En la lupa: en el Reino Unido se proyecta una importante reforma sobre el enfoque de la jurisdicción universal en el país
Durante los últimos meses, distintas organizaciones han colaborado para involucrar a los parlamentarios británicos en las reformas necesarias para garantizar que el Reino unido pueda desempeñar un papel más proactivo en la lucha contra los crímenes internacionales y, en particular, sobre la propuesta para modificar la Ley de la Corte Penal Internacional (ICCA) de 2001, presentada en el seno de la Cámara de Diputados del Reino Unido, propuesta por el Comité de Desarrollo Internacional. Esta permitiría que las autoridades de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte ejerzan jurisdicción universal sobre genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, independientemente de la nacionalidad, estatus de residencia o ubicación del victimario.
En la actualidad, la jurisdicción universal solo se contempla en la Ley de la Convención de Ginebra de 1957 y, en relación con el delito de tortura, en el artículo 134 de la Ley de Justicia Penal de 1988. Cuando el Reino Unido incorporó el Estatuto de Roma a su legislación nacional con Ley de la Corte Penal Internacional (ICCA) de 2001, solo incluyó la jurisdicción extraterritorial activa en función de la personalidad jurídica, sin permitir la aplicación de una jurisdicción universal. Por consiguiente, los tribunales del Reino Unido pueden enjuiciar las infracciones de la Convención de Ginebra o los casos de tortura cometidos en cualquier parte del mundo, pero no pueden hacerlo en relación con los delitos tipificados en el Estatuto de Roma (Los artículos 51 y 58 de la ICCA de 2001), es decir, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra, salvo que hubiere ciudadanos o residentes británicos involucrados, o una persona sujeta a la jurisdicción del servicio del Reino Unido.
Esto significa que el sistema judicial del Reino Unido adopta una postura sumamente restrictiva en lo que respecta a los graves crímenes internacionales. Por ello, la reforma pretende subsanar las deficiencias actuales en relación con el principio de jurisdicción universal y que el país pueda desempeñar un papel activo en los esfuerzos internacionales para garantizar la justicia y la rendición de cuentas por crímenes internacionales.
Desde el tercer sector, esta iniciativa está encabezada por el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI) con la colaboración de REDRESS, Amnistía Internacional y Legal Action Worldwide y se espera que se concrete en el marco del actual Proyecto de Ley de Delincuencia y Policía. Dentro de los informes presentados por este sector, se remarca que el Comité Conjunto de Derechos Humanos (CCDH) ya ha criticado en anteriores oportunidades el marco jurídico vigente por crear “obstáculos a la rendición de cuentas” y se describen las consecuencias negativas que podría implicar no reformar la ley. En consonancia con ello, el pasado 16 de octubre, la directora de la IBAHRI, la baronesa Helena Kennedy LT KC, intervino sobre este tema en la Cámara de los Lores del Parlamento británico en Londres durante la segunda lectura del Proyecto de Ley.
En palabras de la directora de la IBAHRI, el proyecto “representa una oportunidad única para subsanar las deficiencias históricas en materia de rendición de cuentas dentro de las leyes de jurisdicción universal del Reino Unido y garantizará […] que los autores de los crímenes más graves del mundo puedan ser llevados ante la justicia en territorio británico. En un momento en que el número de delitos graves está aumentando a nivel mundial, la reforma es imprescindible.”.
En definitiva, la reforma propuesta no solo busca actualizar el marco jurídico británico, sino también reafirmar el compromiso del Reino Unido con la justicia internacional en un contexto global marcado por el aumento de crímenes atroces y la persistente impunidad, contribuyendo a garantizar que el Reino Unido no se convierta en un refugio para las personas acusadas de crímenes internacionales. Ampliar el alcance de la jurisdicción universal permitiría al país alinearse con los más altos estándares de derechos humanos y contribuir, de manera efectiva y responsable, a los esfuerzos internacionales por asegurar que ningún perpetrador de crímenes graves encuentre refugio. Se trata, en última instancia, de una oportunidad histórica para situar al Reino Unido del lado de la justicia, la memoria y la rendición de cuentas.
Federica Carnevale, Responsable de Proyectos de Fibgar.
