¿Sabes qué pasó en América Latina? Boletín Mensual del Observatorio ALERTA Latam – Febrero de 2026
El reclutamiento infantil por grupos armados en Colombia se cuadriplicó en los últimos cinco años, según UNICEF
La violencia armada en Colombia continúa teniendo un impacto devastador sobre la niñez. Según UNICEF, los casos verificados de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos armados ilegales se cuadruplicaron en los últimos cinco años, pasando de 116 casos en 2020 a 453 en 2024.
UNICEF advierte además que estas cifras representan sólo los casos verificados, lo que sugiere un importante subregistro, especialmente en zonas rurales con baja presencia institucional. El uso de niñeces no se limita a la participación directa en combates, sino que incluye tareas de mensajería, vigilancia o apoyo logístico. Asimismo, se ha registrado que muchas de estas niñeces han sufrido algún tipo de violencia sexual, con consecuencias profundas y duraderas para su desarrollo físico y psicológico. Los datos reflejan que, más allá de los compromisos normativos, la protección de la infancia sigue siendo uno de los grandes déficits del posconflicto colombiano.
Este aumento se produce a pesar de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y pone en evidencia las limitaciones estructurales para garantizar la protección efectiva de las niñeces en territorios históricamente marginados. La expansión de disidencias armadas, grupos criminales y economías ilegales en los años post-acuerdo ha generado un entorno de alta vulnerabilidad, en el que la pobreza, la falta de acceso a educación y la ausencia de oportunidades facilitan el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
Esta situación se ve además agravada por la crisis humanitaria en el país: los enfrentamientos entre grupos armados dejan a civiles en departamentos como Cauca, Nariño, Guaviare, Arauca, Chocó y Norte de Santander atrapados entre homicidios, secuestrosy restricciones a su movilidad. A causa de ello miles de personas desplazadas o confinadas tienen limitado acceso a servicios básicos, mientras desastres naturales como inundaciones y deslizamientos en Buenaventura aumentan la vulnerabilidad. En ese contexto, la insuficiente financiación humanitaria actual, asimismo amenaza con dejar a millones sin apoyo vital.
Las muertes en las cárceles de Ecuador vuelven a aumentar pese a la estrategia de seguridad.
La crisis del sistema penitenciario ecuatoriano se profundizó durante el año 2025. Según datos oficiales del sistema carcelario analizados por Reuters, 1.220 personas privadas de libertad murieron en prisiones ecuatorianas en 2025, frente a 285 fallecimientos registrados en 2024, lo que representa un aumento interanual de aproximadamente 256%.
De acuerdo con estas estadísticas, 206 muertes estuvieron directamente vinculadas a hechos de violencia, mientras que el resto se debió a causas estructurales como enfermedades incluida una epidemia de tuberculosis, suicidios y otras condiciones asociadas o a causa del hacinamiento. En este sentido, el índice dehacinamiento penitenciario aumentó un 7,6% en 2025, superando las 35.000 personas privadas de libertad, lo que agrava las condiciones de detención y limita cualquier política de prevención.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que la militarización de las cárceles y el enfoque centrado exclusivamente en el control no han logrado reducir la violencia estructural del sistema. Por el contrario, las cifras muestran que la estrategia de seguridad no ha garantizado el derecho a la vida ni la integridad personal de las personas privadas de libertad, evidenciando la necesidad de una reforma integral del sistema penitenciario con un enfoque de derechos humanos.
Latinoamérica se estanca en la lucha contra la corrupción
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional, confirma el estancamiento de América Latina en la lucha contra la corrupción. La región mantiene un promedio de 42 puntos sobre 100, sin avances significativos en la última década, en un índice que evalúa a 182 países según la percepción de corrupción en el sector público.
Los datos del IPC muestran que solo 2 de los 33 países evaluados en la región han mejorado de forma sostenida desde 2012, mientras que la mayoría presenta retrocesos o estancamiento. Venezuela (10/100), Nicaragua (14/100) y Haití (16/100) figuran entre los países con peor desempeño, reflejando contextos de debilitamiento institucional y falta de controles efectivos. En este contexto, Argentina retrocedió cinco puntos en el ranking del IPC 2025, obteniendo una puntuación de 36/100, por debajo del promedio regional de 42/100. Este descenso refleja, en gran medida, la ausencia de respuestas contundentes frente a casos de corrupción de alto impacto, como $LIBRA y la gestión irregular en la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucran directamente al ejecutivo nacional y no han sido objeto de sanciones ni de medidas correctivas efectivas. En contraste, Uruguay (73/100) y Chile (63/100) fueron los países mejor puntuados de la región, aunque también registran leves retrocesos respecto a años anteriores. La situación de México, con 27 puntos sobre 100, y ubicado en la posición 141 del ranking global, ilustra cómo la corrupción sigue siendo un fenómeno estructural que afecta la calidad democrática, la gestión de recursos públicos y la confianza ciudadana.
El IPC 2025 subraya que la falta de avances no es coyuntural, sino el resultado de sistemas de rendición de cuentas débiles y de la persistencia de impunidad en altos niveles del poder.
Las personas en situación de calle aumentan a un ritmo preocupante en Argentina.
La crisis habitacional en Argentina se ha profundizado en los últimos años, con un crecimiento sostenido de la población en situación de calle, ante la ausencia de políticas sociales y la crisis económica que vive la población.
Según el Relevamiento de Personas en Situación de Calle (REPSIC) 2025 de la Ciudad de Buenos Aires, el número de personas sin techo pasó de 3.286 a fines de 2023 a5.176 en noviembre de 2025, lo que representa un aumento del 57 % en solo dos años. No obstante, desde la sociedad civil se advierte que los datos oficiales subestiman la magnitud del problema. Un censo popular realizado por más de 30 organizaciones sociales estima que hasta 11.892 personas viven actualmente en situación de calle en la ciudad, lo que implica un incremento del 64% respecto a 2019. Además, la indigencia y la informalidad laboral siguen en niveles críticos, profundizando la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos, según el informe del INDEC sobre pobreza 2024 y el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA 2024.
Estos indicadores reflejan el impacto combinado de la crisis económica, el aumento del costo de la vivienda y la insuficiencia de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a una vivienda digna, especialmente para los sectores más vulnerables. Las consecuencias son claras: el empobrecimiento de trabajadores, la paralización de la obra pública y el aumento del desempleo han llevado a que la pobreza alcance el 52,9 % en el primer semestre de 2024, afectando al 66,1 % de la infancia, es decir, 2 de cada 3 niñas y niños menores de 14 años.
En conjunto, estos datos muestran que la situación de las personas en situación de calle no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino parte de una crisis estructural que afecta a millones de argentinos, donde la falta de políticas habitacionales, la inflación, el desempleo y la pobreza se combinan para generar un escenario de extrema vulnerabilidad social.
La política estadounidense influye y se toma de modelo por los gobiernos de América Latina: vulneraciones a los derechos migrantes en el centro de la escena.
El Human Rights Watch – World Report 2026 alerta sobre el impacto de la influencia política y discursiva de la administración de Donald Trump en muchos gobiernos afines de América Latina, particularmente en materia de seguridad, migración y control social.
El informe –que si bien no asigna puntuaciones numéricas, se trata de una evaluación sistemática y comparativa que permite identificar patrones regionales de retroceso democrático– documenta un aumento de restricciones al derecho de asilo, políticas de detención masiva y uso excesivo de la fuerza, así como limitaciones a la labor de periodistas y organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch advierte que estos enfoques securitarios, legitimados por discursos de “mano dura”, han sido utilizados por distintos gobiernos para justificar medidas que debilitan el Estado de derecho y reducen los espacios de participación cívica, con efectos directos sobre la protección de derechos fundamentales en la región.
Más de 53.000 niños, niñas y jóvenes fueron asesinados en América Latina y el Caribe en siete años
La violencia letal contra la infancia y adolescencia en América Latina y el Caribe sigue siendo un problema estructural y sistémico. Según el documento titulado Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: Nuevos datos y soluciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), entre 2015 y 2022 53.318 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados, lo que equivale a un promedio de más de 7.600 homicidios anuales, situando a la región entre las más peligrosas del mundo para la niñez y juventud.
El fenómeno afecta de manera diferenciada a los géneros y edades: la mayoría de las víctimas son adolescentes varones de 15 a 19 años, mientras que las niñas y adolescentes enfrentan riesgos específicos asociados a violencia sexual, explotación y femicidios. Entre los homicidios, un porcentaje importante está vinculado a crimen organizado, narcotráfico y disputas territoriales de pandillas, lo que evidencia que la violencia letal no ocurre de manera aislada, sino como parte de estructuras sociales y económicas desiguales.
Según los organismos el subregistro es significativo: muchas muertes en zonas rurales o periféricas no se documentan oficialmente, lo que sugiere que la cifra real podría ser aún mayor. Además, la violencia letal es solo la punta del iceberg: el acoso escolar, el reclutamiento forzado y la explotación laboral afectan de manera sistemática a millones de infancias impactando su desarrollo físico, psicológico y social.
Estos datos revelan las limitaciones estructurales de los Estados para proteger a la infancia y juventud, así como la insuficiencia de políticas públicas que combinen prevención social, protección integral y fortalecimiento institucional. La persistencia de homicidios y otras formas de violencia refleja fallas profundas en la gobernanza, desigualdad estructural y ausencia de oportunidades, especialmente en territorios históricamente marginados. El documento, asimismo subraya que, sin un abordaje integral que incluya prevención, acceso a educación, justicia social y políticas de protección de derechos, la violencia contra la niñez seguirá siendo un problema estructural que reproduce desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.
Cuba: La ONU advierte sobre un posible «colapso» humanitario, si disminuyen los suministros de petróleo
La Organización de Naciones Unidas ha alertado que Cuba podría enfrentar un colapso humanitario si no se garantiza el suministro de petróleo y combustibles esenciales, con un costo directo hacia servicios básicos como electricidad, transporte, agua potable, salud pública y producción de alimentos. Según datos de Naciones Unidas, el país necesita al menos 1,2 millones de barriles de petróleo al mes para sostener el funcionamiento mínimo de servicios estratégicos y, en ese sentido, cualquier déficit prolongado tendría efectos devastadores para la población.
La crisis energética se ha intensificado por la reducción de envíos de petróleo desde Venezuela, principal proveedor histórico, y la disminución de suministros desde México y otros países aliados, dejando al país con reservas críticas. Esto ha generado apagones de hasta 12 horas diarias durante el mes de febrero en varias provincias, paralización parcial de hospitales y centros de salud, interrupciones en el transporte público y de carga, y afectación al suministro de agua en ciudades como La Habana y Santiago de Cuba.
Los impactos humanitarios son especialmente graves para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que la interrupción de servicios de salud y el desabastecimiento de medicinas agravan la vulnerabilidad de estos grupos. Además, la escasez energética limita la producción agrícola y la distribución de alimentos, incrementando la inseguridad alimentaria en un país donde más del 70 % de la población depende de mercados controlados por el Estado y de raciones subsidiadas.
La ONU ha insistido en la necesidad de suspender medidas que afectan indiscriminadamente a la población civil y de implementar estrategias multilaterales que garanticen suministros esenciales y atención humanitaria. Sin intervenciones urgentes, millones de cubanas y cubanos podrían enfrentar restricciones severas a derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la salud y la alimentación.
