¿Sabes qué pasó? Boletín Mensual de Derechos Humanos – Febrero 2026
Informe destaca la importancia de integrar los derechos humanos en la implementación del desarrollo sostenible
Cerrar la persistente brecha entre los derechos humanos y la implementación del desarrollo sostenible es considerado un aspecto clave para avanzar de manera coherente y efectiva.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe que analiza cómo los enfoques que integran los derechos humanos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pueden contribuir a acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al tiempo que refuerzan la protección de los derechos fundamentales.
El documento identifica buenas prácticas, desafíos y lecciones aprendidas en las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible a nivel global. Asimismo, pone énfasis en enfoques escalables y recomendaciones prácticas orientadas a promover simultáneamente los derechos humanos y el desarrollo sostenible para todas las personas de aquí a 2030 y en los años posteriores.
Según el informe, cuando los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible se fundamentan en el derecho internacional de los derechos humanos, es posible fortalecer la reducción de la discriminación y las desigualdades, combatir la pobreza, mejorar la salud, la educación y la protección social, proteger el medio ambiente, potenciar las contribuciones positivas del sector empresarial y reforzar la rendición de cuentas de los gobiernos y otros actores involucrados.
El informe A/HRC/61/13 será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 11 de marzo de 2026, durante su 61º período de sesiones. El documento se encuentra disponible para su consulta pública.
La ONU pide revertir el nuevo código penal en Afganistán y alerta sobre la situación de las mujeres
El Naciones Unidas instó a las autoridades de facto en Afganistán a revocar el nuevo código penal promulgado el mes pasado, al considerar que legaliza la violencia contra las mujeres y vulnera las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Desde Ginebra, durante la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió la derogación del decreto y la adecuación del marco legal a los estándares internacionales. El funcionario también reiteró la necesidad de encontrar mecanismos que presionen para revertir la exclusión de mujeres y niñas, garantizar su acceso a la educación, la salud y el empleo, y permitir su participación plena en la vida pública.
Las declaraciones constituyen una de las primeras reacciones de alto nivel dentro del sistema de la ONU tras la aprobación del nuevo código penal, en un contexto marcado por restricciones impuestas desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021. Durante la sesión, también intervino el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, quien presentó un informe sobre el deterioro de las condiciones de vida de las mujeres, incluyendo dificultades de acceso al sistema de salud. Türk respaldó además la iniciativa de codificar el “apartheid de género” como crimen contra la humanidad en el marco de la futura Convención Internacional para la Prevención y Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad, actualmente en negociación, y destacó la importancia de la rendición de cuentas, tras las órdenes de arresto emitidas en julio de 2025 por el Tribunal Penal Internacional contra líderes talibanes.
El Alto Comisionado también pidió a la comunidad internacional que revierta los recortes en cooperación que afectan a millones de personas en situación de pobreza extrema. Citó advertencias del Programa Mundial de Alimentos sobre la falta de financiación para atender a niños con desnutrición aguda y alertó sobre las restricciones impuestas al personal femenino de la ONU, la presión sobre los medios de comunicación y el retorno forzado de refugiados desde países vecinos. Finalmente, solicitó una moratoria total sobre las ejecuciones, el fin de las detenciones arbitrarias y garantías de debido proceso, al tiempo que llamó a priorizar el diálogo político para evitar una mayor escalada de violencia en la región.
ONU Derechos Humanos advierte sobre posible “limpieza étnica” en los territorios palestinos ocupados
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en el que expresa serias preocupaciones sobre la posible comisión de actos de “limpieza étnica” por parte de las autoridades israelíes en Gaza y Cisjordania. El documento, que cubre el período del 1 de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025, señala que los ataques intensificados, la destrucción metódica de barrios enteros y la restricción de la asistencia humanitaria parecen orientados a provocar un cambio demográfico permanente en los territorios ocupados. Asimismo, advierte que los traslados forzosos de población podrían apuntar a un desplazamiento duradero de palestinos. La Oficina instó a todos los Estados a cesar la venta o transferencia de armas que puedan facilitar violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
En relación con la Franja de Gaza, el informe documenta la continuación de muertes y lesiones masivas de civiles, así como la expansión de la hambruna y la destrucción de infraestructura esencial. Señala que al menos 463 palestinos, incluidos 157 niños, habrían muerto por inanición durante el período analizado, en un contexto de bloqueo a la entrada y distribución de ayuda humanitaria. El documento recuerda que el uso del hambre como método de guerra constituye un crimen de guerra y podría configurar crímenes de lesa humanidad o genocidio si se demuestra intención específica. Además, menciona conclusiones previas de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que determinó que Israel habría cometido actos constitutivos de genocidio. También recoge cifras del Ministerio de Salud de Gaza sobre víctimas desde octubre de 2023 y señala preocupaciones sobre ataques que podrían haber afectado deliberadamente a civiles.
En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, el informe describe el uso sistemático de fuerza considerada ilegal, detenciones arbitrarias, denuncias de tortura y demoliciones de viviendas palestinas. Señala un clima generalizado de impunidad y afirma que el sistema judicial israelí no habría adoptado medidas significativas para exigir responsabilidades. En noviembre de 2024, el Tribunal Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. El informe también documenta que Hamás y otros grupos armados palestinos continuaron reteniendo rehenes israelíes y extranjeros capturados el 7 de octubre de 2023, con denuncias de malos tratos. El Alto Comisionado Volker Türk subrayó que la rendición de cuentas es indispensable para alcanzar una paz justa y duradera, e instó a que la justicia para las víctimas sea la base de cualquier proceso de reconstrucción.
Misión de la ONU detecta “indicios de genocidio” en El Fasher, Sudán
La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Sudán concluyó que existen “indicios de genocidio” en la ciudad de El Fasher, en Darfur del Norte, tras documentar asesinatos por motivos étnicos, violencia sexual generalizada y desapariciones forzadas atribuidas a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). En un informe publicado recientemente, la misión señaló que los hechos ocurridos a finales de octubre de 2025, tras un asedio de aproximadamente 18 meses, incluyen al menos tres actos que podrían constituir genocidio: asesinatos de miembros de un grupo étnico protegido, causación de graves daños físicos y mentales, e imposición deliberada de condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción total o parcial. Según el presidente de la misión, Mohamed Chande Othman, la magnitud y coordinación de la operación indicarían que no se trató de actos aislados.
El informe sostiene que el prolongado asedio a El Fasher debilitó progresivamente a la población civil mediante hambre, privaciones y confinamiento, impidiendo la huida de numerosos residentes cuando se produjo el asalto. La misión afirma que la intención genocida sería “la única inferencia razonable” a partir del patrón sistemático de ataques contra comunidades no árabes, en particular los grupos zaghawa y fur. Testimonios recogidos describen amenazas explícitas contra estos colectivos. El conflicto en Sudán comenzó el 15 de abril de 2023, cuando estallaron enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las RSF, extendiéndose posteriormente a amplias zonas del país y afectando gravemente a la población civil.
La misión también advirtió que, pese a reiteradas alertas internacionales desde mediados de 2024 sobre el riesgo de atrocidades, no se adoptaron medidas efectivas para proteger a la población. Señaló que la selección de víctimas estuvo vinculada a la identidad étnica, el género y la afiliación política percibida, incluyendo agresiones sexuales dirigidas contra mujeres y niñas zaghawa y fur. Ante la expansión del conflicto hacia otras regiones, el organismo subrayó que el riesgo de nuevos actos genocidas sigue siendo grave y pidió que los responsables rindan cuentas. La misión fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en octubre de 2023 y presentará su informe formalmente el 26 de febrero de 2026.
