¿Sabes qué pasó? Boletín Mensual de Derechos Humanos – Marzo 2026
Caso Lumumba: avances judiciales reabren el debate sobre justicia y memoria colonial
Nuevos desarrollos en el caso del asesinato de Patrice Lumumba han reactivado el debate sobre la responsabilidad internacional en crímenes cometidos durante el proceso de descolonización.
Más de seis décadas después de su asesinato en 1961, las investigaciones impulsadas en Europa continúan avanzando, con el objetivo de esclarecer el papel de actores internacionales en la ejecución del entonces primer ministro de la República Democrática del Congo. El caso ha sido considerado emblemático de las dinámicas de injerencia externa que marcaron el periodo poscolonial.
Organizaciones de derechos humanos subrayan que estos procesos no solo buscan determinar responsabilidades individuales, sino también contribuir al reconocimiento de la verdad histórica y a formas de reparación, en un contexto donde muchas víctimas de crímenes coloniales siguen sin acceso a justicia.
El caso pone de relieve los límites de los mecanismos tradicionales de rendición de cuentas frente a crímenes históricos, y plantea la necesidad de reforzar instrumentos de justicia transicional que aborden de manera más efectiva las herencias del colonialismo.
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Organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de genocidio en Gaza
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) ha alertado sobre el riesgo de que la situación en Gaza pueda constituir actos de genocidio, ante la intensificación del conflicto y el deterioro de las condiciones humanitarias.
Según la organización, la destrucción masiva de infraestructuras civiles, las restricciones al acceso de ayuda humanitaria y el colapso de servicios esenciales como la salud y el suministro de agua podrían encajar en patrones de violencia prohibidos por el derecho internacional. La situación ha generado niveles críticos de inseguridad alimentaria y desplazamiento forzado.
La FIDH advierte que la falta de acceso a bienes básicos para la supervivencia, combinada con la intensidad de las operaciones militares, podría configurar elementos de crímenes internacionales graves, en función de la intención y el contexto en que se produzcan.
En este sentido, la organización ha instado a la comunidad internacional a adoptar medidas urgentes para prevenir nuevas atrocidades, incluyendo el cese de hostilidades, el acceso humanitario sin restricciones y la activación de mecanismos de rendición de cuentas. Asimismo, ha subrayado que la inacción internacional contribuye a perpetuar ciclos de violencia e impunidad.
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UN Women reafirma su presencia en Afganistán frente a una crisis de derechos de las mujeres y niñas cada vez más profunda
A pesar de las graves restricciones de derechos y libertades impuestas por las autoridades de facto en Afganistán, UN Women ha confirmado que continuará operando en el país “pase lo que pase” para sostener sus programas destinados a mujeres y niñas. Esta decisión se produce en un contexto descrito por organismos internacionales como la crisis de derechos de las mujeres más severa del mundo, con acceso a justicia formal para mujeres significativamente menor que para hombres y una amplia erosión de mecanismos institucionales de protección y justicia.
En 2025, UN Women reportó que sus iniciativas ayudaron a garantizar servicios esenciales de supervivencia para más de 350 000 mujeres y niñas, así como el respaldo a casi 200 organizaciones de la sociedad civil lideradas por mujeres. Sin embargo, estos avances ocurren en medio de un entorno donde las mujeres siguen enfrentando exclusión sistemática de la educación secundaria y superior, restricciones al empleo y barreras estructurales para acceder a la justicia y a la protección frente a la violencia.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que estas políticas no solo constituyen una regresión de décadas de progreso en igualdad de género, sino que configuran un patrón de apartheid de género, con consecuencias directas sobre la salud, la seguridad económica y la participación social de mujeres y niñas. En este marco, la continuidad de la presencia de UN Women se presenta como una respuesta necesaria, aunque insuficiente, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos por parte de las autoridades de facto.
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ONU advierte sobre las consecuencias económicas y ambientales globales del conflicto en Irán
Naciones Unidas ha alertado de que la escalada del conflicto en Irán podría generar efectos sistémicos a nivel global, agravando crisis económicas, energéticas y ambientales ya existentes.
Según distintos organismos internacionales, la inestabilidad en la región está afectando a mercados clave como el energético, provocando volatilidad en los precios del petróleo y el gas, con efectos directos sobre el coste de vida y la seguridad energética en múltiples países. A ello se suman interrupciones en las cadenas de suministro, especialmente en sectores estratégicos vinculados al comercio marítimo.
En el plano ambiental, la ONU ha advertido sobre los riesgos derivados de ataques a infraestructuras energéticas e industriales, que podrían provocar contaminación a gran escala, daños a ecosistemas y efectos transfronterizos duraderos. Estas consecuencias afectan de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables, especialmente en países con menor capacidad de respuesta institucional.
El organismo subraya que estos impactos evidencian la interconexión entre conflictos armados, cambio climático y desigualdad global, y ha insistido en la necesidad de priorizar soluciones diplomáticas. Asimismo, destaca la importancia de incorporar un enfoque de derechos humanos en la gestión de la crisis, para evitar que sus efectos recaigan de forma desproporcionada sobre las poblaciones más vulnerables.
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Ghana impulsa ante la ONU una resolución para reconocer la esclavitud y la trata transatlántica como crimen contra la humanidad
Ghana ha presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una propuesta histórica para declarar formalmente que la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos constituyen el “crimen más grave contra la humanidad”, con el respaldo de los 55 Estados de la Unión Africana y de países del Caribe. La iniciativa, cuyo debate clave tuvo lugar el 25 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional en recuerdo de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica busca ir más allá de la mera conmemoración simbólica para exigir reparaciones, disculpas oficiales y compensaciones económicas, así como garantías de no repetición ante la persistencia de desigualdades estructurales derivadas de la esclavitud. Juristas y activistas señalan que, aunque la medida enfrenta resistencia de Estados como Estados Unidos y algunos miembros de la Unión Europea, es un paso sin precedentes para confrontar las herencias del colonialismo y la esclavitud en el derecho internacional y ampliar los mecanismos de justicia transicional para abordar crímenes históricos que hasta ahora han quedado fuera del alcance de la rendición de cuentas global.
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