Regulatel analiza los derechos de los ciudadanos en la Era Digital
Madrid, 21 de abril de 2015. FIBGAR fue invitada para desarrollar una ponencia en relación a los derechos de los ciudadanos en la era digital, concretamente en Internet en REGULATEL, el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones reunido del 13 al15 de abril en Cartagena de Indias (Colombia) con motivo del encuentro de los Grupos de Trabajo de la organización. Teniendo en cuenta el trabajo que la organización desarrolla en relación al derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información de los ciudadanos a través de Internet, la ponencia de FIBGAR se centró en analizar el impacto que las nuevas tecnologías han tenido en este derecho.
El representante de La Fundación, Aitor Martínez, habló sobre los procesos de mundialización y globalización, dinámicas que han configurado un mundo de comunicaciones masivas que han cambiado las estructuras que conocíamos hasta el momento. Sin embargo, el marco jurídico internacional, en lo relacionado a la libertad de expresión y el acceso a la información no recoge la especificidad de una herramienta como internet, por lo que se está realizando un trabajo de adecuación de esos instrumentos internacionales a los nuevos retos existentes, sobre todo a través de la figura del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la libertad de expresión. En su intervención FIBGAR sistematizó y analizó los avances que se han llevado a cabo desde la relatoría y los retos que se plantean para los Estados.
En un punto final de la intervención se analizaron algunos avances que están efectuando los Estados, a través de políticas públicas innovadoras en relación al derecho de acceso a internet y el derecho de acceso a los contenidos, realidad dual que informa la estructura básica de los derechos de los ciudadanos en relación a internet. Algunas de esas buenas prácticas identificadas por FIBGAR están relacionadas con las novedosas cartas de derechos del internauta que están aprobando algunos países, la creación de figuras de defensores del ciudadano en el ámbito de internet, la regulación del derecho al olvido, el habeas data digital, o los nuevos mecanismos de acceso a la información pública de manera telemática para garantizar una verdadera responsabilidad. Asimismo, la protección reforzada de los datos de los usuarios y la tutela de la privacidad ciudadana en la red, o la inversión en centros de telecomunicaciones comunitarios y alfabetización digital como forma de combatir la perniciosa brecha digital.
