La Jurisdicción Universal: el compromiso para un mundo mejor

En 1998, las imágenes del arresto, en una clínica de Londres, del dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte, que había gobernado a sangre y fuego el país durante 17 años (1973-1990), tuvieron un impacto sin igual.

Desde aquel momento tan insólito como inesperado, se puso en marcha la inestancable lucha para llevar Pinochet a juicio. Una saga legal, política y diplomática, que involucró a varios países entre los que destacan Chile, país de origen del ex dictador; España, solicitante de su detención con fines de extradición, y Gran Bretaña, que lo detuvo y lo sometió a tres procesos judiciales, que se desenvolvieron en diferentes etapas durante 16 meses.

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El caso Argentina constituyó un verdadero logro del principio de jurisdicción universal en la lucha contra la impunidad, en el que se llegó a una condena y consecuente pena que está siendo efectivamente cumplida.

Así, el 1 de octubre de 2007, el Tribunal Supremo español condenó a Adolfo Scilingo por la comisión de crímenes contra la humanidad a 1.084 años de prisión, considerando para ello que, el hecho de que el derecho internacional penal consuetudinario ya contemplara la figura típica de los crímenes de lesa humanidad en el momento de los hechos, aunque no lo hiciera la legislación interna española, justificaba su calificación como crímenes de lesa humanidad y, derivado de esta situación, la extensión extraterritorial de la jurisdicción española para conocer de ellos.

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Entre 1960 y 1996, Guatemala se convirtió en el escenario de uno de los más grandes genocidios del siglo XX.

Durante las décadas que duró la guerra civil, miles de personas, en su mayoría indígenas mayas, fueron asesinados, violentados, desplazados o desaparecidos por el Ejército y demás autoridades guatemaltecas o grupos paramilitares, por causas raciales, repartición de tierras, adquisición de derechos civiles y políticos y por haber sido considerados como «enemigos» por parte de las fuerzas de contrainsurgencia.

El proceso en España del caso Guatemala introdujo una serie de innovaciones en la defensa y protección de pueblos indígenas, así como en la lucha contra la impunidad de los crímenes que contra ellos atentan, en la justicia interna del país centroamericano.

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En el período comprendido entre 1980 y 1991, en la República de El Salvador, se vivió una guerra que sometió a toda la sociedad a episodios de máxima violencia y tuvo como resultado la muerte de alrededor de 75.000 personas, entre ellas 6 religiosos, entre ellos Ignacio Ellacuría, una empleada de hogar y la hija de ésta.

El 11 de septiembre de 2020, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española declaró culpable al acusado, excoronel y exviceministro de seguridad pública del Salvador, Inocente Orlando Montano Morales. La sentencia del Caso Jesuitas se erigió como la primera condena dictada contra un Oficial Militar de alto rango, con base al concepto reducido de jurisdicción universal, que permitió a la justicia española perseguir, fuera del territorio nacional, a los autores de crímenes graves como el terrorismo, cuando las víctimas fueran de nacionalidad española.

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El caso del Tíbet se inició el 28 de junio de 2005 cuando se interpuso querella contra distintos mandatarios del Partido Comunista Chino (en adelante, PCCh) mediante el ejercicio de la acción popular por parte del Comité de Apoyo al Tíbet (en adelante, CAT), la Fundación Casa del Tíbet y la acusación particular de D. Thubten Wangchen, tibetano de origen y nacionalidad española.

En los hechos, se describe la situación que ha venido padeciendo el pueblo tibetano desde que, en 1950, se produjo el crimen de agresión y consecuente ocupación militar del país, que se ha perpetuado hasta la actualidad.

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La Jurisdicción Universal ha quedado demostrada en diversas ocasiones en casos como el de Pinochet, Scilingo, El Salvador, Guatemala o Tíbet, entre otros.

Además, en las últimas dos décadas se ha revelado como esencial en la materialización, sistematización y aplicación del Derecho Internacional convencional y consuetudinario en los sistemas locales, especialmente en el marco de los crímenes que afectan a la comunidad internacional.

Se impone, sin embargo, una importante reflexión acerca de los logros obtenidos y los fracasos o desencuentros acumulados en la aceptación y utilización de este instrumento por legisladores y operadores jurídicos, con el fin de alcanzar el punto de encuentro en el que tales avances se hagan propios por todos y que, con ello, se materialice la finalidad principal de la Jurisdicción Universal: estrechar el margen de impunidad y ampliar la protección de las víctimas.

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