¿Sabes qué pasó? Boletín mensual de junio
Publicación del Índice de Paz Global (IPG) de 2024
El pasado 11 de junio se ha publicado la 18.ª edición del Índice de Paz Global (IPG) del centro de estudios internacional Institute for Economics & Peace (IEP), que indica que el mundo hoy tiene el mayor número de países en conflicto desde la Segunda Guerra Mundial, exteriorizando que, si no se realizan esfuerzos concertados, existe el riesgo de que se produzcan conflictos graves.
El índice indicó que la paz se deterioro en un total de 97 países, el mayor número desde su creación en 2008, siendo los conflictos de Gaza y Ucrania los principales impulsores de la caída de la paz mundial. Este también reveló que la militarización registró su mayor deterioro anual desde el inicio del IPG, con 108 países volviéndose más militarizados. A su vez, se registraron 110 millones de personas refugiadas o desplazadas internas debido a conflictos violentos, y que 16 países acogen actualmente a más de medio millón de refugiados.
Hoy en día hay 56 conflictos activos, la mayor cantidad desde la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, el índice apunta que estos se han vuelto más internacionales, con 92 países involucrados en conflictos fuera de sus fronteras, la mayor cantidad desde el inicio del IPG. A su vez indica que el creciente número de conflictos menores aumenta la probabilidad de que se produzcan más conflictos importantes en el futuro, esto se ve demostrado, por ejemplo, con el hecho de que en 2019, Etiopía, Ucrania y Gaza fueron identificados como conflictos menores.
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Fuertes preocupaciones internacionales sobre el deterioro de los derechos humanos en Latinoamérica
En el marco previo a la 54° Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Amnistía Internacional ha advertido a la OEA, a través de una carta abierta, sobre el grave deterioro en materia de derechos humanos de la región. La organización indicó que el cierre del espacio público en los países ha llegado a un punto de inflexión tal que requiere la toma de medidas urgentes para revertir la situación y urgió a los Estados miembros de la OEA a asumirlas.
“Las y los jefes de Estado reunidos en esta Asamblea, deben adoptar de inmediato medidas concretas y urgentes para asegurar que la libertad de expresión, el derecho a la protesta, y la participación en los asuntos públicos, entre otros, se conviertan en derechos plenamente garantizados y no en meras promesas vacías”, indicó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.
Se destacó la preocupación de que estos gobiernos que “implementan medidas legales e institucionales para reprimir grupos de la sociedad civil y así silencias las críticas” intensifican la amenaza existente sobre el derecho a la libertad de expresión, haciendo un uso excesivo de la fuerza para reprimir a quienes se manifiestan, incluso en algunos países mediante armas letales. Esto ha afectado especialmente a quienes defienden derechos humanos, quienes ejercen el periodismo y a personas percibidas como opositoras políticas.
A su vez, la organización ha indicado que las crisis políticas, humanitarias y económicas de muchos países de la región imposibilitan que las personas puedan acudir a sus instancias internas para garantizar sus derechos y se ven obligadas a buscar protección internacional fuera de sus países de origen.
Por ello, teniendo en cuenta que muchas veces la protección internacional es “la única esperanza de justicia para muchas víctimas de violaciones de derechos humanos”, se enfatizó en la necesidad de salvaguardar el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, instando a los Estados Miembros de la OEA a tener una especial consideración en miras al próximo proceso de elección de magistrados de la Corte Interamericana para integrar la nueva conformación del máximo tribunal.
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La Organización de Naciones Unidas publicó sus “Principios fundamentales para la integridad de la información” en miras a luchar contra la desinformación en línea
El pasado lunes 24 de junio, la ONU ha presentado sus “Principios fundamentales para la integridad de la información”, enfatizando la necesidad de revisar especialmente los modelos de desinformación de las plataformas y de las redes sociales, que representan un “riesgo existencial” para la humanidad.
Según lo indicado, estos principios se desarrollan a través de cinco enfoques: confianza y resiliencia social; medios de comunicación independientes, libres y pluralistas; transparencia a investigación; empoderamiento público e incentivos positivos. Y se espera que sean aplicados por las plataformas y los medios de comunicación a través de las regulaciones de los distintos gobiernos, así como en el seno de las Naciones Unidas.
Se enfatiza en la necesidad de que los discursos de odio, así como las “fake news” no tengan lugar en las difusiones masivas automatizadas de las grandes empresas tecnológicas, y especialmente se las insta a tomar medidas para garantizar la integridad de la información durante las campañas electorales, teniendo en cuenta su influencia en estos procesos.
“Cuando la integridad de la información está en el punto de mira, también lo está la democracia, que depende de una percepción de la realidad compartida y basada en hechos”, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la prensa al presentar este código de conducta.
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El Consejo Nacional suizo rechazó la condena al país por inacción climática del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
El pasado miércoles 12 de junio, la cámara baja del Parlamento suizo, rechazó la condena al país por inacción climática del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v Switzerland por considerar que el tribunal se ha extralimitado en sus competencias. La Cámara Alta legislativa se había pronunciado en el mismo sentido días atrás, negándose a aplicar la sentencia condenatoria.
El TEDH había fallado el pasado abril en relación a tres causas climáticas. Una de ellas en favor de la demanda de la Asociación KlimaSeniorinnen, que representaba a un grupo de más de 2.500 mujeres suizas de edades entre los 65 y 80 años, que alegaron que el Estado suizo no tomaba medidas a los fines de mitigar adecuadamente el calentamiento global, dejándolas a expensas de las consecuencias de este, lo que violaba sus derechos humanos a la salud y a la vida, poniéndolas en peligro de morir durante las olas de calor.
En su declaración crítica frente a la sentencia del TEDH, el Parlamento suizo aclara que, si bien reconoce la importancia de las sentencias del tribunal, la justificación al rechazo de la condena se debe a que el país ha respetado todos sus principios internacionales en materia climática.
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