¿Sabes qué pasó? Boletín Mensual – Agosto 2026
Liberia avanza hacia la creación de un tribunal para juzgar crímenes de guerra
En mayo de 2026, Liberia presentó un nuevo proyecto de ley. El objetivo es crear un tribunal para crímenes de guerra. El tribunal tendría que investigar y procesar crímenes graves cometidos durante las guerras civiles de Liberia.
En Liberia hubo dos guerras civiles en las que se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, como asesinatos, torturas, violencia sexual y el reclutamiento de niños soldados. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia ya recomendó la creación de este tribunal en 2009.
La recomendación de 2009 siguió sin implementarse durante muchos años. Sin embargo, todavía existen varios retos, como el compromiso político, la financiación, la independencia judicial y la participación de las víctimas. Estos retos son especialmente importantes porque pueden afectar al acceso de las víctimas a la justicia y al enjuiciamiento de los responsables.
En este contexto, la creación del tribunal podría representar un paso importante para fortalecer la rendición de cuentas, garantizar justicia para las víctimas y avanzar en la lucha contra la impunidad. Al mismo tiempo, su funcionamiento efectivo será esencial para apoyar la justicia transicional y la reconciliación en Liberia.
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Estados Unidos impone nuevas sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional
El 18 deagosto de 2026, el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra dos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI). Los funcionarios sancionados son Tomoko Akane, de Japón, presidenta de la CPI, y Abdoulaye Seye, de Senegal, abogado litigante sénior de la CPI. Las sanciones se basan en una orden ejecutiva emitida por el presidente Trump.
La orden ejecutiva permite a Estados Unidos bloquear activos y restringir la entrada al país de determinadas personas vinculadas a investigaciones y procesos de la CPI. El 11 de agosto de 2026, Human Rights Watch y otras tres organizaciones de derechos humanos presentaron además una demanda ante un tribunal federal estadounidense contra este régimen de sanciones.
Human Rights Watch sostiene que las sanciones amenazan la independencia y el trabajo de la CPI y podrían dificultar su capacidad para llevar ante la justicia a los responsables de graves crímenes internacionales. Las organizaciones que presentaron la demanda también consideran que estas medidas pueden afectar al acceso de las víctimas a la justicia y a la lucha contra la impunidad.
Estas sanciones plantean dudas sobre sus posibles efectos en la independencia de la CPI y en el funcionamiento de la justicia internacional. La protección de la independencia judicial resulta especialmente importante para garantizar la rendición de cuentas por crímenes graves y el acceso de las víctimas a la justicia.
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España refuerza la protección de las personas informantes de corrupción en el ámbito laboral
El 28 de julio de 2026, el Gobierno de España aprobó un anteproyecto de ley para reforzar la protección de las personas trabajadoras que informan sobre infracciones normativas o casos de corrupción en sus empresas. La propuesta tiene como objetivo proteger a estas personas frente a la discriminación, las represalias y otros tratos desfavorables en el ámbito laboral. La Moncloa confirma además que el anteproyecto prevé la nulidad de determinadas decisiones empresariales y despidos vinculados a una comunicación o revelación protegida
Algunos despidos relacionados con la denuncia de conductas indebidas podrían declararse nulos. La reforma forma parte de los esfuerzos más amplios de España para reforzar la integridad y la lucha contra la corrupción.
España ya cuenta con la Ley 2/2023, que regula la protección de las personas informantes y los canales de información. La norma protege a personas que comunican determinadas infracciones y establece sistemas internos y externos de información.
Una mayor protección de las personas informantes puede contribuir a crear un entorno laboral en el que sea posible denunciar irregularidades sin temor a represalias. De esta manera, la reforma puede favorecer la transparencia, la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción y la impunidad.
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