Hacia una Convención Internacional para la Prevención y Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad
A diferencia de otros crímenes internacionales, como el genocidio o los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad aún no cuentan con un instrumento universal y jurídicamente vinculante dedicado exclusivamente a su regulación que establezca obligaciones claras para su prevención y sanción. Esta ausencia normativa evidencia la urgente necesidad de avanzar hacia una convención internacional que fortalezca la cooperación entre los Estados, garantice la rendición de cuentas y consolide un marco común para evitar la impunidad frente a estos crímenes.
En ese contexto, en el año 2019, la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de las Naciones Unidas (ONU) –encargada de promover el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación– adoptó el Proyecto de Artículos sobre la Prevención y la Sanción de los Crímenes de Lesa Humanidad y lo presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para su consideración. Tres años después, en diciembre de 2022, la Asamblea General estableció un proceso bianual durante el cual los Estados intercambiaron opiniones sobre todos los aspectos del proyecto y examinaron las recomendaciones de la CDI relativas a la elaboración de una convención basada en él.
El 4 de diciembre de 2024, la Asamblea General adoptó la Resolución 79/122, mediante la cual se prevé el proceso conducente a la negociación y conclusión de una futura Convención para la Prevención y la Sanción de los Crímenes de Lesa Humanidad. A partir de entonces, se inició un proceso de negociaciones que incluyó la conformación de un Grupo de Trabajo en 2025, encargado de preparar enmiendas al proyecto de artículos.
En el marco de esas decisiones, la Asamblea resolvió convocar un Comité Preparatorio (PrepCom) para la Conferencia Diplomática de la ONU sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad, con el mandato de debatir el proyecto de artículos elaborado por la CDI, con miras a la celebración de una Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre la Prevención y la Sanción de los Crímenes de Lesa Humanidad, prevista para el período 2028-2029. Asimismo, se dispuso la convocatoria de un Grupo de Trabajo –regido por el reglamento de la Asamblea General– para reunirse durante el primer período de sesiones del Comité Preparatorio, con el fin de facilitar consultas sustantivas sobre el proyecto de artículos y permitir a los gobiernos presentar propuestas oficiales de enmienda para su examen por la Conferencia de Plenipotenciarios, las cuales se incorporarán en un texto compilado por el Comité. Se alentó, además, a los Estados a incluir expertos en las esferas pertinentes en sus delegaciones ante dicho Grupo de Trabajo. El Comité Preparatorio tiene igualmente el mandato de examinar la organización y los métodos de trabajo de la Conferencia, incluido su reglamento.
En este marco, el Comité Preparatorio celebró su primer período de sesiones del 19 al 30 de enero de 2026 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y continuará con un segundo período del 12 al 15 de abril de 2027. En esta primera sesión participaron todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como los miembros observadores de organismos especializados con invitación permanente para participar en los períodos de sesiones y trabajos de la Asamblea General, además de organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social (ECOSOC), de conformidad con la resolución 1996/31 del Consejo, de 25 de julio de 1996. Esta instancia constituyó un avance sustantivo en el proceso de negociación hacia la adopción de la convención.
En el marco del Comité Preparatorio, los debates se centraron en la delimitación del alcance y la estructura normativa de la futura Convención, abordando las definiciones de los crímenes comprendidos, las obligaciones de los Estados en materia de prevención y sanción, los mecanismos de cooperación internacional y las disposiciones procesales que orientarán las próximas fases de negociación. Los intercambios reflejaron un marcado interés de los Estados y los grupos regionales por avanzar hacia un tratado que subsane los vacíos jurídicos existentes. No obstante, subsisten cuestiones que requieren mayor consenso.
Las intervenciones de organizaciones de la sociedad civil y expertos subrayaron la necesidad de que la futura Convención refleje los desarrollos más recientes del derecho internacional y sitúe inequívocamente a las víctimas en el centro del debate. En este sentido, se destacó la importancia de incorporar una definición amplia de “víctima”, que abarque a todas las personas que hayan sufrido daños directos o indirectos, y de garantizar expresamente sus derechos a la información, participación, protección y reparación plena y efectiva. Asimismo, se planteó la conveniencia de incluir disposiciones claras sobre el derecho a la reparación integral y de abordar la posible responsabilidad de personas jurídicas, especialmente cuando entidades corporativas hayan facilitado, contribuido o se hayan beneficiado de la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Un eje central de los debates fue la incorporación de la perspectiva de género en todo el texto convencional, así como el reconocimiento de determinadas conductas que alcanzan el umbral de lesa humanidad como crímenes autónomos. En particular, se promovió la tipificación expresa de figuras como el apartheid de género, el matrimonio forzado y las violaciones graves de la autonomía reproductiva, con el propósito de superar invisibilizaciones históricas y fortalecer la protección de mujeres y niñas. Durante la sesión, tanto Estados como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Director Ejecutivo de ONU Mujeres y diversos expertos de las Naciones Unidas, así como organizaciones no gubernamentales, manifestaron apertura hacia la inclusión del apartheid de género como crimen autónomo en la futura Convención. Evidenciando que la negociación constituye una oportunidad significativa para consolidar un instrumento inclusivo, coherente con la evolución del derecho internacional y orientado a garantizar una tutela efectiva frente a las formas más graves de violencia y opresión sistemática.
En la primera sesión del Comité Preparatorio se acordó, asimismo, invitar a representantes de organizaciones no gubernamentales pertinentes que no cuenten con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC), así como a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y actores del sector privado, a presentar solicitudes para participar en la futura Conferencia. Se decidió que esas solicitudes serán evaluadas conforme a criterios de transparencia, representación geográfica equitativa y paridad de género. En ese marco, se decidió solicitar al Presidente de la Asamblea General que elabore y circule una lista de las solicitudes recibidas a los Estados Miembros y a los Estados miembros de los organismos especializados para su consideración, a fin de que la Asamblea adopte una decisión definitiva sobre la participación en la Conferencia. Esta decisión representa un avance clave hacia una participación inclusiva que refuerce la legitimidad, la transparencia y la eficacia del proceso, reconociendo el papel esencial de la sociedad civil en la construcción de un instrumento normativo sólido.
En este contexto, ahora los Estados cuentan con un plazo hasta el 30 de abril de 2026 para presentar ante el Secretario General de Naciones Unidas, las propuestas de enmiendas al proyecto de artículos para su inclusión en el texto compilado que servirá de base para las negociaciones en la Conferencia de Plenipotenciarios. Estas propuestas serán compiladas en un texto consolidado, que servirá como base para las discusiones y deliberaciones durante la Conferencia de Plenipotenciarios, asegurando que las negociaciones se desarrollen sobre un marco común y transparente.
Por su parte la Conferencia de Plenipotenciarios, está prevista para principios de 2028 y con continuidad a lo largo de 2029, y buscará llevarse a cabo de manera abierta y con un enfoque inclusivo, promoviendo la participación más amplia y efectiva posible.
Federica Carnevale, Responsable de Proyectos de Fibgar.
