El Parlamento Europeo aprueba nuevos delitos y sanciones ambientales
En un contexto global donde la conciencia ambiental y el cuidado del ambiente ocupan lugares primarios en las agendas políticas, el martes pasado supuso un hito significativo para Europa con la aprobación de una nueva normativa que aumenta el número de delitos ambientales previstos en el derecho penal de la Unión Europea.
La urgencia de proteger nuestro planeta de prácticas altamente perjudiciales conduce a la necesidad imperante de sancionar y disuadir a posibles infractores que atenten contra nuestros entornos naturales. Debido al creciente número de delitos contra el medioambiente, posicionándose la delincuencia ambiental como la cuarta actividad criminal más grande del mundo, además de ser una de las principales fuentes de ingresos para el crimen organizado, la salvaguarda de la salud de nuestros ecosistemas se ha convertido en una necesidad urgente en aras de un futuro sostenible para las generaciones venideras.
En este contexto, el Parlamento Europeo ha dado un paso crucial hacia la consolidación de un marco legal que refuerce la responsabilidad y termine con la impunidad de aquellos que socavan la integridad ambiental, subrayando así la importancia de equilibrar nuestro modelo de desarrollo con la preservación de nuestro entorno natural.
La nueva ley establece una lista actualizada de delitos ambientales entre los que se encuentran el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos, las infracciones graves de la legislación comunitaria sobre productos químicos y la contaminación causada por los buques. De igual forma, introduce el llamado “delito cualificado” que supone una muy grave destrucción de un ecosistema, como pueden ser los incendios forestales a gran escala o la contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo, comparables al delito de ecocidio.
Tanto los particulares como los representantes de empresas pueden enfrentarse a penas de prisión de cinco o diez años dependiendo del delito cometido. Además, esta nueva ley les exige que restablezcan el daño ambiental y les hará enfrentarse a multas de hasta el 5% de su facturación mundial anual, o una multa de 24 o 40 millones de euros, dependiendo de la naturaleza del delito.
Esta directiva pretende armonizar las sanciones contra los delitos transfronterizos a escala de la Unión Europea y prevenir nuevos delitos ambientales disuadiendo a los posibles infractores.
Así, la aprobación de esta nueva normativa por parte del Parlamento Europeo no solo representa un compromiso con la protección del ambiente, sino que también supone un claro recordatorio de que tanto la responsabilidad individual como la corporativa juega un papel crucial en la construcción de un futuro más sostenible para todos y todas.
A medida que avanzamos hacia un horizonte donde la conciencia ecológica se entrelaza con la toma de decisiones legislativas, es imperativo que otras regiones del planeta sigan replicando este modelo, forjando un frente unido en la defensa de nuestro planeta. Solo a través de acciones coordinadas y medidas decisivas podremos asegurar un equilibrio armonioso entre el progreso humano y la preservación de nuestra riqueza natural.
Carmen Coleto Martínez, responsable de proyectos de FIBGAR.
