¿Sabes qué pasó? Boletín Mensual de Derechos Humanos – Octubre 2025
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU crea un mecanismo de rendición de cuentas para Afganistán
El 6 de octubre de 2025, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó por consenso una resolución histórica que crea un mecanismo independiente de investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Afganistán. La iniciativa, impulsada por la Unión Europea, busca poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos tanto por el régimen talibán como por otros actores. El mecanismo tendrá el mandato de recopilar, preservar y analizar pruebas de crímenes internacionales, incluyendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, con especial atención a la persecución por motivos de género. Esta decisión llega tras años de presión de organizaciones afganas e internacionales de derechos humanos, que han denunciado la ausencia de rendición de cuentas desde la toma del poder por el Talibán en agosto de 2021 y el deterioro de los derechos fundamentales, especialmente los de mujeres y niñas.
El nuevo mecanismo funcionará de manera similar a los ya creados para Siria y Myanmar, enfocándose en la recopilación y preservación de pruebas, así como en la preparación de expedientes que puedan utilizarse ante tribunales nacionales e internacionales. Su mandato no se limita a los abusos cometidos por el Talibán, sino que también abarca a actores del antiguo gobierno, señores de la guerra, grupos armados no estatales y fuerzas internacionales. Una parte esencial de su trabajo será investigar los crímenes de persecución por motivos de género, incluidos los actos sistemáticos de represión contra mujeres y niñas. Estas prácticas, reconocidas como crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI), incluyen la exclusión de la educación, la atención sanitaria y la libertad de movimiento, expresión y reunión. La resolución también amplía el mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, garantizando que su labor de documentación y monitoreo complemente la del nuevo mecanismo.
La creación de este mecanismo constituye un avance significativo hacia la rendición de cuentas en Afganistán. Por primera vez, el Consejo de Derechos Humanos envía una señal clara de que los crímenes del Talibán no quedarán impunes. Este paso también refuerza los esfuerzos del Consejo de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional, que recientemente emitió órdenes de arresto contra dos altos líderes talibanes por crímenes de lesa humanidad basados en la persecución de género. Para las víctimas y defensoras afganas, esta resolución representa una esperanza renovada de justicia y reconocimiento. Como han señalado varias organizaciones de la sociedad civil, documentar los crímenes es el primer paso para romper el ciclo de impunidad y garantizar que los derechos de las mujeres y niñas sean protegidos y reparados.
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La CIJ emite una Opinión Consultiva sobre las obligaciones de Israel en el Territorio Palestino Ocupado
El 22 de octubre de 2025 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su Opinión Consultiva sobre las obligaciones de Israel en relación con la presencia y las actividades de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y terceros Estados en y con respecto al Territorio Palestino Ocupado (TPO).
La opinión responde a la resolución 79/232 (2024) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que solicitó a la Corte aclarar las obligaciones de Israel, como Potencia ocupante y Estado miembro de la ONU, para facilitar el suministro de bienes esenciales, servicios y asistencia humanitaria a la población civil palestina. Tras recibir 45 declaraciones escritas y celebrar audiencias orales con la participación de 39 Estados, la ONU y varias organizaciones internacionales, la Corte declaró por unanimidad que tenía jurisdicción y decidió emitir la opinión.
En sus conclusiones, la CIJ sostuvo que Israel, en su calidad de Potencia ocupante, debe cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Estas incluyen garantizar el acceso de la población del TPO a suministros esenciales como alimentos, agua, refugio, combustible y atención médica, así como facilitar las operaciones de socorro de las Naciones Unidas y de otros actores internacionales. La Corte también determinó que Israel debe respetar y proteger al personal y las instalaciones médicas, cumplir las prohibiciones de traslado forzoso, deportación y uso del hambre como método de guerra, y permitir las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja a las personas detenidas.
Por diez votos contra uno, la Corte concluyó además que Israel tiene la obligación de cooperar de buena fe con las Naciones Unidas y de garantizar el pleno respeto de los privilegios e inmunidades de sus organismos, funcionarios y locales, conforme a la Carta de la ONU y a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas. La vicepresidenta Sebutinde emitió un voto disidente.
La opinión consultiva reafirma la aplicabilidad del derecho internacional en el Territorio Palestino Ocupado y la responsabilidad de las Potencias ocupantes de proteger y garantizar el bienestar de las poblaciones civiles.
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Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur, Sudán
El 6 de octubre de 2025, la Sala de Primera Instancia I de la Corte Penal Internacional (CPI) declaró culpable a Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, también conocido como Ali Kushayb, de 27 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Darfur (Sudán) entre agosto de 2003 y abril de 2004. Abd-Al-Rahman fue líder de las milicias Janjaweed, aliadas con el Gobierno sudanés durante el conflicto armado en Darfur.
La Corte determinó que Abd-Al-Rahman fue responsable directo y coautor de asesinatos, torturas, violaciones, persecución, traslados forzosos y ataques deliberados contra la población civil. Según la CPI, dirigió operaciones militares en las que se cometieron asesinatos masivos, violencia sexual, pillaje y destrucción de aldeas enteras.
El conflicto de Darfur, que estalló en 2003, enfrentó a fuerzas gubernamentales y milicias Janjaweed contra grupos rebeldes no árabes que denunciaban la marginación del gobierno central. La violencia dejó centenares de miles de muertos y millones de desplazados, y ha sido descrita por Naciones Unidas como una de las peores crisis humanitarias de principios del siglo XXI.
Con esta decisión, la CPI reafirma la importancia de la lucha contra la impunidad y el reconocimiento de las víctimas de Darfur. La sentencia marca la primera condena de la Corte por crímenes cometidos en Sudán, mientras otros responsables siguen pendientes de arresto y juicio.
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La Audiencia Nacional amplía la investigación por los “diamantes de sangre” de Sierra Leona
La Audiencia Nacional ha ampliado su investigación sobre el tráfico y blanqueo de capitales vinculado a los llamados “diamantes de sangre” procedentes de Sierra Leona. El juez Francisco de Jorge investiga al empresario español Manuel Terrén, su esposa y varios socios por presuntamente haber blanqueado en España y Andorra los beneficios obtenidos del comercio ilegal de diamantes extraídos con mano de obra esclava durante la guerra civil sierraleonesa.
El magistrado ha llamado a declarar como testigo al exministro de Finanzas y exportavoz del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca, por sus vínculos societarios con Terrén a través de la sociedad panameña Mariette Holdings. La investigación apunta a una posible red de empresas pantalla en España, Andorra, Panamá y China, utilizadas para mover y ocultar fondos de origen ilícito.
Según la acusación, entre 2021 y 2022 se detectaron ingresos injustificados por más de 55.000 euros y entre 2016 y 2022 transferencias de hasta 171.000 euros vinculadas a la pareja de Terrén. La Policía Nacional sospecha que este dinero provendría del tráfico de diamantes en Liberia y Sierra Leona, una práctica prohibida por la comunidad internacional por financiar conflictos armados y graves violaciones de derechos humanos.
El caso recuerda la importancia de combatir el blanqueo de capitales vinculado a la explotación en contextos de guerra, que perpetúa la impunidad y obstaculiza la reparación a las víctimas de los llamados “conflictos por recursos naturales”.
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España presenta el V Plan de Gobierno Abierto 2025-2029
El Gobierno de España ha publicado el V Plan de Gobierno Abierto 2025-2029, un documento estratégico que consolida más de una década de esfuerzos para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en las políticas públicas.
El nuevo Plan es el resultado de un proceso de cocreación abierto y plural, desarrollado entre 2023 y 2025, con la participación de administraciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanía. Tras una fase inicial de escucha y una consulta pública que recibió más de 400 propuestas, los talleres deliberativos coordinados por el laboratorio ciudadano HazLab permitieron agrupar las aportaciones en torno a nueve compromisos principales, integrando además enfoques transversales como igualdad de género, inclusión social, transición ecológica y diversidad territorial.
El borrador fue sometido a revisión por el Foro de Gobierno Abierto y a un nuevo periodo de información pública antes de su aprobación definitiva, en un proceso en el que participaron activamente organizaciones como Civio, Transparencia Internacional España y Fundación Hay Derecho.
El V Plan de Gobierno Abierto marca un salto cualitativo y cuantitativo: incluye más de 200 iniciativas centradas en la gobernanza digital con enfoque humanista, los derechos digitales, la apertura fiscal y el fortalecimiento del espacio cívico. Por primera vez, se alinea con el I Plan de Parlamento Abierto, incorporando los compromisos de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
En palabras del ministro Óscar López Águeda, el Plan “es el inicio de una nueva etapa en la que la ciudadanía se sitúa realmente en el centro de las políticas públicas”, reafirmando la vocación de España de liderar una gobernanza más transparente, abierta, justa e innovadora.
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El Consejo de Derechos Humanos concluye su 60º periodo de sesiones
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cerró su 60º periodo ordinario de sesiones tras semanas de debates sustantivos y la adopción de 35 resoluciones, una decisión y una declaración presidencial. Los acuerdos reflejan un esfuerzo por adaptar el sistema internacional de derechos humanos a los desafíos actuales y por fortalecer la cooperación multilateral en un contexto de creciente polarización.
El Consejo renovó 14 mandatos de procedimientos especiales, entre ellos los relativos a Sudán, Burundi, la Federación Rusa y Camboya, y decidió concluir los de Somalia y la República Democrática del Congo. Además, se fusionaron los mandatos de los Relatores Especiales sobre la esclavitud contemporánea y la trata de personas, con el objetivo de mejorar la coherencia temática y la eficiencia de los mecanismos.
En el ámbito temático, las resoluciones adoptadas abordaron cuestiones clave como el derecho al desarrollo, la pena de muerte, los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género en contextos de conflicto armado, y los efectos del cambio climático y el aumento del nivel del mar en los derechos humanos.
El Consejo también reforzó su compromiso con la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas, así como con la lucha contra la desinformación y el discurso de odio en entornos digitales.
Durante la clausura, el presidente Jürg Lauber subrayó la necesidad de garantizar recursos sostenibles y previsibles para que el Consejo pueda seguir cumpliendo eficazmente su mandato en un entorno internacional cada vez más complejo.
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El Grupo de Redacción sobre la Erradicación de la Impunidad aprueba un estudio preliminar
El Grupo de Redacción sobre la Erradicación de la Impunidad por Violaciones Graves de Derechos Humanos (CDDH-ELI) adoptó el 16 de octubre de 2025 un estudio preliminar sobre la necesidad y viabilidad de elaborar nuevos instrumentos no vinculantes que complementen las Directrices del Comité de Ministros de 2011 sobre la erradicación de la impunidad de las violaciones graves de los derechos humanos.
El informe concluye que las directrices de 2011 siguen siendo un marco sólido, pero identifica vacíos temáticos y áreas que requieren actualización o mayor precisión, especialmente en materia de derecho penal y derechos de las víctimas. El Grupo recomienda revisar y ampliar las directrices existentes, incorporando anexos específicos para los temas que necesiten orientación más detallada.
Durante su quinta reunión, celebrada del 14 al 16 de octubre en Estrasburgo, los expertos examinaron los apartados revisados del estudio relacionadas con el derecho penal, los derechos de las víctimas y otras cuestiones.
El documento será analizado por el Comité Directivo para los Derechos Humanos (CDDH) en su próxima sesión plenaria (24-27 de noviembre de 2025). Si el Comité de Ministros valida las propuestas, el CDDH-ELI reanudará su labor en 2026 para reforzar el compromiso de los Estados europeos con la lucha contra la impunidad y la rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos.
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