Amazonía peruana: del pulmón verde al oro ilegal, conflictos sociales y ambientales: entre leyes incumplidas y pueblos originarios olvidados
Introducción
Ancestralmente la diversidad cultural de los países ha demostrado en diversas ocasiones prácticas de racismo y exclusión hacia los pueblos indígenas u originarios. Esta situación se refleja, en el ejercicio limitado de sus derechos y deberes, además de la insuficiente incorporación de sus necesidades básicas en las políticas públicas; generándose brechas en mantener un medio ambiente sano y equilibrado, así como, en el acceso a una educación intercultural bilingüe de calidad, los servicios de salud con pertinencia cultural, infraestructura básica, incluyendo la electrificación, acceso a la calidad de agua y sistemas de saneamiento; entre otros aspectos fundamentales.
A pesar de que estos pueblos constituyen uno de los grupos más vulnerables y requieren atención prioritaria por parte de los gobiernos, las medidas adoptadas no siempre logran garantizar espacios de igualdad y respeto a sus derechos. En este contexto, resulta necesario identificar y analizar las principales problemáticas y desigualdades que enfrentan, así como revisar la normativa internacional orientada a la protección a sus derechos fundamentales; no obstante, la implementación de estas normas por parte de los Estados suela desarrollarse con lentitud, limitada eficacia, e incluso, se evidencie la ausencia de un compromiso sostenido.
Entre las principales causas de esta situación se encuentran las restricciones presupuestarias, la limitada disponibilidad de recursos logísticos, y la insuficiente incorporación de un enfoque intercultural en la gestión pública. Asimismo, en países como Perú, caracterizado por su riqueza cultural y diversidad de pueblos indígenas, la inestabilidad política de sus gobernantes no solo debilita el estado de derecho, sino que también genera una constante rotación de autoridades y funcionarios, lo que afecta la continuidad de las políticas, y el cumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidos por administraciones anteriores en favor de los pueblos indígenas, dificultando la consolidación de avances sostenibles en la garantía de sus derechos.
Por ello, es de vital importancia el Convenio 169 de la OIT, aprobado en 1989, ya que constituye el principal instrumento internacional vinculante para el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, destacando su autonomía, la protección de sus tierras, y de manera esencial, el derecho a la consulta previa respecto de las decisiones que pueden afectarles.
Posteriormente, luego de un prolongado proceso de negociación impulsado principalmente por los pueblos indígenas, en el 2007 se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la finalidad de garantizar la plena igualdad y derechos de los pueblos indígenas.
Alcances de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI)
La DNUDPI destaca principalmente los derechos colectivos como la autodeterminación, autogobierno, participación en el desarrollo y administración de justicia conforme a sus costumbres ancestrales, así como también, los derechos sobre las tierras y recursos naturales, los derechos culturales como las lenguas originarias, y los saberes tradicionales; también recalca el consentimiento libre, previo e informado y de la consulta como mecanismos de participación, es decir, busca la inclusión permanente de los pueblos indígenas.
En esa línea, se precisa que la DNUDPI no tiene el carácter vinculante que un tratado internacional; sin embargo, resulta necesario que los Estados en el marco de sus compromisos asumidos, lo implementen en sus políticas públicas y en sus planes de buena gobernanza.
También, la DNUDPI reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a fin de garantizar la continuidad de su existencia, así como su desarrollo y bienestar; destacando el derecho a la propiedad, lo cual tiene coherencia con el principio de no discriminación y el derecho a la cultura. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han confirmado, en diversos casos, que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos de propiedad sobre sus tierras y recursos naturales. Más aún, en el caso de Mayagana (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, la Corte señaló que, “entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, esta no se centra en un individuo, sino en el grupo y su comunidad” (Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2013).
Principales problemáticas regionales de los pueblos indígenas u originarios
En la actualidad, la mayoría de los pueblos indígenas continúan enfrentando serias dificultades para el pleno ejercicio de sus derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Esta situación genera una profunda preocupación en las autoridades comunales que los representan, quienes, en su calidad de portavoces de la población, canalizan ante los Estados un llamado urgente para la atención de sus necesidades prioritarias, así como la garantía del respeto de sus derechos fundamentales.
La participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones contribuye a lograr mejores resultados en los proyectos y programas. La eficacia de los programas gubernamentales, incluso de los que se proponen beneficiar específicamente a los pueblos indígenas, puede verse menoscabada desde el comienzo si ella no se respeta, ya que la ausencia de consultas adecuadas puede generar situaciones de conflictividad social, en las que los pueblos indígenas manifiestan su cólera y desconfianza, y que, en determinados casos, han derivado en actos de violencia (Naciones Unidas, 2009).
Minería ilegal
Es importante destacar una problemática que, lamentablemente, viene en aumento en algunos países amazónicos de Latinoamérica, como Perú, Brasil y Colombia, relacionada a la minería ilegal.
La minería de oro, especialmente en su forma ilegal y mediante el uso indiscriminado de mercurio, está causando daños profundos y sistémicos en los territorios. La contaminación de ríos, peces y suelos provoca intoxicaciones masivas, enfermedades crónicas, daños neurológicos en niñas y niños, malformaciones congénitas y muerte silenciosa.
En 2025, en Perú, el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), en colaboración con la Sociedad Zoológica de Frankfurt Perú, identificó niveles de mercurio alarmantes en el cabello de personas de siete pueblos indígenas del distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas, en la región Loreto; con valores de hasta 27,3 mg/kg, doce veces mayores al límite recomendado por la OMS (2,2 mg/kg). Niños de 0 a 4 años registraron entre 6,3 y 20,7 mg/kg, y mujeres en edad reproductiva alcanzaron hasta 20,19 mg/kg, valores críticos que ponían en riesgo el desarrollo neurológico de los fetos. Casi el 80% de las personas examinadas enfrentaban un riesgo medio o alto asociado al consumo de peces contaminados (CINCIA, 2025).
Este nivel de exposición también se repite en comunidades amazónicas de Colombia y Brasil, generando una grave amenaza para la salud pública, la seguridad alimentaria y la propia continuidad de la vida.
Además, la minería ilegal y el uso de mercurio destruyen tejidos sociales y culturales; arrasan lugares sagrados, generan violencia sexual, reclutan a jóvenes en redes criminales, alimentan amenazas, asesinatos, desplazamientos forzados y la criminalización de los liderazgos; por lo que, estas actividades fragmentan el territorio, socavan las economías propias y violan derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. El oro, desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, es un elemento de poder espiritual que no debe ser arrancado de la tierra sin respeto, porque su explotación desequilibra el orden natural y rompe la relación armónica con todos los seres del territorio.
En julio de 2025 participé en el “Primer intercambio de pueblos indígenas amazónicos sobre la minería ilegal de oro y la contaminación por mercurio en sus territorios”, realizado en el Parque Nacional Natural Amacayacu, en Leticia, Colombia, organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), a la cual asistieron autoridades comunales y pobladores de los pueblos indígenas de Perú, Colombia y Brasil, además de los representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Defensoría del Pueblo de Perú y Colombia, entre otros actores. Este espacio permitió escuchar a los pueblos indígenas de la triple frontera, quienes identificaron los diferentes problemas que viene originando la minería ilegal, y emitieron un pronunciamiento conjunto, con la finalidad que los Estados adopten medidas urgentes. (FCDS, 2025).
Ante esta problemática amazónica, dentro del pronunciamiento emitido a los Estados, se les exigió garantizar programas de atención integral en salud física y mental para las familias, priorizando la niñez, la juventud y las mujeres, con tamizajes, exámenes toxicológicos y medicina especializada; que consideren la creación de una red amazónica de monitoreo comunitario de la salud frente al mercurio, articulada con los sistemas de salud nacionales e internacionales, asegurando información oportuna para la toma de decisiones. Asimismo, se requirió a los Estados que protejan la alimentación fortaleciendo los sistemas alimentarios tradicionales, ante el riesgo de contaminación de los peces, lo cual constituye la principal fuente de consumo de los pobladores.
Del mismo modo, referente a la defensa del territorio indígena y la cultura viva, se concluyó que es necesario que los Estados aseguren la demarcación, titulación colectiva y seguridad jurídica de sus territorios ancestrales; protejan la vida e integridad de personas defensoras y líderes comunitarios, con mecanismos reales de protección y acceso a la justicia; asimismo, es necesario que protejan a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, así como a los pueblos transfronterizos, frente a las amenazas crecientes de la minería de oro.
En cuanto a la defensa de la gobernanza y la vigilancia comunal, se consideró que es fundamental fortalecer la cooperación transfronteriza entre los Estados para frenar el comercio ilegal de oro, mercurio y delitos asociados; por lo que, se entendió que se deben aplicar normas nacionales e internacionales desde la perspectiva cultural de los pueblos indígenas, garantizando el respeto pleno de sus derechos; así como, que deben cumplir de forma efectiva los tratados y decisiones judiciales que reconocen a la Amazonía y otros elementos naturales como sujetos de derechos; aunado a la asignación de presupuestos suficientes para estas acciones, y garantizando la participación en su gestión y vigilancia.
Conflictos sociales y ambientales
En Perú, el asesinato del líder indígena Quinto Inuma evidenció los riesgos que enfrentan en la actualidad los defensores ambientales de la Amazonía; al ser emboscado y asesinado por denunciar actividades ilegales como invasiones, tráfico de tierras, narcotráfico y tala ilegal (Arellano, 2024).
Como se ha analizado en el presente, la Amazonía es un territorio en disputa donde los pueblos indígenas resisten frente a un extractivismo que amenaza su entorno y cultura. Aunque ahora son reconocidos como sujetos de derecho internacional, investigaciones como “las deudas del petróleo” señalan la enorme distancia entre la norma y la realidad; de esta manera, en Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú se han identificado más de 8,000 puntos contaminados que permanecen sin remediar tras 50 años de explotación petrolera. Esta situación de suelos y humedales afectados por crudo representa una deuda pendiente en materia de reparación por injusticias históricas, afectando el derecho fundamental de los pueblos a determinar sus propias estrategias de desarrollo (Arellano, 2024).
En materia de conflictos sociales, especialmente en zonas de pueblos indígenas, se hace necesario que los Estados intervengan oportunamente para evitar situaciones que puedan amenazar o violar los derechos fundamentales, así como, afectar la gobernabilidad local, regional o nacional y abrir el camino a procesos de diálogo que contribuyan a su solución.
En Perú, el departamento de Loreto desde el 2020, registra el mayor número de conflictos sociales. A mayo del 2026 tiene 24 casos de este tipo, siendo la mayoría medioambientales, vinculados a la actividad petrolera, que involucran a pueblos indígenas que exigen la remediación ambiental y el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Estado y las organizaciones indígenas, relacionados a la consulta previa, infraestructura y equipamiento logístico y con recursos humanos en los establecimientos de salud e instituciones educativas con pertinencia intercultural, así como la titulación de sus territorios comunales, el acceso a las telecomunicaciones, generación de proyectos productivos de agricultura y pesca, entre otros (Defensoría del Pueblo, 2026).
De esta manera, los conflictos sociales y ambientales se agravan por la frustración y desconfianza de la población indígena y sus dirigentes, debido al incumplimiento repetido de acuerdos alcanzados en mesas de diálogo con el Estado. El Estado debe desarrollar sus intervenciones con un análisis previo de cada demanda, a través de su equipo de trabajo multidisciplinario, debiendo primar el enfoque intercultural.
Escasez y deficientes servicios públicos
El derecho al agua y al saneamiento exige a los Estados el desarrollo de políticas públicas eficaces; debido a que la falta de acceso a estos servicios impide cubrir necesidades básicas y aumenta el riesgo de enfermedades. Particularmente, los pueblos indígenas presentan alta vulnerabilidad por las malas condiciones ambientales y sociales; debido a los impactos causados por la minería ilegal, la actividad extractiva al ocasionarse los derrames de hidrocarburos en fuentes de agua que consumen los pobladores, aunado a la poca presencia del Estado.
En el 2020, al producirse la pandemia del covid-19, la Organización Mundial de la Salud recomendó medidas de higiene y prevención para enfrentar dicha enfermedad; sin embargo, en la mayoría de los países de Latinoamérica se observó la triste realidad relacionada a la carencia de agua potable, saneamiento y condiciones de viviendas de hacinamiento; además, evidenció las desigualdades sociales y la necesidad de que los gobiernos fortalezcan sus políticas públicas y los objetivos de desarrollo sostenible para enfrentar estas brechas.
En ese mismo año, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú, señaló que un 9.2% de su población no tenía acceso a agua a través de red pública, y un 25.2 % carecía del servicio de alcantarillado. Esta situación es más crítica en la región amazónica de Loreto, donde el 43.7% de su población no contaba con acceso a agua a través de red pública, y un 25.1% carecía de los servicios de alcantarillado. Estas brechas en agua y saneamiento en la región Loreto se agudizan a causa de las diversas contingencias ambientales y sociales que afectan con mayor incidencia a las poblaciones del ámbito rural, como es el caso de las comunidades indígenas (Defensoría del Pueblo, 2023).
Conclusiones
A pesar de la existencia del marco normativo internacional, persiste la preocupante desconexión con la realidad por parte de los Estados, con una gestión pública tardía y carente de compromisos, generando mayor vulnerabilidad de los pueblos indígenas.
Problemáticas ambientales como la minería ilegal y el uso del mercurio, representan una amenaza para los pueblos indígenas, por los daños irreversibles en la salud. Las poblaciones indígenas sufren exclusión estructural que limita el acceso a los servicios básicos, esta problemática se agrava por la inestabilidad política y la falta de continuidad en las políticas públicas, dificultando el cumplimiento efectivo de sus derechos fundamentales. La ausencia de procesos de consulta previa no solo vulnera su autodeterminación, sino que es una causa directa de conflictividad social y desconfianza hacia el Estado.
Los Estados deben cumplir la aplicación del enfoque intercultural en la gestión pública, es decir: se debe fortalecer la gobernanza indígena, así como, proteger a los defensores ambientales, y asegurar que las intervenciones estatales respeten las cosmovisiones y estrategias de desarrollo propias de cada pueblo.
Por Milagros Costa Sinacay, abogada peruana con amplia experiencia en la defensa de los derechos fundamentales, enfocada en la protección de grupos vulnerables y la supervisión de la administración pública. Especialista en interculturalidad, pueblos indígenas, medio ambiente, relaciones comunitarias, gobernanza y resolución de conflictos socioambientales, y maestranda en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid.
Este artículo fue seleccionado en la convocatoria de artículos (Call for Papers) del Observatorio ALERTA Latam de FIBGAR, dirigida al alumnado del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Agradecemos al autor su valiosa contribución a este espacio de análisis y reflexión crítica sobre los desafíos que enfrenta América Latina, y su compromiso con la promoción de los derechos humanos, la justicia y la democracia en la región.
REFERENCIAS
Arellano, A. (2024). Mongabay. Pueblos indígenas en Latinoamérica: el 2023, un año marcado por la violencia en contra de las comunidades y sus territorios. California. Estados Unidos. https://es.mongabay.com/2024/01/balance-pueblos-indìgenaslatinoamerica-2023-marcado-por-violencia/
Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA). (2025). Mercurio en Loreto: Exposición humana y en peces en el contexto de la expansión minera amazónica. Perú. https://cincia.org/wp-content/uploads/Reporte_-Mercurio-en-Loreto_-Exposicionhumana-y-en-peces-.pdf
Defensoría del Pueblo. (2023). El acceso al agua potable y saneamiento en poblaciones vulnerables: el caso de las comunidades indígenas de las Cuatro Cuencas en Loreto. (Informe Defensorial n.º 0001-2023-DP/AMASPPI. Perú, p. 4. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4570043/INFORME%20AGUA%20POTABLE%20SANEAMIENTO%20POBLACIONES%20VULNERABLES.pdf?v=1684 337445
Defensoría del Pueblo. (2026). Reporte de conflictos sociales N.º 264. Perú. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2026/03/Reporte-de-ConflictosSociales-n-264-febrero-26.pdf
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2013). Manual para las instituciones nacionales de derechos humanos. Ginebra (p.18).
Naciones Unidas. (2009). Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, 12º período de sesiones. Ginebra (p. 13).
Pronunciamiento Conjunto de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de Colombia, Perú y Brasil sobre la Minería de Oro y el Uso de Mercurio en la Amazonía. (2025).
