No dejemos morir el derecho internacional
En estos días que nos preocupan a todos y todas, desde FIBGAR queremos manifestar nuestra firme condena a los eventos recientes que representan un desafío deliberado al orden jurídico internacional.
También queremos tomarnos un momento para hacer un llamado a la reflexión y a la acción colectiva.
La acción militar a gran escala llevada a cabo por Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela —incluyendo el bombardeo de Caracas y otras ciudades, así como el secuestro forzoso de su presidente— constituye una flagrante violación del derecho internacional y del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe de manera inequívoca la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Además, podría constituir el crimen internacional de agresión, según el Artículo 8bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Estas acciones han sido acompañadas por una serie de medidas coercitivas unilaterales, incluyendo un bloqueo naval y la incautación armada de petroleros, así como la muerte de civiles, que representan una violación grave, manifiesta y deliberada de los principios fundamentales del derecho internacional, sientan un precedente peligroso y ponen en riesgo la estabilidad de toda la región y del mundo.
Desafortunadamente, estas acciones forman parte de un patrón más amplio de desprecio sistemático por la paz, el derecho internacional y las instituciones multilaterales. Esto incluye la devastación humanitaria y genocida en Gaza, el bloqueo a agencias de ayuda en Israel, la prolongación del conflicto armado en Ucrania, los ataques dirigidos contra la Corte Penal Internacional y sus jueces y fiscales, así como contra una relatora de Naciones Unidas.Re
Todo esto nos recuerda que el derecho internacional no es un marco abstracto ni eterno.
Es un sistema cuidadosamente construido tras la Segunda Guerra Mundial para proteger la paz, la justicia y los derechos humanos, y para evitar que la arbitrariedad y la fuerza sustituyan la ley. Este sistema requiere cuidado, vigilancia y compromiso constante. Su solidez depende no solo de los Estados, sino también de la sociedad civil y de cada ciudadano y ciudadana que comprende que la justicia global y la protección de las personas más vulnerables no son un lujo, sino una responsabilidad compartida.
El derecho internacional bajo asedio
El ataque al derecho internacional no ocurre de manera aislada ni circunstancial, sino que se manifiesta a través de patrones político-jurídicos claros y sostenidos, diseñados para debilitar la rendición de cuentas y consolidar la impunidad.
En los últimos meses se ha evidenciado cómo el discurso de la soberanía estatal opera como escudo de impunidad, utilizado selectivamente por líderes políticos para bloquear investigaciones, eludir responsabilidades y deslegitimar mecanismos internacionales de justicia. Esta instrumentalización de la soberanía —concebida originalmente como garantía de autodeterminación y no como habilitación para cometer crímenes internacionales— ha erosionado normas jurídicas ampliamente aceptadas y debilitado el consenso construido tras la Segunda Guerra Mundial sobre la prohibición de violaciones graves a los derechos humanos.
De manera paralela, el cuestionamiento sistemático a la imparcialidad, competencia y eficacia de la Corte Penal Internacional se ha consolidado como estrategia para su deslegitimación política e institucional. Actores clave del ecosistema de rendición de cuentas —profesionales de la justicia, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas— enfrentan hostigamiento, amenazas, sanciones y procesos de criminalización con el objetivo de inhibir la justicia internacional independiente.
En conjunto, estas iniciativas buscan redefinir el derecho internacional y disputar su sentido institucional desde estrategias nacionalistas y regresivas, orientadas a socavar los entes, instrumentos y acuerdos internacionales construidos desde la segunda mitad del siglo XX.
Cuando la seguridad se impone sobre la ley
En nombre de la “seguridad nacional”, la “seguridad regional” o incluso la “seguridad global”, los Estados más poderosos han normalizado acciones unilaterales —incluidas intervenciones militares— sin mandato de las Naciones Unidas, relegando el derecho internacional a un plano secundario.
Esta lógica recuerda la doctrina de seguridad nacional aplicada en América Latina durante los años de dictaduras militares, cuando se justificaron graves violaciones de derechos humanos bajo la excusa de proteger el orden interno o los intereses estratégicos. La experiencia histórica demuestra que colocar los intereses estratégicos y de seguridad de unos pocos por encima de la legalidad internacional genera impunidad, violencia y erosiona el sistema internacional.
Aún más, afirmar que estas acciones se realizan en nombre de la democracia viola normas internacionales y socava los principios fundamentales de justicia y derechos humanos. La transición democrática de un país debe llevarse a cabo siguiendo estándares de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, construidos a partir de las trágicas experiencias históricas, especialmente en América Latina, bajo el lema “Nunca más”.
Cuando la “seguridad” se define unilateralmente y sin control institucional, deja de ser un bien colectivo y se transforma en una coartada para el uso arbitrario de la fuerza. Cada violación del derecho internacional se convierte en precedente, y cada precedente en licencia para la siguiente transgresión.
El derecho internacional se creó para limitar la lógica del más fuerte y garantizar que los Estados respeten la ley. Su erosión pone en riesgo no solo la seguridad internacional, sino también la estabilidad global.
La impunidad no es una anomalía: es transversal
Hoy, la impunidad no distingue entre sistemas políticos. Opera tanto en regímenes autoritarios como en democracias consolidadas, aunque adopte diferentes formas. Se ha vuelto un fenómeno estructural y transversal.
Existe un doble rasero en la aplicación de los estándares jurídicos: mientras algunos líderes son sancionados, otros evaden la justicia gracias a su poder político, económico o mediático. Esta desigualdad socava la legitimidad de tribunales y organismos internacionales y amenaza el principio de igualdad ante la ley.
Cuando intervenciones sin mandato, jurisdicciones selectivas o inacciones frente a crímenes internacionales se toleran, la excepción se transforma en regla, debilitando la función preventiva del derecho internacional.
Una invitación a la reflexión y al compromiso ciudadano
Frente a estos desafíos, es natural sentirse abrumados. Pero la esperanza no debe perderse.
Cada persona tiene un papel que desempeñar, y cada contribución, por pequeña que parezca, ayuda a sostener un sistema que protege vidas y derechos.
Actuar implica: manifestar nuestro disenso, exigir rendición de cuentas y pedir acciones concretas desde las instituciones que nos representan.
La desconfianza hacia el derecho internacional es comprensible, pero no puede conducir a la inacción. Revertir su erosión antes de que sea irreversible es una prioridad impostergable.
El derecho internacional, construido tras la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo nuestra herramienta más sólida para proteger a las personas, limitar el abuso de poder y garantizar la justicia. Su existencia y eficacia dependen de nuestra vigilancia y compromiso diario.
