La 24ª Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional: Un momento crítico para la justicia internacional
Esta semana se celebra en La Haya, Países Bajos, la 24ª Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), que se extenderá del 1 al 6 de diciembre de 2025. Este encuentro anual constituye un momento decisivo para la supervisión administrativa y legislativa de la Corte, reuniendo a todos los Estados que han ratificado o se han adherido al Estatuto de Roma, con el objetivo de tomar decisiones sobre cuestiones esenciales para el funcionamiento y la credibilidad de la CPI.
La Asamblea de los Estados Partes, más que un órgano formal de deliberación, actúa como garante de la estabilidad institucional de la Corte. Su agenda abarca desde la elección de funcionarios hasta la aprobación del presupuesto anual, pasando por la discusión de la cooperación y no cooperación de los Estados, la complementariedad del sistema judicial internacional, y las posibles enmiendas al Estatuto de Roma y otros reglamentos. Cada decisión tomada en la Asamblea tiene un impacto directo sobre la capacidad de la CPI para cumplir con su mandato de juzgar los crímenes internacionales más graves y garantizar que la impunidad no prevalezca.
El contexto en el que se desarrolla esta edición de la Asamblea es particularmente complejo. Durante el último año, la Corte ha enfrentado crecientes presiones políticas y diplomáticas, incluyendo amenazas y medidas coercitivas dirigidas a sus funcionarios, lo que representa un riesgo grave para la administración de justicia internacional y para la lucha global contra la impunidad. Entre estas presiones, destacan las sanciones impuestas por Estados Unidos a fiscales y jueces de la CPI, así como la amenaza de nuevas sanciones, lo que subraya la vulnerabilidad de la Corte frente a intereses políticos que buscan socavar su independencia.
El 11 de noviembre de 2025, la presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, presentó el informe anual de la Corte ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En su intervención, la jueza Akane destacó los desafíos que la Corte ha enfrentado durante el último año, enfatizando que las sanciones contra altos funcionarios no solo dificultan la labor de la CPI, sino que también afectan el orden jurídico internacional en su conjunto. Según Akane, la capacidad de la Corte para llevar adelante su misión de impartir justicia no puede verse comprometida por presiones externas, y la comunidad internacional debe garantizar que la independencia judicial se respete plenamente.
La falta de cooperación de algunos Estados Partes ha sido otro desafío relevante. Recientemente, Tayikistán no cumplió con las órdenes de arresto emitidas por la Corte respecto a presuntos crímenes cometidos por el presidente ruso Vladimir Putin en el contexto de la guerra en Ucrania. Asimismo, la CPI determinó que Italia incumplió sus obligaciones de cooperación al arrestar y posteriormente liberar a Al-Masri Njeem, sospechoso de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Libia. Estos casos evidencian que la eficacia de la Corte depende directamente de la disposición de los Estados a colaborar con las investigaciones y cumplir con sus responsabilidades internacionales, y que la independencia de la CPI no puede garantizarse únicamente a través de declaraciones diplomáticas.
En su discurso ante la ONU, la jueza Akane ofreció un recordatorio contundente sobre la fragilidad del proyecto internacional construido durante el siglo XX. Subrayó que cualquier disminución momentánea del compromiso de la comunidad internacional puede tener un impacto negativo en décadas de trabajo orientado a consolidar el Estado de derecho global. A pesar de los desafíos, la CPI mantiene su compromiso con la justicia, asegurando la responsabilidad individual por crímenes internacionales y actuando con total independencia e imparcialidad. La Corte busca, así, fortalecer la regla de derecho dentro de la comunidad internacional y ofrecer una respuesta judicial efectiva allí donde los sistemas nacionales resultan insuficientes o se muestran incapaces de actuar.
La 24ª Asamblea de los Estados Partes representa un momento crítico para reafirmar el apoyo de los Estados a la independencia de la CPI y a la relevancia del Estatuto de Roma. Sin embargo, la reafirmación formal por sí sola no basta. La CPI necesita un respaldo político y financiero tangible, que asegure la continuidad de sus investigaciones, el cumplimiento de las órdenes de arresto y la protección de sus funcionarios frente a amenazas externas. La solidaridad con la Corte debe traducirse en acciones concretas que garanticen que pueda desempeñar su mandato sin interferencias.
En este contexto, la Coalición por la CPI, de la que FIBGAR forma parte, ha hecho un llamado urgente a los Estados Partes y a todos los miembros de la Asamblea General de la ONU para que refuercen su compromiso con la Corte. Se trata de asegurar que la CPI pueda continuar su trabajo de manera independiente y sin obstáculos, que los Estados cumplan con sus obligaciones de cooperación, y que se garantice la financiación necesaria para que la Corte pueda operar de forma eficaz y sostenida. La protección de la independencia de la CPI no es solo una cuestión institucional, sino un imperativo para la defensa del Estado de derecho y la prevención de la impunidad a nivel global.
La relevancia de la CPI trasciende lo jurídico: constituye un pilar fundamental para la justicia internacional, ofreciendo respuestas donde los sistemas nacionales fallan y enviando un mensaje claro sobre la responsabilidad frente a los crímenes más graves. Los desafíos que enfrenta la Corte reflejan las tensiones existentes en el sistema internacional, donde intereses políticos y geopolíticos pueden poner en riesgo los avances alcanzados durante décadas. Por ello, la 24ª Asamblea no solo debe centrarse en la gestión interna y administrativa de la CPI, sino también en reafirmar, mediante decisiones concretas, el compromiso colectivo con un sistema de justicia internacional sólido, independiente y efectivo.
En definitiva, la Asamblea de este año se desarrolla en un contexto de máxima relevancia. La comunidad internacional tiene la oportunidad de demostrar su compromiso real con la justicia global y con la consolidación de la CPI como instrumento clave contra la impunidad. La labor de la Corte, desde la investigación hasta el juicio de individuos responsables de crímenes internacionales, constituye un esfuerzo único que requiere la cooperación y el apoyo constante de todos los Estados Partes. Solo mediante este respaldo efectivo se podrá garantizar que la justicia internacional cumpla su función de proteger los derechos humanos y fortalecer el orden jurídico internacional en beneficio de toda la humanidad.
