Ley 20/2022 de Memoria Democrática: ¿cuál es el estado de la cuestión tres años después?
Han pasado tres años desde que entró en vigor, el 21 de octubre de 2022, la Ley 20/2022, de Memoria Democrática (en adelante LMD). Una ley que amplía y actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007, adaptándola a las nuevas circunstancias sociales y políticas y a las recomendaciones realizadas por las Naciones Unidas y otros organismos y ONG internacionales.
Ahora bien, una cosa es la aprobación de una ley y otra su implementación, para la que son necesarios tanto su desarrollo reglamentario como una dotación presupuestaria suficiente que garantice la eficacia de su aplicación. En este sentido, varios artículos de la Ley siguen sin tener un reglamento que los desarrolle y varias organizaciones y asociaciones han criticado la lentitud e ineficacia en su implementación y la ausencia de justicia para las víctimas.
La LMD se basa en cuatro principios fundamentales: verdad, justicia, reparación y deber de memoria, estableciendo políticas públicas para dar respuesta a cada uno de estos principios. Es importante centrarse en cada uno de ellos para analizar brevemente sus éxitos y fracasos.
DERECHO A LA VERDAD
Dentro de este apartado se encuentran las acciones públicas relacionadas con la investigación, localización e identificación de las personas desaparecidas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al Estado la búsqueda activa de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, apoyándose en mapas confeccionados al efecto. El pasado mes de noviembre la Secretaría de Estado de Memoria Democrática presentó el proyecto “El país de las 6.000 fosas”, elaborado con la colaboración de RTVE. Se trata de un mapa interactivo de los enterramientos irregulares de la guerra civil y la dictadura en el que se geolocalizan la totalidad de fosas comunes, así como su estado: exhumadas total o parcialmente, no exhumadas y desaparecidas.
En 2019 la Sociedad de Ciencias Aranzadi estimaba que en estos enterramientos se podían recuperar los cuerpos de unas 20.000 personas. El Primer Plan Cuatrienal de Exhumaciones ha permitido recuperar los restos de 8.941 víctimas. El Segundo Plan Cuatrienal de Exhumaciones (2025-2028) pretender recuperar a la totalidad de las víctimas del franquismo en 2027.
Sin embargo, además de exhumar los restos hay que identificar a las víctimas y desgraciadamente solo setenta de estas casi nueve mil personas han sido identificadas y entregadas a sus familiares. Y es que para hacerlo es fundamental el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, cuya creación se recoge en el artículo 23 de la LMD, pero que todavía sigue sin estar operativo para la identificación masiva. Además, tampoco está habilitado para la búsqueda de los bebés robados, pues para que las muestras de ADN sean admitidas en la base de datos se requiere que se haya admitido la denuncia previa por la sustracción del menor y hasta el momento ninguna de estas denuncias ha sido admitida por los juzgados.
Mientras tanto, las identificaciones se hacen con recursos privados y de las propias comunidades autónomas, pero falta la centralización y puesta en marcha del sistema estatal. Tampoco existe actualmente el Censo Estatal de Víctimas, cuya elaboración se ha encargado en febrero de 2025 a la Universidad de Santiago de Compostela (Histagra-CISPAC) a través del Proyecto Cenomi.
DERECHO A LA JUSTICIA
La LMD crea la figura de un Fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los Derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Desde el nombramiento de Dolores Delgado en junio de 2023 como primera fiscal en este cargo, se han nombrado 45 fiscales delegados provinciales especialistas en derechos humanos y memoria democrática, abarcando así prácticamente todas las provincias españolas.
A pesar de la existencia de esta nueva figura y de que la entrada en vigor de la LMD supuso la inmediata nulidad de todas las condenas y sanciones producidas durante la guerra y la dictadura, la ley no permite investigar los crímenes del franquismo. Más de cien querellas interpuestas en los últimos años por torturas, muertes y bebés robados han sido inadmitidas o archivadas por los juzgados competentes. Los colectivos memorialistas echan en falta una legislación más contundente en este sentido y sostienen que la única forma de acabar con la impunidad de los crímenes franquistas sería derogar o modificar la Ley de Amnistía de 1977.
DERECHO A LA REPARACIÓN
La LMD es conocida como la Ley de Nietos porque establece como medida reparadora la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a las personas nacidas fuera de España de padres, madres, abuelas o abuelos exiliados o de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros y a los brigadistas y sus descendientes
Esta medida ha tenido una gran acogida y se calcula que pueden ser más de dos millones de personas la soliciten la nacionalidad española, con Argentina y Cuba a la cabeza por el número de solicitantes. A día de hoy se han estimado más de 200.000 de estas solicitudes y se ha concedido ya a 171 descendientes de brigadistas.
Sin embargo, se han incumplido otras medidas reparadoras recogidas por la ley, como la investigación y auditoría de bienes expoliados y el inventario de edificaciones y obras realizadas por prisioneros y otras víctimas de trabajos forzados.
DEBER DE MEMORIA
Hoy cobra especial relevancia el deber de memoria, ante el auge en todo el mundo de la extrema derecha y de los discursos negacionistas y revisionistas, que, en el caso de España, han conseguido que casi una cuarta parte de los jóvenes defiendan un sistema autoritario y admiren la dictadura franquista.
La LMD no ha cumplido aquí con parte de sus objetivos.
Aún no se ha publicado el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática (artículo 36), habiéndose aprobado hace menos de un mes el Real Decreto por el que se establece el procedimiento para su confección. Algunas comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza, se resisten a aplicar la LMD y muchos municipios se niegan a cambiar los nombres de plazas y calles o a retirar monumentos y símbolos franquistas. Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria) conservan sus nombres y no han sido sancionados por incumplir la ley, a pesar de que la ley prevé la imposición de multas de hasta 10.000 euros.
La LMD también establece medidas en materia educativa y de formación del profesorado para el conocimiento de la historia y de la memoria democrática y la lucha por los valores y libertades democráticas. Los investigadores Enrique Javier Díez Gutiérrez y Jonatan Rodrigues López, de la Universidad de León, han analizado este aspecto concreto de la ley y sus conclusiones son demoledoras: la represión franquista, la lucha antifranquista y los mecanismos de justicia transicional están prácticamente ausentes o diluidos en los contenidos educativos. Además, algunas comunidades autónomas han derogado sus leyes de memoria y las han sustituido por las de “concordia”, en guerra ideológica contra lo que consideran “adoctrinamiento” progresista. Fracaso, pues, en la aplicación de la LMD en este sentido.
Con la aprobación de la LMD el Valle de los Caídos, principal monumento del franquismo, recuperó su nombre original de Cuelgamuros y fue declarado como lugar de memoria democrática. El pasado 12 de noviembre se eligió el proyecto ganador del concurso internacional convocado por el Gobierno de España para resignificar el conjunto monumental y su entorno.
Tres años después de su entrada en vigor, la aplicación de la LMD tiene un balance ambivalente. Aunque supone un avance indudable en el reconocimiento de las víctimas, su implementación se enfrenta a realidades obstinadas: la justicia sigue siendo esquiva para investigar los crímenes del franquismo, la aplicación y desarrollo de algunos de sus postulados está siendo demasiado lenta y es innegable la resistencia política con que se encuentra para su implementación en los territorios gobernados por la derecha.
Natalia Bosch Betancor, colaboradora de FIBGAR.
