La Comisión Europea se centra en reformar su Directiva contra la trata de personas y promueve la incorporación de normas más eficientes frente a sus dinámicas evolutivas
La Comisión Europea (CE) se encuentra en el proceso de actualizar las regulaciones destinadas a prevenir y combatir la trata de personas. El tráfico de personas es un delito internacional que afecta a todos los Estados miembros de la UE, siendo una continua amenaza, a pesar de los progresos que se han alcanzado en los últimos años.
La Directiva 2011/36 -que aborda la trata de personas- ha sido el pilar sobre el cual la UE ha fundamentado sus esfuerzos para prevenir y combatir este crimen desde el año 2011.
Esta directiva ha servido como un marco legal sólido para una respuesta contundente en el ámbito de la justicia penal, así como para garantizar elevados estándares de protección y apoyo a las víctimas. No obstante, las modalidades de explotación han experimentado cambios significativos en los últimos años, lo que indican la necesidad imperante de una revisión y actualización del texto para hacer frente a las dinámicas evolutivas de este fenómeno.
En el mes de abril de 2021, la CE introdujo la Estrategia de la Unión Europea de Lucha contra la Trata de Seres Humanos (2021-2025). Una de las acciones fundamentales delineadas en esta estrategia fue la evaluación y revisión de esta Directiva.
La evaluación destacó la eficacia general de la Directiva en su contribución a la lucha contra la trata de seres humanos. Esta normativa ha establecido una base común para abordar este delito, fomentando la armonización de las legislaciones nacionales entre los Estados miembros. Aun así, se identificaron deficiencias, especialmente en áreas como la aplicación de los principios de no enjuiciamiento y no castigo de las víctimas, la protección durante los procesos penales, la provisión de servicios de asistencia y apoyo adaptados a las necesidades específicas de las víctimas particularmente vulnerables y el acceso a la compensación.
En diciembre de 2022, la CE efectivamente propuso una reforma de la Directiva contra la trata, en vistas de reforzar las normas que previenen y combaten la trata de seres humanos. Las normativas actualizadas se proponen ofrecer herramientas más robustas para que las autoridades policiales y judiciales investiguen y persigan las nuevas modalidades de explotación. Esto incluye la consideración de la utilización consciente de los servicios prestados por las víctimas de la trata de seres humanos como un delito en sí mismo. La propuesta de la Comisión también introduce sanciones obligatorias dirigidas no solo a individuos, sino también a empresas, en relación con los delitos de trata. Además, se busca mejorar los procedimientos de identificación temprana y apoyo a las víctimas en los Estados miembros, con especial atención a la creación de un mecanismo de derivación europeo.
Se considera que las modalidades de explotación han experimentado cambios significativos en los últimos años y el delito de trata está adoptando progresivamente una dimensión digital. Esta transformación impone la necesidad de implementar nuevas medidas a nivel de la UE, dado que los traficantes encuentran oportunidades para reclutar, controlar, transportar y explotar a las víctimas en el ámbito digital. Además, esta evolución facilita la transferencia de beneficios y permite a los traficantes alcanzar a usuarios tanto dentro como fuera de Europa.
Según la Comisión, anualmente más de 7.000 personas son víctimas de la trata de seres humanos en la UE, aunque se presume que esta cifra es considerablemente mayor, dada la existencia de numerosas víctimas aún no detectadas. La mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, pero se observa un aumento en la proporción de víctimas masculinas, especialmente en el contexto de la explotación laboral.
En España, según el Balance Estadístico 2018-2022 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos (elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), en el año 2022 se identificó un total de 6.655 personas en situación de riesgo de trata y explotación sexual, lo que representa un aumento del 41.48% en comparación con el año anterior. Asimismo, se registraron 15.711 trabajadores y trabajadoras como potenciales víctimas de situaciones de trata y/o explotación laboral, mostrando un incremento del 13.55% en comparación con el año 2021.
El Gobierno de España ha presentado a las Cortes Generales una iniciativa legislativa con la intención de ser tramitada como proyecto de ley. Se trata de una Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, diseñada para abordar de manera exhaustiva la prevención de la explotación y el tráfico de personas. El enfoque principal de esta iniciativa se centra en brindar una atención protectora a las personas más vulnerables, especialmente mujeres y menores indefensos, quienes están expuestos a la explotación laboral y sexual, así como contra el tráfico de órganos.
El anteproyecto incluye la configuración de nuevos derechos sobre las víctimas como la identificación inmediata y el asesoramiento, la creación de un mecanismo estatal de coordinación, nuevos tipos delictivos como el trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud y todas las formas de sometimiento forzoso a explotación. Otra característica fundamental de este anteproyecto es el reconocimiento de los derechos laborales y económicos de las víctimas una vez que han sido identificadas. Este aspecto subraya el compromiso de proporcionar no solo protección, sino también la posibilidad de restablecer los derechos fundamentales de quienes han sufrido la trata.
En definitiva, este anteproyecto encuentra algunos puntos en común con la modificación de la Directiva propuesta por la CE. Además, entre otras medidas, la CE ha propuesto:
- La referencia explícita a los delitos de trata de seres humanos perpetrados o facilitados mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, abarcando específicamente internet y las redes sociales;
- El establecimiento de sanciones obligatorias para las personas jurídicas que se consideren responsables de delitos de trata de seres humanos. Estas sanciones abarcan la exclusión de las prestaciones públicas y la posibilidad de cerrar temporal o definitivamente los establecimientos en los cuales se haya perpetrado el delito de trata (este enfoque busca no solo responsabilizar a los individuos involucrados, sino también disuadir activamente a las empresas de participar en actividades vinculadas a la trata de seres humanos).
- El matrimonio forzado y la adopción ilegal entre los tipos de explotación definidos por la Directiva. Esto obligará a España a realizar una modificación normativa, dado que el artículo 177 bis del Código Penal tipifica la trata de seres humanos incluyendo la celebración de matrimonios forzados, pero la adopción ilegal no está expresamente mencionada, por lo que se deberá modificar dicho artículo para tipificar esta nueva finalidad de explotación.
En conclusión, La CE ha elevado la apuesta en la lucha contra la trata de personas con la modificación de su directiva. Este paso significativo subraya el compromiso de la UE para erradicar eficazmente este flagelo y proteger los derechos fundamentales de aquellos que son más vulnerables. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá de un enfoque integral que incluya sensibilización pública, formación de profesionales y una colaboración continuada a nivel internacional.
Javier Graña, colaborador de FIBGAR.
