En nombre de la libertad: la motosierra del gobierno de Javier Milei frente a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+
Desde diciembre de 2023, en la Argentina de Milei se llevaron adelante medidas que atentaron contra la calidad de vida y los derechos de la población. Así, bajo la justificación de que eran la única respuesta posible a la crisis, este modelo impuso el pragmatismo de las relaciones económicas por sobre la promoción de los valores democráticos y de los derechos humanos.
En este contexto, las mujeres y las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ han sido grupos particularmente afectados por la “motosierra”. Bajo la idea de erradicar la “ideología de género”, el gobierno cerró el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad –creado en diciembre de 2019, durante el mandato presidencial de Alberto Fernández–, cuyas funciones fueron absorbidas por otras dependencias sin estructura ni presupuesto propio. Se desarticuló, de esta manera, un entramado de casi 40 años de políticas públicas, dejando a decenas de miles de mujeres y personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+ sin red de apoyo frente a la violencia y la discriminación.
Con el cierre posterior de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género –a la que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad había sido reducido en junio de 2024–, por primera vez en 37 años el Estado argentino no cuenta con un organismo nacional especializado en la promoción de los derechos de las mujeres e identidades pertenecientes al colectivo LGBTIQ+.
La avanzada contra las políticas públicas continuó de forma sostenida a lo largo de todo el mandato libertario. En este contexto, la línea 144 —creada en 2009 durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner—, que brindaba asesoramiento, contención y derivación en casos de violencia de género las 24 horas, los 365 días del año, fue absorbida por el Ministerio de Justicia y se redujo en un 90% el presupuesto destinado a dicha área. Actualmente, el proyecto de Presupuesto 2026 ya no cuenta con una línea presupuestaria específica, lo que dificulta conocer los recursos asignados. Según las declaraciones del ministro Mariano Cúneo Libarona, la línea pasaría a brindar asesoramiento a “todos los argentinos que estén en situación de violencia y riesgo”, desconociendo las desigualdades estructurales de género.
Asimismo, en el año 2024 se redujo en un 90% el presupuesto destinado al Programa Acompañar –que brinda acompañamiento integral a mujeres en situación de violencia de género de alto riesgo y que asistió en 2023 a decenas de miles de personas– a través de la subejecución de las partidas, y dejó directamente de figurar como partida identificable desde el presupuesto del año 2025.
En efecto, otro de las áreas desarticuladas en el marco de la reestructuración de las políticas de género, fue el Programa Acercar Derechos (PAD), que funcionaba bajo la órbita del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y facilitaba acompañamiento legal, psicológico y social integral a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género, acercando el acceso a la justicia en los territorios. El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Justicia, anunció asimismo la eliminación definitiva en julio de 2025.
Por su parte, si bien la Ley Micaela Nro. 27.499, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, sigue vigente, su implementación a nivel nacional se vio drásticamente afectada desde diciembre de 2023. En ese sentido, se disolvió el área encargada de coordinar la ley y se redujeron casi por completo los recursos y capacitaciones formales, generando una paralización del sistema. Frente a ello, en varias provincias y municipios, los programas continuaron de manera independiente, lo que ha llevado a una aplicación desigual de la ley a nivel federal.
Asimismo, en el marco de la denominada “batalla cultural” impulsada por la actual administración contra lo que califican como “adoctrinamiento de género”, el 8 de marzo de 2024 –el primer Día Internacional de la Mujer de su mandato–, se anunció que el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa Rosada pasaría a llamarse “Salón de los Próceres”. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión se justificó con el argumento de que “que haya un Salón de las Mujeres tal vez sea hasta discriminador para los hombres”.
Por su parte, dentro del ámbito previsional, el Gobierno no prorrogó el régimen de moratorias previsionales, que venció el 23 de marzo de 2025 y permitía acceder a un plan de regularización de aportes a quienes, habiendo alcanzado la edad jubilatoria, no reunían los años exigidos por no haber trabajado en condiciones formales. Asimismo, vetó posteriormente los intentos del Poder Legislativo de revertir esta situación. Si bien la medida afecta al conjunto de la población, su impacto es diferencial en el caso de las mujeres, quienes registran menores niveles de participación en el mercado laboral y mayores tasas de informalidad. Ello responde, en gran medida, a que han dedicado períodos prolongados de su vida a tareas de cuidado no remuneradas o al servicio doméstico remunerado que, con frecuencia, no se encuentra formalmente registrado en el país.
A nivel educacional, en el año 2024, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) sufrió el presupuesto más bajo de los últimos años y, en 2025, directamente no contó con ninguna partida asignada. Como consecuencia, se paralizaron las capacitaciones docentes y se eliminaron las instancias obligatorias de prevención de situaciones de violencia en las escuelas, afectando la continuidad y alcance de la formación en igualdad de género y derechos sexuales para estudiantes.
En el plano sanitario, se dejó de garantizar la implementación de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. Su implementación, había llevado a que durante más de dos décadas, se redujeran las brechas entre jurisdicciones mediante la compra centralizada de insumos, la capacitación de equipos de salud y el monitoreo federal; en la actualidad este esquema se encuentra desmantelado y, sin mecanismos de transición, ha transferido estas obligaciones a las jurisdicciones provinciales.
En el mismo ámbito, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo Núm. 27.610, que luego de arduas luchas se sancionó en diciembre de 2020, y que mejoró sustancialmente el acceso y la seguridad de las prácticas a miles de mujeres, ha sido también víctima de la política de desmantelamiento del gobierno actual. En ese sentido, desde el año 2024 se registran faltantes generalizados de misoprostol y mifepristona, una caída drástica en la distribución de anticonceptivos. El último informe del Proyecto Mirar, que monitorea la implementación de esta ley, revela que en 2023 se entregaron 106.737 medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo y que en el año 2024 no hubo entregas por parte de las instancias nacionales.
Asimismo, se ha desarrollado el desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia ENIA –cuyo presupuesto para 2025 sufrió un recorte del 27% respecto al presupuesto vigente de 2024 y del 78% en comparación con lo ejecutado en 2023–, que había reducido a la mitad el embarazo no intencional en adolescentes, generando un aumento de la mortalidad materna y debilitando las políticas de prevención. En materia de derechos sexuales y reproductivos, el Estado sostiene que garantizar el acceso es competencia primaria de las provincias, desconociendo que tiene obligaciones indelegables de rectoría, financiamiento y garantía de igualdad territorial.
Al mismo tiempo, se registran retrocesos normativos y discursivos que afectan directamente a las personas trans y no binarias, en un contexto de aumento de la violencia y la discriminación. En ese sentido, se prohibió en febrero del año 2024 la utilización del lenguaje inclusivo en la administración pública, con el objetivo de excluir la perspectiva de género de la comunicación estatal. Como parte de este tipo de medidas, asimismo, mediante el DNU 61/2025 el gobierno de Javier Milei modificó el artículo 11 de la Ley 26.743 de Identidad de Género –sancionada en 2012 bajo el mandato de Cristina Fernandez de Kirchner–, quitando el derecho a todas las personas menores de 18 años de edad, acceder a intervenciones y tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Esta medida, que marca la suspensión abrupta de los tratamientos que venían desarrollando muchos adolescentes, afecta gravemente no solo la salud física, sino también la salud mental de adolescencias trans que se encuentran en pleno proceso identitario.
A nivel laboral, además, se han llevado adelante otras tantas decisiones de ajuste y pérdida de derechos, que afectan especialmente a las mujeres e identidades del colectivo LGBTIQ+, como es el caso de la nueva Ley de Modernización Laboral, aprobada hace pocos días en el Congreso. Estas modificaciones a la legislación laboral afectan de forma especial a estos colectivos, que son quienes suelen asumir mayormente las tareas de cuidado de la sociedad, y quienes –según el Perfil de País Argentina 2024 de ONU Mujeres– enfrentan múltiples barreras que ponen en riesgo su autonomía económica –la menor participación en el mercado laboral, el desempleo, la informalidad, la sobrerrepresentación en sectores feminizados que ofrecen menores ingresos– y representan la mayoría de las personas en pobreza y extrema pobreza en el país. Asimismo, además de la afectación diferenciada que tienen estas reformas, la ley prevé la quita del derecho a preaviso a las mujeres trabajadoras de casas particulares.
Todas estas medidas mencionadas, además de impactar directamente en la vida de millones de personas, contradicen numerosas convenciones internacionales y legislaciones nacionales. En el plano nacional, un ejemplo es la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que establece la obligación del Poder Ejecutivo de contar con un órgano rector para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, además de otras obligaciones de garantía y prevención. En el plano internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por Argentina en 1985, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Belém do Pará”, ambas con jerarquía constitucional, se han visto ampliamente incumplidas por parde del gobierno nacional.
Resulta evidente que, en un país donde, solo en 2025 –según el Observatorio Lucía Pérez– se registraron 273 femicidios y transfemicidios –la mayoría en contextos donde ya existían antecedentes de violencia denunciados–, las políticas estatales no solo no están garantizado protección efectiva, más aún, la narrativa oficial niega la violencia de género y busca eliminar alcances construidos durante los últimos años ajustando la política interna a los mayores estándares internacionales de derechos humanos. En este sentido, el gobierno, al arremeter contra todo lo público y, al defender una narrativa que afirma que “la violencia no tiene género”, ha legitimado la violencia como parte de la agenda política.
Esta retórica oficial, a su vez, ha influido en toda la vida social, modificando lo que se percibe como “sentido común” y otorgando al gobierno la legitimación necesaria para pronunciarse en contra de las políticas de derechos humanos en general –y de género y diversidad, en particular–.
En este marco, el gobierno ha consolidado el desmantelamiento iniciado hace poco más de dos años y esta lógica se refleja también en el proyecto de presupuesto 2026 que, como se mencionó, presenta fuertes recortes en áreas de igualdad de género, prevención de la violencia, salud sexual y reproductiva, y educación sexual integral: se prevé aproximadamente tan solo el 2% de los recursos que habían sido destinados en 2023.
En este contexto, el Estado argentino fue recientemente evaluado por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –órgano de Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento de la CEDAW– en su cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de prevención de la violencia de género, erradicación de todas las formas de discriminación estructural contra las mujeres y acceso a la salud sexual y reproductiva.
El Estado presentó información complementaria a su informe enviado en diciembre de 2023, donde se invocó la existencia de marcos normativos o dispositivos formales pero sin mencionar detalles de los recortes presupuestarios o reformas implementadas durante los últimos dos años, a los que se caracteriza simplemente como “reordenamientos” o “cambios de enfoque”. Frente a ello, numerosas organizaciones de la sociedad civil presentaron informes alternativos. Estos, que permiten contrastar los datos oficiales con evidencia empírica y con la experiencia concreta de quienes trabajan en el territorio, denunciaron un panorama sustancialmente distinto, alertando sobre los retrocesos deliberados, el desfinanciamiento y el vaciamiento institucional de los organismos de género y diversidad, que limitan la implementación efectiva de derechos consagrados en la Convención.
Durante la sesión ante el Comité, las comisionadas realizaron extensas preguntas al Estado argentino para conocer en profundidad la situación en el país, expresando su preocupación respecto a los datos que arrojan los informes presentados por la sociedad civil. Sin embargo, el Estado lejos de contrastar esa información, sostuvo una posición que se aparta de los estándares internacionales en materia de igualdad de género: la delegación oficial defendió una concepción formal y restrictiva de la igualdad, rechazando las medidas de acción positiva y cuestionando el enfoque de igualdad sustantiva que estructura la Convención, al rechazar explícitamente la “perspectiva de género” y el concepto de “interseccionalidad”; expresó una postura abiertamente regresiva en derechos sexuales y reproductivo, insistiendo en que el Estado debe apartarse de estos temas para dejarlos en mano de las familias; priorizó un abordaje punitivista, minimizando la necesidad de políticas integrales y preventivas; negó el desmantelamiento institucional, la reducción presupuestaria en la materia y que los cambios realizados impliquen regresividad. En conjunto, las respuestas oficiales evidenciaron una interpretación restrictiva de la CEDAW y una falta de adecuación a los estándares desarrollados por el propio Comité.
Las palabras de Simone de Beauvoir resuenan hoy con una fuerza inquietante en la política argentina: “bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados”. En el contexto actual, atravesado por una profunda crisis económica y por un giro ideológico que relativiza y niega las desigualdades estructurales, esta advertencia adquiere una vigencia innegable. Lejos de tratarse de una afirmación abstracta, la experiencia reciente demuestra cuán frágiles pueden volverse los avances en materia de igualdad de género cuando el Estado decide correrse de su responsabilidad de garantizarlos o, más aún, cuando opta por atacarlos de manera consciente.
En definitiva, lo que hoy ocurre en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei no puede leerse como una mera reconfiguración administrativa ni como simples “cambios de enfoque”. Se trata de un proceso sostenido de desmantelamiento institucional y regresión en materia de género y diversidad que impacta de manera directa en la vida cotidiana de millones de mujeres y personas LGBTIQ+, cuya calidad de vida se ha visto sensiblemente deteriorada en estos dos años de mandato. La combinación de ajuste presupuestario, negación discursiva de las desigualdades estructurales y debilitamiento de las políticas públicas no solo contradice compromisos internacionales asumidos por el Estado, sino que erosiona las bases mismas de una democracia con igualdad sustantiva.
Frente a este escenario, resulta profundamente preocupante la naturalización de estos retrocesos y el intento de redefinir derechos conquistados como privilegios ideológicos. Lo que está en juego no es una disputa retórica, sino la garantía efectiva de condiciones mínimas de igualdad, dignidad, autonomía y protección frente a la violencia. Por ello, es imprescindible exigir que el Estado argentino detenga esta deriva regresiva, restituya los mecanismos de protección y cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales. No hacerlo implica consolidar un modelo que profundiza desigualdades históricas y deja a amplios sectores de la población en una situación de mayor vulnerabilidad e indefensión.
Federica Carnevale, Responsable de Proyectos de Fibgar.
REFERENCIAS
Agencia Presentes. (2025, 6 de febrero). Milei modificó por decreto la Ley de Identidad de Género: qué cambió y por qué piden que intervenga la justicia. Disponible en: https://agenciapresentes.org/2025/02/06/milei-modifico-por-decreto-la-ley-de-identidad-de-genero-que-cambio-y-por-que-piden-intervenga-la-justicia/
Agencia Presentes. (2026, 19 de febrero). Reforma laboral: cómo afecta a mujeres y diversidades. Disponible en: https://agenciapresentes.org/2026/02/19/reforma-laboral-como-afecta-a-mujeres-y-diversidades/
BBC News Mundo. (2026, enero 27). Cómo cambió Argentina bajo el gobierno de Javier Milei: claves y controversias. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/articles/c72key7z4j3o
Efeminista. (2025, 22 de octubre). Presupuesto 2026 y género en Argentina: análisis y consecuencias. Disponible en: https://efeminista.com/presupuesto-2026-milei-genero/
ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. (2025). Argentina ante el Comité CEDAW: entre el relato oficial y los retrocesos en los derechos de niñas, adolescentes y mujeres en toda su diversidad. Disponible en: https://ela.org.ar/novedades/argentina-ante-el-comite-cedaw-entre-el-relato-oficial-y-los-retrocesos-en-los-derechos-de-ninas-adolescentes-y-mujeres-en-toda-su-diversidad/
ONU Mujeres. (2025, abril). ONU Mujeres presenta el Perfil de País Argentina 2024: informe sobre desigualdades entre mujeres y hombres. Disponible en: https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2025/04/onu-mujeres-presenta-el-perfil-de-pais-argentina-2024-informe-sobre-desigualdades-entre-mujeres-y-hombres
