Desigualdad estructural en América Latina: reflexiones en el Día Mundial de la Justicia Social
La justicia social constituye un principio esencial orientado a garantizar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades, de modo que todas las personas puedan desarrollar plenamente su potencial y acceder a una vida digna. Su fundamento radica en la reducción de las desigualdades y en la eliminación de las barreras que obstaculizan el ejercicio de derechos, reconociendo la existencia de desigualdades históricas y estructurales que afectan especialmente a determinados grupos. En este sentido, no se limita a combatir la pobreza y la exclusión, sino que se proyecta como un pilar para la construcción de sociedades más pacíficas, inclusivas y cohesionadas, donde el bienestar sea un derecho real y universal.
En un escenario atravesado por la intensificación de la globalización y por profundas transformaciones estructurales, persisten problemáticas como crisis financieras recurrentes, discriminación, inseguridad, pobreza, falta de acceso a servicios básicos –educación, vivienda y salud–, desempleo o precarización laboral, así como fenómenos de exclusión y desigualdad tanto dentro de los Estados como entre ellos. En este contexto, y con el propósito de profundizar los esfuerzos orientados a enfrentar los graves desafíos que obstaculizan la realización de la justicia social a nivel mundial, la comunidad internacional ha impulsado diversas iniciativas. El 26 de noviembre de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 62/10, declarando el 20 de febrero de cada año como el Día Mundial de la Justicia Social. Por su parte, el 10 de junio de 2008, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó por unanimidad la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa.
En este contexto, América Latina en particular ha enfrentado históricamente profundas dificultades para alcanzar el pleno empleo, garantizar la sostenibilidad de sociedades abiertas e integradas en la economía global, promover la cohesión social y combatir la pobreza y las desigualdades estructurales. La persistencia de herencias coloniales, la relativa juventud de sus democracias –forjadas tras extensos y cíclicos períodos dictatoriales– y las diversas formas de intervencionismo extranjero que marcaron la trayectoria política y económica de la región, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX, han condicionado de manera significativa sus procesos de desarrollo. En este contexto, la construcción de la justicia social ha representado, y continúa representando, un desafío complejo y permanente para las sociedades latinoamericanas.
Actualmente, la región se presenta como la más desigual del mundo. De acuerdo con Informe el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025 de la CEPAL, la concentración del ingreso permanece en niveles extremadamente altos: el 10 % más rico concentra el 34,2 % del ingreso total, mientras que el 10 % más pobre accede apenas al 1,7 %. No obstante, la desigualdad en la región no se limita a la distribución del ingreso, sino que constituye un fenómeno estructural y multidimensional, vinculado también a brechas en acceso a oportunidades, educación, empleo y protección social. El informe señala, además, la persistencia de una baja movilidad social y una débil cohesión social, factores que profundizan las asimetrías existentes. En esta línea, el coeficiente de Gini promedio se mantiene entre los más elevados a nivel global, solo por debajo del registrado en África Subsahariana. En 2024, el 25,5% de la población latinoamericana –162 millones de personas– se encontraba en situación de pobreza por ingresos, mientras que la pobreza extrema afectaba al 9,8 % –66 millones de personas–. Si bien esta última cifra representa una leve disminución respecto del año anterior, continúa situándose 2,1% por encima del mínimo histórico alcanzado en 2014, evidenciando la continuidad de brechas estructurales que obstaculizan avances sostenidos en materia de justicia social.
Estos datos reflejan la persistencia de una estructura distributiva profundamente asimétrica en la región y la consolidación de un patrón global de disparidades estructurales. Como se observa, la desigualdad social constituye un rasgo estructural y, por tanto, un desafío central para América Latina. Si bien, según la CEPAL, el porcentaje de personas que viven por debajo de la línea de pobreza se encuentra en descenso, esto se explica principalmente por el aumento de los salarios reales en algunos países en 2024 –República Dominicana, Costa Rica, México y Paraguay– y la concentración de la riqueza continúa en manos de una minoría, con países como Colombia, Brasil y Panamá figuran entre los más desiguales de la región. En ese sentido, este ciclo de desigualdad económica, en un contexto de bajo crecimiento y tensiones comerciales y geopolíticas, reproduce y profundiza otras brechas estructurales.
El el análisis de esta problemática se deben contemplar, además, los distintos ejes que estructuran la desigualdad –como el género, la pertenencia étnico-racial, la edad, el territorio o la presencia de discapacidades–, los cuales inciden en la magnitud, permanencia y reproducción de las brechas sociales. Las múltiples dimensiones de la desigualdad se encadenan, se entrecruzan y se potencian entre sí, afectando de manera particular a determinados grupos de población. La CEPAL subrayó que la pobreza en la región impacta de forma desproporcionada en mujeres, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, así como en la población rural –donde las tasas alcanzan el 39,1 %, frente al 24,6 % en áreas urbanas–. Por su parte, menos del 40% de las personas con discapacidad de 15 a 59 años forma parte de la fuerza de trabajo en comparación con el 75% de las personas sin discapacidad de esa edad. En este órden, las desigualdades de género atraviesan a la mitad de la población, condicionada por la división sexual del trabajo y la organización social de los cuidados: en 2022, solo el 53,5 % de las mujeres participaba en el mercado laboral y, entre aquellas fuera de la fuerza de trabajo, el 56,3 % se dedicaba exclusivamente a tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, en contraste con el 7,3 % de los hombres. Asimismo, a partir de los 65 años, las mujeres presentan mayores niveles de pobreza que los hombres, incluso cuando perciben pensiones, y el 70,3% de quienes no reciben ningún tipo de jubilación dispone de ingresos inferiores a la línea de pobreza, lo que evidencia la persistencia de desigualdades estructurales que obstaculizan avances sostenidos en materia de justicia social.
Por su parte, el Informe sobre la Desigualdad Global publicado por el Laboratorio de las Desigualdades Mundiales (WIL) –en el que participan 200 investigadores y que ha sido encabezado por los economistas Ricardo Gómez Carrera, Thomas Piketty, Lucas Chancel y Rowaida Mushrif–, afirma que el 10 % más rico de América Latina concentra el 57 % de los ingresos totales, mientras que el 50 % más pobre apenas accede al 8 %.
Esta marcada concentración de recursos y oportunidades configura un entramado complejo de brechas interrelacionadas que se traducen en exclusión sistemática, prácticas discriminatorias y dinámicas de subordinación social. Al mismo tiempo, deteriora la calidad institucional y tensiona la legitimidad democrática, comprometiendo el ejercicio efectivo de derechos y el acceso equitativo a las condiciones necesarias para una ciudadanía plena. En este sentido, el Informe Anual 2024 de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reafirma que el fortalecimiento de la democracia en la región constituye un pilar fundamental para la garantía efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero también advierte que la realización de estos derechos es condición indispensable para la existencia de un debate democrático genuino y para prevenir procesos de erosión institucional. Y que el acceso efectivo a derechos como la educación, la salud, la vivienda digna, el trabajo decente y un medio ambiente sano no solo incide directamente en la calidad de vida de la población, sino que determina su capacidad real de participación en la vida pública. Por el contrario, sostiene que la ausencia de políticas económicas y sociales inclusivas y redistributivas propicia el descontento ciudadano y la desafección hacia las instituciones, incrementa la desconfianza en la democracia como sistema de gobierno y puede derivar en el debilitamiento del Estado de derecho y en la emergencia de narrativas autoritarias que prometen soluciones inmediatas sin garantizar derechos ni procesos democráticos.
Como se evidencia en los datos expresados, esta tendencia solo experimentó una reversión parcial durante la primera década y media del siglo XXI, cuando la región vivió un giro hacia gobiernos progresistas y populares que centraron sus políticas en la reducción de desigualdades y la ampliación de derechos sociales. No obstante, este avance se ha detenido debido a la crisis hegemónica global y al fortalecimiento de fuerzas regresivas, autoritarias y de extrema derecha que han ganado terreno en varios países y que han llevado a la región a una de las épocas de mayores retrocesos para los derechos humanos y la igualdad social.
En ese sentido, vemos cómo en países como Argentina la implementación de políticas públicas de fuerte ajuste, ha reducido drásticamente la presencia del Estado, desarrollando un modelo de gobierno no respetuoso con el ideal democrático de la igualdad social, donde el foco está radicado en la estabilidad de la balanza fiscal más que en el bienestar general de la población. Las consecuencias son claras: el empobrecimiento de trabajadores, la paralización de la obra pública y el aumento del desempleo han llevado a que la pobreza alcance el 52,9 % en el primer semestre de 2024, afectando al 66,1 % de la infancia –2 de cada 3 niñas y niños menores de 14 años–. Asimismo, según el reciente informe del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la población sin hogar creció un 57 % en los últimos dos años, llegando a 5.176 personas, cifra que organizaciones de derechos humanos consideran subestimada.
Asimismo, en muchos países de la región se observa una tendencia creciente a reducir derechos laborales bajo el argumento de “modernización” para atraer inversiones, debilitando la negociación colectiva, incrementando la precariedad laboral yconsolidando un modelo que profundiza la desigualdad, concentra la riqueza y limita la justicia social. Ecuador, por ejemplo, se ubica entre los tres peores países del mundo para los trabajadores según el Índice Global de Derechos 2025 de la CSI, debido a leyes y prácticas que obstaculizan la formación sindical y limitan la protección laboral, mientras que Argentina sigue un patrón similar con el nuevo proyecto de Ley Laboral que busca flexibilizar derechos, recortar licencias médicas, excluir a trabajadores domésticos y de plataformas de la aplicación de la ley y socavar la justicia laboral y la organización sindical.
En contraste vemos cómo otros gobiernos rechazan estas políticas y avanzan hacia políticas más justas y protectoras del trabajo. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha avanzado en la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas entre 2026 y 2030 sin afectar los salarios; en Chile, la nueva legislación laboral se implementa de forma gradual, reduciendo la jornada obligatoria a 44 horas en 2025 y a 40 horas para 2028; en Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro ha impulsado el aumento salarial más alto en tres décadas –del 23,8%–; mientras que en Brasil, el presidente Lula da Silva busca eliminar el esquema laboral 6×1 y reducir la jornada semanal de 44 a 40 horas, adaptándola a los avances tecnológicos. Estas iniciativas reflejan que también existe un esfuerzo regional por fortalecer la justicia social y mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores.
La justicia social no se decreta ni se limita a grandes discursos: se construye en la vida cotidiana, en cada comunidad, en cada espacio donde las personas alzan la voz por un futuro más equitativo. Los desafíos estructurales que atraviesan América Latina —desigualdad extrema, precarización laboral, brechas de género, pobreza y exclusión territorial— requieren políticas integrales que vinculen la economía, el trabajo, la protección social y la sostenibilidad ambiental. Solo a través de la articulación de estas dimensiones, del fortalecimiento institucional y de la construcción de pactos sociales se puede avanzar hacia una igualdad real y sostenible.
Reducir la desigualdad implica no solo implementar medidas redistributivas, como transferencias sociales y aumento del salario mínimo, sino también políticas predistributivas que permitan que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sean efectivamente accesibles. Es urgente transformar las narrativas y estructuras que perpetúan la desigualdad, promoviendo la participación ciudadana, garantizando el acceso a la educación, la salud, el trabajo digno y la vivienda, y fomentando una cultura de igualdad que reconozca y valore las diferencias. Solo así la justicia social dejará de ser una promesa para convertirse en práctica concreta, donde la democracia y la equidad sean pilares inseparables de la vida colectiva.
Federica Carnevale, Responsable de proyectos de FIBGAR.
REFERENCIAS:
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