El Comité de Derechos Humanos urge a España a proteger la libertad de expresión
En el mes de julio, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó el séptimo informe periódico sobre España, en el que destacó recomendaciones clave para reforzar la protección de los derechos fundamentales, en especial los relativos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, así como la protección de defensores de derechos humanos.
El Comité expresó profunda preocupación por denuncias de vigilancia a defensores de derechos humanos, activistas y políticos, presuntamente realizada por la policía y los servicios de inteligencia. Entre 2017 y 2020, se reportó que al menos 65 figuras públicas catalanas fueron objeto de seguimiento mediante tecnologías como los programas Pegasus y Candiru, vinculados presuntamente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El Comité lamenta la ausencia de una investigación oficial rigurosa y la inacción del Fiscal General en los procedimientos judiciales relacionados con estos hechos. Además, señala con inquietud la práctica reconocida del uso de “agentes de inteligencia infiltrados” en grupos sociales fuera del marco penal, amparada por la Ley de Secretos Oficiales de 1968, sin garantías jurídicas ni supervisión judicial.
Para garantizar el ejercicio pleno y seguro de los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, el Comité insta a España a:
- Adoptar todas las medidas necesarias para que políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y demás miembros de la sociedad civil puedan desarrollar su labor sin temor a represalias.
- Revisar la Ley de Secretos Oficiales y asegurar que todas las formas de vigilancia respeten el derecho a la privacidad según el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Garantizar que la vigilancia, incluida la digital y el uso de agentes infiltrados, cumpla estrictamente con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y cuente con mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
- Investigar exhaustivamente todas las denuncias de vigilancia ilegal y garantizar recursos efectivos para las víctimas.
El Comité también advierte sobre desafíos estructurales en la implementación de la Ley de Transparencia, que excluye parcialmente a los poderes judicial y legislativo, carece de sanciones efectivas y presenta bajo número de solicitudes. Expresa además preocupación por la falta de medidas para despenalizar los delitos de calumnias e injurias, y por la posible utilización indebida de normas penales y administrativas (como el artículo 578 del Código Penal y la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana) para restringir derechos fundamentales.
En este sentido, recomienda:
- Considerar la despenalización de la calumnia y la injuria, limitando la intervención penal a casos graves.
- Reforzar el marco normativo de acceso a la información pública, aplicándolo efectivamente a todos los poderes del Estado y estableciendo mecanismos sancionadores.
- Garantizar que leyes y disposiciones no se utilicen para limitar indebidamente la libertad de expresión y reunión pacífica.
- Revisar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y futuras reformas en consulta con actores involucrados para asegurar su plena conformidad con los estándares internacionales.
El Comité recuerda que cualquier restricción a los derechos a la libertad de expresión y reunión debe cumplir estrictamente con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad, garantizando un marco jurídico que proteja el pluralismo y la participación democrática.
Desde FIBGAR, celebramos que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconozca la importancia de reforzar la protección de la libertad de expresión y los derechos de quienes defienden los derechos humanos en España. Consideramos fundamental que el Estado adopte de manera urgente estas recomendaciones para garantizar un entorno seguro y libre de vigilancia ilegal que permita la participación activa y plural en la vida democrática.
