Daños a la naturaleza y al medio ambiente en la justicia transicional colombiana
Desde el derecho penal internacional, especialmente a partir del Estatuto de Roma, los daños ambientales en los conflictos armados suelen entenderse como consecuencias secundarias o colaterales de las hostilidades. Así, la contaminación de los ríos, la destrucción de los bosques, la explotación ilegal de recursos naturales y la alteración de los ecosistemas quedan relegadas frente a las afectaciones ocasionadas directamente a la población humana.
Esta perspectiva, sin embargo, ha resultado insuficiente para explicar lo ocurrido en numerosos territorios de Colombia durante el conflicto armado entre la Fuerza Pública y las extintas FARC-EP. La violencia no solo se manifestó mediante crímenes contra la población civil, sino que transformó las condiciones materiales, culturales, espirituales y ancestrales que hacen posible la existencia de comunidades enteras. En ese sentido, la violencia ejercida contra los pueblos no puede separarse del daño a la naturaleza que habitan y construyen, ya que se encuentran íntimamente relacionados, a partir de su relación con el territorio, sus formas de vida y sus sistemas de conocimiento.
La jurisprudencia colombiana sentó las bases para esta comprensión a partir de la Sentencia T-622 de 2016, mediante la cual la Corte Constitucional reconoció al río Atrato, su cuenca y sus afluentes como sujetos de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración, frente a la grave contaminación ocasionada, entre otros factores, por la minería ilegal y el uso de mercurio. La decisión trascendió el reconocimiento jurídico del río al identificar, además, que su degradación comprometía la supervivencia física y cultural de las comunidades indígenas y afrodescendientes que han construido sus relaciones sociales, económicas y espirituales alrededor de sus aguas.
Posteriormente, mediante la Sentencia STC4360 de 2018, la Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos, incorporando una perspectiva intergeneracional frente a la deforestación, entendiendo los efectos de esta sobre las generaciones presentes y futuras.
Aunque ambos pronunciamientos atribuyen derechos a entidades naturales, responden a fundamentos distintos, en el caso del río Atrato, la relación biocultural con las comunidades étnicas tuvo un lugar central; en la Amazonía, la protección se articuló especialmente con las obligaciones estatales frente al cambio climático y los derechos de las generaciones futuras. Esta distinción permitió diferenciar el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos de su reconocimiento en calidad de víctima.
Esta comprensión ha adquirido especial relevancia en la justicia transicional colombiana y sus desarrollos legislativos y jurisprudenciales, particularmente mediante las decisiones de acreditación de víctimas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya que ha reflejado que laviolencia contra los pueblos étnicos no puede comprenderse únicamente desde los daños ocasionados a sus integrantes, pues también compromete sus territorios, ecosistemas y relaciones espirituales, culturales y comunitarias. Así lo muestran el Auto SRVBIT 079 del 12 de noviembre de 2019, que reconoció como víctima el territorio ancestral Katsa Su, del pueblo Awá, en el Caso 02; el Auto SRVBIT 094 del 10 de junio de 2020, relativo al territorio Eperara Euja, del pueblo Eperara Siapidaara; y el Auto SRVR 226 del 12 de junio de 2023, que reconoció al río Cauca como víctima por su contaminación y utilización como lugar de disposición de cuerpos, entre otros aspectos. A estos precedentes se suma el Auto SRVBIT-XCBM-NNHC-JJCP-ACHP-01 del 25 de junio de 2024, proferido en el Caso 09 por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, mediante el cual se acreditó como víctima colectiva el territorio ancestral de la Sierra Nevada de Gonawindua, delimitado por los sitios sagrados de la Línea Negra y habitado por los pueblos Wiwa, Kankuamo, Kogui y Arhuaco.
El aporte de estas decisiones consiste en incorporar la destrucción de los vínculos entre las comunidades y su entorno como parte de la experiencia de victimización. Esto no significa que los autos de acreditación constituyan declaraciones definitivas de responsabilidad penal, sino que permiten incorporar estas dimensiones del daño al proceso judicial.
La relación entre naturaleza y pueblos étnicos adquiere una dimensión particular desde las concepciones de las mujeres indígenas de la Sierra Nevada, especialmente del pueblo Wiwa. En esta cosmovisión, la naturaleza no es una realidad exterior o disponible para la explotación humana, sino una serie de seres, espacios y fuerzas espirituales que participan del equilibrio de la vida. La Madre Tierra y determinados elementos del territorio se vinculan con lo femenino; los sitios sagrados femeninos, por ejemplo, guardan relación con los ciclos vitales, la sexualidad, la fertilidad, la reproducción y las prácticas espirituales de las mujeres. No se trata de una simple comparación entre mujer y naturaleza, sino de una relación de correspondencia y pertenencia entre el cuerpo y el territorio. Por ello, la inundación, contaminación, destrucción o inaccesibilidad de estos espacios puede repercutir en los cuerpos de las mujeres, sus conocimientos ancestrales y sus prácticas de saneamiento. Así ocurre con las Sagas Wiwa, autoridades espirituales femeninas que realizan danzas, cantos y pagamentos en lugares sagrados para contribuir al equilibrio entre la comunidad y la Madre Tierra. Considerando este especial vínculo es que se entiende que la reparación debe comprender la recuperación del ecosistema, la restauración de los vínculos ancestrales, la protección de los sitios sagrados y la participación de las mujeres y autoridades tradicionales en las medidas de sanación territorial.
Desde esta perspectiva, es que se entiende que el daño ambiental no debe considerarse un efecto secundario de otras formas de violencia. La destrucción de un territorio puede afectar las condiciones de existencia de una comunidad, facilitar su desplazamiento, debilitar sus estructuras sociales y alterar las relaciones que sostienen su identidad colectiva. En determinadas circunstancias, estas afectaciones pueden relacionarse con elementos de crímenes como el traslado forzoso, la persecución o el exterminio, siempre que se acrediten los requisitos exigidos.
Esto, igualmente, tampoco significa que cualquier daño ecológico constituya un crimen de lesa humanidad ni que la destrucción de la naturaleza configure automáticamente el crímen de genocidio. Implica, más bien, que el análisis jurídico no puede aislar la violencia contra las personas de las estrategias que destruyen las condiciones territoriales necesarias para su supervivencia.
Esta reflexión también cuestiona los modelos de reparación que reducen la restauración de la naturaleza a sembrar árboles o ejecutar actividades ambientales generales de forma simbólica basadas en concepciones occidentales y antropocéntricas. No es equivalente intervenir un bosque seco tropical, una cuenca hidrográfica o un espacio sagrado indígena. La restauración debe partir de la identificación del daño, sus causas y las características del ecosistema, con participación de quienes conocen y habitan el territorio, articulando el conocimiento científico con los saberes ancestrales y comunitarios.
También debe considerarse la capacidad de regeneración de la naturaleza cuando cesan las presiones humanas y las hostilidades. La recuperación de ecosistemas después del desplazamiento de comunidades o de la disminución de la intervención armada permite observar sus propios procesos de regeneración. La aparición de especies en territorios a los que fue posible regresar después del Acuerdo de Paz evidencia la importancia de garantizar condiciones para la investigación científica, para evaluar en qué medida esos procesos de recuperación se autogestionan/generan. Sin embargo, esa capacidad no sustituye la responsabilidad de quienes causaron los daños ni borra la obligación de reconocer, investigar y reparar las violencias cometidas.
En conclusión, la novedad del proceso colombiano no radica en la creación de una categoría única para abordar todas las formas de daño ambiental, sino en la construcción progresiva de un marco jurídico que vincula la integridad de los ecosistemas con los derechos humanos, la diversidad étnica y cultural, la participación comunitaria y la reparación en escenarios de justicia transicional. En este desarrollo, la jurisprudencia constitucional ha reconocido a determinados ecosistemas como sujetos de derechos, mientras que el marco normativo de víctimas con pertenencia étnica ha incorporado la posibilidad de reconocer al territorio y a la naturaleza como víctimas.
En este contexto, la JEP ha abierto espacios para investigar las afectaciones territoriales y ambientales ocasionadas en el marco del conflicto armado, particularmente aquellas que comprometen territorios ancestrales de pueblos étnicos. Para ello, ha acudido a distintas fuentes del derecho, entre ellas el DPI, DIH, la jurisprudencia internacional, el derecho penal interno y el derecho propio de los pueblos indígenas.
Sin embargo, este ejercicio enfrenta obstáculos relacionados con la infracriminalización de determinadas conductas que ocasionan graves daños ambientales, expresada tanto en las insuficiencias de su tratamiento legislativo como en la limitada persecución penal de sus responsables, particularmente cuando involucra actores con posiciones de poder económico, político o institucional. A ello se suma la escasa visibilidad de estas afectaciones y de su relación con las condiciones de existencia, reproducción cultural y pervivencia de los pueblos étnicos.
Por tanto, el desafío de este tribunal no se limita a reconocer jurídicamente la naturaleza y los territorios como víctimas, sino que exige evitar que tales reconocimientos permanezcan en el plano declarativo y simbólico. Su alcance dependerá de la capacidad institucional para prevenir nuevos daños, investigar y establecer responsabilidades, y garantizar medidas de restauración que respondan tanto a las condiciones ecológicas de los ecosistemas como a las particularidades culturales y territoriales de las comunidades afectadas.
Por Francisco Javier Díaz Pombo, Abogado, con estudios doctorales en Derecho Penal y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de José C. Paz (Argentina). Colaborador del Observatorio Alerta LATAM de FIBGAR.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-622 de 2016 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia STC4360-2018 (Rad. 11001-22-03-000-2018-00319-01, M. P. Luis Armando Tolosa Villabona). https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/04/STC4360-2018-2018-00319-011.pdf
Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. (2019, 12 de noviembre). Auto SRVBIT 079 de 2019. Caso 02.
Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. (2020, 10 de junio). Auto SRVBIT 094 de 2020. Caso 02.
Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. (2023, 12 de junio). Auto SRVR 226 de 2023. Caso 05.
Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. (2024, 25 de junio). Auto SRVBIT-XCBM-NNHC-JJCP-ACHP-01. Caso 09.
Colombia, Presidencia de la República. (2011, 9 de diciembre). Decreto Ley 4633 de 2011, por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=44966
Corte Penal Internacional. (1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts/rome-statute-international-criminal-court
Fernández Almeida, V. D., & Manestar, M. S. (2025). Sobrecriminalización e infracriminalización de las luchas ambientales en un contexto de constitucionalización del extractivismo. Revista de Investigaciones del Departamento de Derecho y Ciencia Política, 1(1), 123–151. https://doi.org/10.54789/4v8vp469
Vegh Weis, V. (2024). Todo preso es político: Una historia sobre la (in)justicia penal. CLACSO y Universität Konstanz. https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2024/05/Todo-preso-es-politico.pdf
Jurisdicción Especial para la Paz, Unidad de Investigación y Acusación. (2022). El ambiente como víctima silenciosa: Un diagnóstico de las afectaciones en el posacuerdo de paz (2017–2022).
