaza.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño condenó la “violencia indiscriminada” contra la población civil y denunció el “uso flagrante del hambre como arma de guerra”. El Gobierno recalcó además que “la comunidad internacional no puede permanecer inerte ante atrocidades en curso”.
Brasil se suma así a una lista creciente de países que respaldan la demanda, entre ellos Colombia, Libia y México.
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La CPI señala a Hungría, pero otros Estados europeos quedan en la sombra
El 24 de julio de 2025, la Corte Penal Internacional concluyó que Hungría incumplió sus obligaciones al no detener a Benjamin Netanyahu durante su visita a Budapest y remitió el caso a la Asamblea de Estados Parte. Pero la controversia no se limita a este episodio. Tal como señala Philip Grant, de TRIAL International, tras su paso por Hungría el primer ministro israelí viajó a Estados Unidos en un avión oficial, sobrevolando los espacios aéreos de Grecia, Italia y Francia, todos ellos miembros de la CPI.
Según el Convenio de Chicago de 1944, las aeronaves estatales requieren autorización expresa para sobrevolar otro país, y concederla a un dirigente sujeto a una orden de arresto internacional puede considerarse una forma de cooperación negativa.
El caso no solo evidencia el incumplimiento de Hungría, sino que también expone un patrón más amplio de tolerancia y dobles raseros dentro de la Unión Europea respecto al acatamiento de las órdenes de arresto emitidas por la CPI.
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Víctimas cara a cara con la verdad: excomandantes de las FARC reconocen secuestros
En una audiencia pública realizada en Caicedo y Medellín, siete excomandantes regionales de las FARC comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para reconocer su responsabilidad en los secuestros perpetrados durante el conflicto armado en el noroeste de Colombia, crímenes que el tribunal ha calificado como de guerra y de lesa humanidad.
Ante víctimas y familiares, los exguerrilleros admitieron que recurrieron a estas prácticas para financiar a la organización, ejercer control territorial y presionar políticamente, reconociendo el profundo daño causado a comunidades que durante años exigieron verdad y reparación. Para muchos sobrevivientes, la audiencia representó un momento de catarsis: pudieron escuchar directamente a quienes ordenaron o ejecutaron los secuestros y ver cómo sus testimonios y sufrimientos eran validados públicamente.
Este ejercicio de justicia transicional marca un paso relevante en la reconstrucción de la memoria colectiva y en el camino hacia la reconciliación. Sin embargo, las víctimas recalcaron que aún persisten deudas en materia de garantías de no repetición y reparaciones concretas. La JEP, por su parte, subrayó la importancia de estos espacios de verdad en los territorios y advirtió que solo con la participación activa de las comunidades será posible cerrar las heridas de uno de los capítulos más dolorosos del conflicto colombiano.
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Siete años de la JEP: 251 imputados de crímenes graves y aún ninguna sentencia
A siete años de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia y cuatro desde la primera acusación formal, la justicia transicional ha imputado a 251 personas por crímenes de guerra y de lesa humanidad: un tercio exintegrantes de las FARC y dos tercios exmilitares. De ellas, el 90 % ha reconocido su responsabilidad en audiencias públicas.
Pese a los avances en investigación y reconocimiento de verdad, el sistema aún no ha sentenciado a ningún máximo responsable. Solo cinco de las 20 personas que rechazaron los cargos han sido formalmente acusadas por la fiscalía del tribunal, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), y apenas un caso —el del coronel Hernán Mejía— ha llegado a juicio. Las resoluciones respecto a los miles de implicados en esos crímenes que no figuran entre los máximos responsables progresan con extrema lentitud. Persiste, además, la incertidumbre sobre la forma en que se aplicarán las sanciones previstas en el innovador mecanismo para quienes admitan su responsabilidad.
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