La lucha contra las SLAPPs en el centro del debate europeo
«Las demandas SLAPP son una amenaza para el Estado de Derecho y socavan gravemente los derechos fundamentales de expresión, información y asociación. Son una forma de acoso legal y un abuso del sistema judicial que utilizan cada vez más personas y organizaciones poderosas para evitar el escrutinio público», declaró el eurodiputado Tiemo Wölken tras la votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) del informe sobre Demandas estratégicas contra la participación pública (2022/0117(COD)).
Wölken también añadió que «el objetivo de las SLAPPs no es ganar el caso, sino intimidar y disuadir a muchos periodistas y activistas, lo que da lugar a la autocensura. Nuestros tribunales no deben ser vistos como un patio de recreo para individuos poderosos, empresas y políticos y no se debe abusar de ellos para obtener beneficios personales.»
El 27 de junio de 2023, la Comisión de Asuntos Jurídicos adoptó su posición sobre la propuesta de Directiva con 15 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, respaldando el texto adoptado por la Comisión Europea en abril de 2022 y destinado a abordar el creciente problema de las demandas estratégicas dirigidas contra periodistas, activistas y otros vigilantes públicos en toda Europa.
Para aumentar el nivel de protección, en su posición los eurodiputados decidieron ampliar la definición de casos transfronterizos, para incluir los casos en los que el tema es relevante para más de un país y es accesible electrónicamente. También instan a los países de la UE a aplicar las recomendaciones de la Comisión a los casos nacionales, especialmente en lo que se refiere a la asistencia jurídica a las personas afectadas, y a proporcionar a las víctimas de SLAPP apoyo jurídico, financiero y psicológico. Asimismo, piden que se recopilen datos, en particular sobre las decisiones judiciales, así como ya propuesta en la Recomendación adoptada por la Comisión europea en abril de 2022, junto a la propuesta de directiva.
A mediados de julio, el Parlamento se reunirá en sesión plenaria y aprobará la que constituirá su posición final de cara a las negociaciones con los Estados miembros con respecto a la propuesta de Directiva.
Por su parte, hace algunas semanas el Consejo de la Unión Europea adoptó una posición común demasiado restrictiva para tener un impacto significativo. En particular, los cambios afectaron a las disposiciones sobre los procedimientos de despido, las protecciones clave relacionadas con los casos transfronterizos, las posibles garantías por costes y daños, y las sanciones.
Además, cabe mencionar que la semana pasada el Comité de Expertos en Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (MSI-SLP), subordinado al Comité Directivo de Medios de Comunicación y Sociedad de la Información (CDMSI) del Consejo de Europa, publicó el borrador de la Recomendación, que proporcionará orientaciones no vinculantes a los Estados miembros y otras partes interesadas clave sobre medidas para prevenir y contrarrestar demandas, procedimientos y otras acciones legales interpuestas en relación con la participación y la expresión públicas sobre asuntos de interés público que tengan como principal objetivo impedir, restringir o penalizar el ejercicio de los derechos asociados a la participación pública.
