¿Sabes qué pasó? Boletín Mensual de Derechos Humanos – Enero 2026
Corte Internacional de Justicia: The Gambia vs Myanmar
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha iniciado las audiencias sobre el fondo del caso presentado por The Gambia contra Myanmar por presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en relación con los crímenes cometidos contra la población rohingya. A lo largo de varias semanas, la Corte escuchará testimonios de víctimas y sobrevivientes, declaraciones de expertos en derecho internacional y derechos humanos, así como sesiones a puerta cerrada destinadas al examen de pruebas sensibles.
Este procedimiento reviste una importancia fundamental tanto por su impacto en la situación del pueblo rohingya como por sus implicaciones más amplias para la jurisprudencia internacional. El caso podría contribuir a clarificar el alcance de las obligaciones de los Estados en materia de prevención del genocidio y responsabilidad internacional, reforzando el papel de la CIJ como foro clave para la rendición de cuentas frente a violaciones masivas de derechos humanos. Asimismo, el desarrollo de este proceso resulta relevante para otros casos actualmente en curso ante la Corte.
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Ucrania: avances hacia un Tribunal Especial por el Crimen de Agresión
El Consejo de Europa, junto con la Unión Europea y Ucrania, continúa avanzando en la creación de un Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania. En este contexto, se ha acordado recientemente el establecimiento de un equipo preparatorio encargado de sentar las bases institucionales, jurídicas y organizativas del futuro tribunal, incluyendo la definición de su estructura, las normas de procedimiento y prueba, así como los criterios para la selección de jueces y del fiscal.
Esta iniciativa constituye un paso significativo en los esfuerzos internacionales por garantizar la rendición de cuentas por violaciones graves del derecho internacional y abordar uno de los crímenes más graves del orden jurídico internacional. La creación de este tribunal refleja el compromiso de las instituciones europeas y de la comunidad internacional con la lucha contra la impunidad y con el respeto al derecho internacional, en un contexto marcado por la persistencia del conflicto armado y sus graves consecuencias humanitarias.
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Irán: sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas convocó una sesión especial para abordar la situación en Irán tras la violenta represión de protestas recientes, que ha provocado cientos de muertes y miles de detenciones. Diversos mecanismos de Naciones Unidas denunciaron el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, así como la imposición de restricciones al acceso a internet y a la libertad de expresión e información.
La sesión especial tiene como objetivo reforzar la atención internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país y evaluar posibles medidas para promover la supervisión independiente y la rendición de cuentas. Organizaciones internacionales y de la sociedad civil han subrayado la necesidad de una respuesta firme y coordinada por parte de la comunidad internacional para garantizar la protección de los derechos fundamentales y el acceso a la justicia de las víctimas.
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Israel: demolición de la sede de la Unrwa en Jerusalén
Las autoridades de Israel demolieron la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este, una medida que ha generado una profunda preocupación en el seno de Naciones Unidas y de diversas organizaciones de derechos humanos. La UNRWA desempeña un papel esencial en la prestación de asistencia humanitaria, educativa y sanitaria a la población refugiada palestina, y la demolición de sus instalaciones podría obstaculizar gravemente el desarrollo de estas actividades.
Este hecho se inscribe en un contexto más amplio de tensiones en Jerusalén Este y de restricciones a la actuación de organismos internacionales. Desde Naciones Unidas se ha advertido que la demolición podría vulnerar el derecho internacional y las obligaciones de Israel como Potencia ocupante, subrayando la necesidad de garantizar el acceso de la población civil a la ayuda humanitaria y el respeto de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario.
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