¿Sabés qué pasó en América Latina? Boletín Mensual del Observatorio ALERTA Latam – Marzo de 2026
Ofensiva regional contra la sociedad civil: las leyes “anti-ONG” avanzan
Amnistía Internacional alerta en este análisis regional sobre una tendencia cada vez más extendida en América Latina: la adopción de leyes que restringen el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil.
Estas normativas, presentes o en discusión en varios países, imponen mayores requisitos de registro, controles financieros desproporcionados y restricciones al acceso a financiación internacional. En algunos casos, contemplan sanciones que incluyen la suspensión de actividades, la cancelación de la personalidad jurídica o incluso la disolución. Este tipo de medidas afecta especialmente a aquellas entidades que trabajan en derechos humanos, transparencia o rendición de cuentas, limitando su capacidad de actuación en contextos ya de por sí complejos.
Aunque se justifican bajo discursos de transparencia o seguridad nacional, en la práctica operan como herramientas de control político. Su efecto acumulativo no solo limita la capacidad operativa de las ONG, sino que genera un clima de autocensura, reduce la colaboración internacional y debilita los mecanismos de vigilancia democrática, fundamentales en contextos de debilidad institucional.
Este fenómeno no puede leerse de forma aislada: se inscribe en una tendencia regional más amplia de cierre del espacio cívico, donde los gobiernos recurren cada vez más a instrumentos legales para restringir la crítica y reducir la capacidad de incidencia de actores sociales. En este sentido, la ofensiva contra las ONG no solo afecta a organizaciones concretas, sino que tiene implicaciones directas sobre la calidad democrática y el equilibrio de poderes en la región.
El Salvador: encarcelamiento masivo y posible comisión de crímenes de lesa humanidad
Un estudio publicado en 2026 analizado por The Guardian plantea que la política de encarcelamiento masivo en El Salvador podría constituir crímenes de lesa humanidad.
Desde la instauración del régimen de excepción en marzo de 2022, más de 70.000 personas han sido detenidas, en muchos casos sin orden judicial ni pruebas suficientes. El informe documenta patrones sistemáticos de detenciones arbitrarias, desapariciones temporales, falta de acceso a defensa legal y vulneraciones generalizadas del debido proceso, lo que supone una suspensión de facto de garantías fundamentales. A ello se suman las condiciones de detención, marcadas por un hacinamiento extremo, acceso limitado a atención médica y denuncias reiteradas de malos tratos, tortura y muertes bajo custodia estatal. Diversas organizaciones han señalado que muchas personas permanecen detenidas durante meses sin cargos formales ni posibilidad real de revisión judicial, lo que agrava la situación de indefensión.
Lejos de tratarse de excesos aislados, el estudio sugiere que estas prácticas responden a una política estatal estructurada y generalizada, uno de los elementos clave para la posible calificación de crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional.
Aunque el modelo ha sido presentado por el gobierno como un éxito en la reducción de la violencia y la criminalidad, su coste en términos de derechos humanos es elevado. La normalización de medidas excepcionales, la ampliación del poder del ejecutivo y el debilitamiento de los contrapesos institucionales apuntan a un deterioro profundo del Estado de derecho, con riesgos que trascienden el corto plazo y afectan a la calidad democrática del país.
Cuba: crisis energética estructural y señales de colapso
La crisis energética en Cuba alcanzó un punto crítico en marzo, cuando el país sufrió un apagón generalizado tras agotar prácticamente sus reservas de combustible, evidenciando una situación límite.
Según Reuters, la llegada de un convoy internacional con ayuda humanitaria buscó aliviar los efectos más urgentes. Sin embargo, la magnitud de la crisis supera con creces la capacidad de estas respuestas puntuales.
La escasez de combustible se ha visto agravada por la reducción de envíos desde Venezuela y por el endurecimiento de las restricciones externas, lo que ha dejado al país prácticamente sin suministro energético. En este contexto, la red eléctrica nacional ha sufrido colapsos recurrentes, llegando a dejar sin electricidad a millones de personas en distintos momentos del mes.
Las consecuencias son generalizadas: apagones de larga duración, interrupciones en hospitales, paralización del transporte público y fallos en el abastecimiento de agua, que depende directamente del suministro eléctrico para el bombeo. En ciudades como La Habana, la población ha tenido que hacer colas para acceder a agua transportada en camiones cisterna, reflejando el impacto directo de la crisis en la vida cotidiana. Además, la escasez energética ha afectado a sectores estratégicos como la aviación con suspensión de vuelos por falta de combustible y la producción de alimentos, agravando la inseguridad alimentaria y, evidenciando el riesgo de una crisis humanitaria de mayor escala si no se adoptan soluciones sostenidas.
Argentina: memoria histórica en disputa y avances en identificación de víctimas
En el aniversario 50 del golpe de Estado de 1976, Argentina volvió a movilizarse masivamente en las ciudades de todo el país en defensa de la memoria, la verdad y la justicia.
En paralelo, en el mes de marzo se produjo un avance significativo en los procesos de justicia transicional: las autoridades, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, pudieron identificar los restos de 12 personas desaparecidas en “La Perla”, uno de los principales centros clandestinos de detención durante la dictadura. Este hallazgo no solo permite avanzar en la justicia y en la reparación para las familias, sino que también refuerza el valor de la documentación, los registros forenses y las políticas de memoria en la lucha contra la impunidad.
En este contexto, para diversos actores del espectro político oficialista, la memoria histórica continúa siendo un terreno clave de confrontación política, evidenciado por la reinstalación de dialécticas negacionistas, desfinanciación, entre muchas otras medidas. Asimismo, la persistencia de tensiones durante los actos conmemorativos refleja cómo los legados autoritarios siguen condicionando la política contemporánea: la memoria histórica en Argentina no es solo un recuerdo del pasado, sino un factor activo en la construcción de ciudadanía, derechos humanos y la legitimidad de las instituciones. En este sentido, los avances en identificación de víctimas y justicia transicional no solo representan un logro técnico, sino también un indicador del compromiso social y político con la reparación y la no repetición, que a cinco décadas del golpe continúa más vigente que nunca.
Ciudad de México: desigualdad extrema en el espacio urbano
El reportaje de The Guardian disponible aquí muestra cómo la desigualdad en Ciudad de México se manifiesta de forma especialmente visible en el territorio. Barrios contiguos presentan diferencias radicales en ingresos, calidad de infraestructuras, acceso a transporte, educación y servicios básicos, lo que evidencia una segregación urbana estructural que ha evolucionado durante décadas.
Estas disparidades reflejan no solo la histórica concentración de la riqueza en ciertos distritos, sino también políticas públicas insuficientes para equilibrar el desarrollo. En algunas zonas, la infraestructura es moderna y los servicios públicos son continuos, mientras que a pocos metros existen zonas con acceso irregular a agua, electricidad y transporte, además de niveles altos de inseguridad y precariedad habitacional. La falta de políticas urbanas redistributivas eficaces ha permitido que estas brechas no solo persistan, sino que se amplíen con el crecimiento de la ciudad y la presión inmobiliaria. Este fenómeno se combina con procesos de gentrificación parcial, desplazamiento de poblaciones vulnerables y escasa planificación participativa, lo que limita, además, el acceso a oportunidades económicas y educativas.
El caso de Ciudad de México ilustra un patrón regional: las ciudades concentran oportunidades, pero también reproducen y amplifican desigualdades históricas, transformando el espacio urbano en un reflejo tangible de la brecha social. En este contexto, la desigualdad territorial se convierte en un factor estructural de exclusión, afectando no solo la calidad de vida de quienes habitan en zonas desfavorecidas, sino también la cohesión social y la gobernanza urbana a largo plazo.
América Latina: crecimiento débil y persistencia de desigualdades estructurales
El último informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que América Latina enfrenta un escenario de crecimiento moderado y altamente desigual, donde la recuperación económica tras la pandemia y los shocks recientes sigue siendo insuficiente para reducir las brechas históricas de pobreza y desigualdad.
Aunque algunos países han mostrado capacidad de adaptación frente a shocks externos como la volatilidad de los precios de los commodities o la inflación global, el crecimiento proyectado permanece por debajo de las tasas necesarias para generar empleo formal y mejorar los niveles de ingresos de los sectores más vulnerables. Esto perpetúa la concentración de la riqueza y la exclusión social en la región.
El informe identifica factores estructurales que limitan el desarrollo: baja productividad laboral y tecnológica, limitada inversión pública y privada, restricciones fiscales que dificultan el financiamiento de políticas sociales y escasa diversificación económica. Estos elementos interactúan con desigualdades históricas en educación, salud y acceso a servicios básicos, presentes en la mayoría de los países, consolidando un modelo de crecimiento frágil que reproduce la exclusión.
En este contexto, el informe afirma que la región enfrenta un doble desafío: por un lado, mantener la estabilidad macroeconómica frente a riesgos externos; por otro, implementar reformas estructurales que permitan una distribución más equitativa del crecimiento. Sin cambios profundos en inversión, productividad y políticas redistributivas, América Latina corre el riesgo de consolidar un patrón económico que combine crecimiento débil con persistencia de desigualdades estructurales, afectando especialmente a niños, jóvenes y poblaciones históricamente marginadas.
Colombia: violencia estructural contra defensoras de derechos humanos
El reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, pone el foco en la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos en Colombia, quienes enfrentan riesgos desproporcionados y específicos debido a su labor.
El documento documenta amenazas sistemáticas, asesinatos, violencia sexual y ataques contra familiares, así como campañas de estigmatización que buscan deslegitimar su trabajo. Se señala que los mecanismos de protección existentes son insuficientes y muchas veces ineficaces, especialmente en territorios con presencia de grupos armados ilegales, economías extractivas o rutas de narcotráfico. La violencia contra estas defensoras no es un fenómeno aislado ni puntual: se trata de un patrón estructural vinculado a disputas territoriales, economías ilegales y debilidad institucional. La persistencia de amenazas y ataques refleja un contexto donde las autoridades no logran garantizar el cumplimiento de los derechos humanos ni proteger de manera efectiva a quienes los defienden.
El informe alerta sobre el efecto multiplicador de esta violencia: no solo pone en riesgo la vida de las defensoras y sus familias, sino que debilita la participación social y el tejido democrático en general. La inseguridad genera autocensura, limita la vigilancia ciudadana y obstaculiza la incidencia política, perpetuando la impunidad y consolidando estructuras de poder que operan fuera del control del Estado.
En este contexto, la protección de las defensoras requiere medidas integrales que combinen seguridad efectiva, acceso a justicia, fortalecimiento institucional y políticas de prevención de violencia de género, con especial atención a las dinámicas territoriales que perpetúan la exclusión y la vulnerabilidad.
