¿Sabes qué pasó? Boletín Mensual de Derechos Humanos – Septiembre 2025
La Asamblea General de la ONU respalda la “Declaración de Nueva York” sobre la solución de dos Estados entre Israel y Palestina
El 12 de septiembre de 2025, la Asamblea General de la ONU aprobó la denominada “Declaración de Nueva York”, un documento que busca dar un nuevo impulso a la solución de dos Estados entre Israel y Palestina. La resolución fue adoptada con 142 votos a favor, 10 en contra (entre ellos, Estados Unidos e Israel), y 12 abstenciones.
La Declaración es el resultado de una conferencia internacional organizada por Francia y Arabia Saudita en julio de 2025. El embajador francés Jérôme Bonnafont reiteró que la Declaración establece una “hoja de ruta” para alcanzar medidas concretas: un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación de todos los rehenes, la creación de un Estado palestino viable y soberano, el desarme de Hamás, la normalización de relaciones entre Israel y los países árabes, así como garantías colectivas de seguridad.
Durante el debate, el embajador israelí Danny Danon criticó la declaración como “unilateral” y advirtió que “no conducirá a la paz” porque, según él, beneficiaría a Hamás. Por otro lado, el embajador palestino Riyad Mansour celebró el documento como un plan concreto para la paz, y acusó a quienes siguen “impulsando la guerra y la destrucción, intentando eliminar al pueblo palestino y privarle de su tierra”.
El Secretario General António Guterres recordó que la solución de dos Estados sigue siendo la base para la paz en Oriente Medio, basada en la soberanía e independencia tanto de Israel como de Palestina. En un momento marcado por la guerra y violencia en Gaza y Cisjordania, la votación tiene un fuerte valor simbólico y un mensaje claro de la comunidad internacional en favor de la paz y del derecho de ambos pueblos a un futuro seguro.
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Violencia política y terrorismo amenazan la democracia en Colombia
El Parlamento Europeo adoptó el 12 de septiembre una resolución que denuncia el grave deterioro de la seguridad en Colombia y condena el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Para los eurodiputados, este crimen refleja un patrón más amplio de violencia e intimidación que pone en riesgo el ejercicio de los derechos políticos y la estabilidad democrática.
La resolución también denuncia la expansión del crimen organizado y de grupos armados en la frontera con Venezuela, que funcionan como rutas clave para el narcotráfico y el contrabando de armas. Ante esta situación, el Parlamento propone actualizar la lista europea de organizaciones terroristas para incluir al Clan del Golfo, grupos disidentes de las FARC y el Cartel de los Soles, acusado de respaldar a grupos armados colombianos.
En vista de las elecciones de 2026, el Parlamento pide al Estado colombiano asegurar la protección de actores políticos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como garantizar condiciones de seguridad y combatir la impunidad. Además, incita a la Unión Europea a incrementar su apoyo político, financiero y técnico al proceso de paz, necesarios para consolidar una democracia basada en los derechos y la participación ciudadana.
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RDC: La labor de derechos humanos en riesgo en medio del conflicto
El 2025 ha traído una nueva escalada del conflicto en la República Democrática del Congo (RDC), marcada por la ofensiva del grupo armado M23 y la toma de Goma, que dejó miles de muertos y desplazó a comunidades enteras. La RDC sigue enfrentando una de las crisis humanitarias y de derechos humanos más graves del mundo.
En este contexto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que su trabajo en el país corre serio peligro debido a la falta de recursos. Durante más de 20 años, la oficina ha contribuido a abrir el espacio cívico, impulsar legislación relativa a los derechos humanos, luchar contra la impunidad y apoyar mecanismos contra la violencia sexual. Sin embargo, los recortes obligan al cierre de oficinas en zonas críticas y limitan la capacidad de documentar y denunciar abusos.
El impacto va más allá del país: sin capacidad de monitoreo y protección en la RDC, se corre el riesgo de un retroceso de décadas en la lucha contra el reclutamiento infantil, la violencia sexual y la impunidad, con consecuencias que podrían extenderse a toda la región de los Grandes Lagos. Reforzar el apoyo financiero y político al ACNUDH es, por tanto, indispensable para evitar un colapso de los derechos humanos en el país y en la región.
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La ONU pide una investigación transparente sobre la represión de protestas en medio de la crisis política en Nepal
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la muerte y las heridas sufridas por manifestantes en Nepal, e insta a una investigación pronta y transparente ante las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. La ONU recordó que las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y que las fuerzas de seguridad deben respetar los principios internacionales sobre el uso de la fuerza.
Lo que comenzó como un movimiento juvenil contra la corrupción y la prohibición de plataformas de redes sociales, derivó rápidamente en una de las crisis más graves de los últimos años en el país. A mediados de semana, el número de muertos ya había ascendido a 30 y el Primer Ministro, KP Sharma Oli, se vio obligado a dimitir. Manifestantes incendiaron el Parlamento, la Corte Suprema y varios edificios gubernamentales, y atacaron varias residencias de líderes políticos, estaciones de policía y el aeropuerto internacional de Katmandú. También fueron destruidos medios de comunicación, escuelas y el Ministerio de Salud, incluido su centro de emergencias.
Ante la escalada, el ejército asumió el control de la seguridad nacional, imponiendo restricciones de movimiento y desplegando tropas en el valle de Katmandú. Aunque algunas operaciones básicas se han restablecido, la situación sigue siendo volátil. El Secretario General de la ONU, António Guterres, pidió diálogo y rendición de cuentas, subrayando la necesidad de que las autoridades cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos.
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