El Paquete Ómnibus bajo la lupa de la ONU: riesgos para los derechos humanos y el acceso a la justicia
El Paquete Ómnibus es una iniciativa de la Comisión Europea que busca simplificar la normativa en sostenibilidad empresarial, con el objetivo de reducir la carga administrativa sobre las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Esta propuesta introduce cambios importantes en directivas clave como la de Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD), la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), la Taxonomía de la UE y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM).
Aunque la simplificación regulatoria puede tener beneficios desde el punto de vista empresarial, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), a través de su comentario “OHCHR Commentary on the Omnibus Proposal EU proposal risks backsliding on historic Corporate Sustainability Directive”, alerta que algunas de estas modificaciones podrían debilitar seriamente las herramientas legales que garantizan la reparación para las víctimas de abusos empresariales.
El documento del OHCHR expone con claridad cómo varias de las medidas contenidas en el Paquete Ómnibus representan una amenaza directa para la capacidad de las víctimas de acceder a justicia. Entre las observaciones más relevantes se destacan las siguientes:
- Reducción del alcance de la debida diligencia: El Paquete Ómnibus limita la responsabilidad de las empresas a sus relaciones comerciales directas, eliminando la exigencia de supervisar toda la cadena de suministro. Para el OHCHR, esto contradice los Principios Rectores de la ONU, que establecen que las empresas deben prevenir impactos negativos a lo largo de toda su actividad, incluyendo relaciones indirectas. Esta reducción deja desprotegidas a miles de personas trabajadoras y comunidades afectadas por prácticas empresariales fuera de los contratos inmediatos.
- Eliminación de la responsabilidad civil a nivel europeo: Otra preocupación importante es la supresión de la disposición que permitiría a las víctimas demandar a empresas por daños relacionados con incumplimientos en la debida diligencia. Al dejar esta cuestión a la interpretación de cada Estado miembro, se corre el riesgo de generar una fragmentación legal que obstaculice el acceso a la justicia, especialmente en los países con sistemas judiciales menos robustos.
- Dilución de las obligaciones de reporte: El paquete Ómnibus reduce significativamente las obligaciones de información. Esto puede suponer una pérdida de transparencia y dificultar que los grupos afectados, así como inversores y reguladores, puedan exigir responsabilidades basadas en hechos verificables.
- Exclusión de pequeñas y medianas empresas: Si bien el objetivo de proteger a las pymes de cargas desproporcionadas puede ser legítimo, el OHCHR advierte que muchas de estas empresas operan en sectores con alto riesgo de impactos negativos (como agricultura, confección o minería). Excluirlas del marco regulatorio puede perpetuar condiciones de trabajo precarias o violaciones de derechos sin mecanismos efectivos de control.
El comentario del OHCHR insiste en que la Unión Europea, como actor normativo global, tiene una responsabilidad especial de establecer estándares ambiciosos que promuevan los derechos humanos más allá de sus fronteras. El debilitamiento de la normativa relativa a la sostenibilidad empresarial no solo afectaría a las víctimas dentro del territorio europeo, sino que tendría repercusiones en países en desarrollo donde operan muchas de las cadenas de suministro globales de las empresas europeas.
Además, al suavizar su marco regulatorio en respuesta a presiones económicas o industriales, la UE podría enviar un mensaje negativo a otros países que actualmente están elaborando sus propias legislaciones de debida diligencia, lo que comprometería el progreso alcanzado a nivel internacional en materia de empresas y derechos humanos.
El documento interpretativo de la ONU es un llamado de atención contundente: la simplificación normativa no puede hacerse a costa de los derechos fundamentales. La Unión Europea debe reconsiderar los aspectos regresivos del Paquete Ómnibus y garantizar que cualquier reforma legal preserve el derecho efectivo a la reparación, tal y como lo exigen los compromisos internacionales que ha asumido.
Carmen Coleto Martínez, colaboradora de FIBGAR
