¿Sabes qué pasó en América Latina? Boletín Mensual del Observatorio ALERTA Latam – agosto de 2026
Guatemala: La CIDH lleva a la Corte IDH un caso por desaparición forzada y tortura de estudiantes guatemaltecos durante el conflicto armado
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció, a través de un comunicado de prensa, que en mayo de este año sometió ante la Corte IDH el Caso Marvyn Iván Pérez y otros vs. Guatemala. El caso aborda la desaparición forzada, tortura y falta de acceso a la justicia de 15 estudiantes universitarios, que fueron detenidos en mayo de 1982 mientras el Estado guatemalteco atravesaba un conflicto armado.
Las víctimas formaban parte del Frente Estudiantil Revolucionario Robin García (FERG), un grupo estudiantil cuyo objetivo se centraba en reclamar mejoras en las condiciones de educación. Los estudiantes fueron detenidos por agentes estatales en lugares públicos y fueron trasladados a sitios de detención clandestinos donde fueron sometidos a interrogatorios y torturas. De los 15 estudiantes detenidos, 13 fueron liberados el 9 de junio del mismo año. Sin embargo, hasta el día de la fecha se desconoce el paradero de Jorge Marroquín y Carlos Medina.
Por su parte, la CIDH concluyó que el Estado guatemalteco es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la libertad personal y los derechos a la niñez, artículos 3, 4, 5.1, 5.2, 7.1, 8.1, 19 y 25.1 en la Convención Americana. Así también como la violación del artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas respecto de las dos personas cuyo paradero continúa siendo desconocido.
Colombia a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: la vulnerabilidad estructural del Chocó se agrava tras el terremoto; mientras la CIDH lleva ante la Corte IDH el caso del candidato presidencial Carlos Pizarro
El 10 de agosto un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en el departamento de Chocó tomó lugar en Colombia. Tras el episodio, más de 200 personas fallecieron y otras 300 están desaparecidas. En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) advirtieron sobre los impactos del terremoto en el ejercicio de los derechos humanos, debido a los daños en las viviendas, los establecimientos educativos, centros de salud e infraestructura básica.
En el comunicado de prensa, alertaron también sobre la capacidad desigual de respuesta que existe entre municipios y departamentos en territorios que han sufrido históricamente mayor exclusión. Esto se debe a que el Chocó ha enfrentado históricamente niveles extremos de pobreza: 62 de cada 100 personas en la localidad de Quibdó viven por debajo de la línea de pobreza. La falta de infraestructura evidencia el abandono institucional de la región, que terminó por dificultar el acceso de la ayuda humanitaria tras el suceso. Por esto mismo, la CIDH y la REDESCA hicieron un llamado al Estado colombiano a garantizar sin discriminación el acceso a servicios básicos y asistencia humanitaria.
En paralelo, la CIDH presentó ante la Corte IDH el Caso Carlos Pizarro Leongómez vs. Colombia. Carlos Pizarro fue la máxima autoridad militar del Movimiento 19 de Abril (M-19), quien participó en el proceso de paz que culminó con la desmovilización del grupo en 1990 y se registró ese mismo año como candidato presidencial. Sin embargo, en abril de ese mismo año fue víctima de un ataque que culminó en su fallecimiento. En 2002, los hermanos Castaño Gil fueron condenados por el crimen, pero investigaciones posteriores identificaron que miembros de la fuerza pública fueron partícipes en la planificación y ejecución del crimen.
Ante estos sucesos, la CIDH concluyó que el Estado no cumplió con su deber de prevención a pesar de conocer los riesgos contra Pizarro. La Comisión concluyó, entonces, que Colombia violó los artículos 4.1, 5.1, 8.1, 13.1, 16.1, 23.1 y 25.1 de la Convención Americana, en los que se contempla el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación, a los derechos políticos y a la protección judicial.
México: el asesinato de una dirigente opositora en Guerrero profundiza la crisis de desapariciones forzadas denunciada por la ONU
El pasado 23 de agosto Nadia Vehurini Matadama Díaz, médica y dirigente del partido Movimiento Ciudadano en Tlapehuala, fue asesinada en su domicilio en el estado de Guerrero. Con su fallecimiento, ascienden a 51 los registros de atentados y asesinatos a políticos, en una estado donde, ya en 2024, había sido escenario de asesinatos a tres alcaldes.
El asesinato ocurre en un contexto de violencia política sostenida en México. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU en abril de este año hizo pública su decisión de remitir la situación de México a la Asamblea General, concluyendo que existen indicios suficientes de que las desapariciones forzadas se han practicado de forma generalizada y sistemática en el país.
Venezuela: la CIDH presenta ante la Corte IDH un caso por detención arbitraria y tortura
La CIDH sometió ante la Corte IDH el caso Gustavo Enrique Carrero Angarita vs. Venezuela. Gustavo Enrique se desempeñaba como teniente de Fragata de la Armada venezolana, cuando en mayo de 2018 fue acusado de traición a la patria, incitación a la rebelión y delitos contra el decoro militar. Desde ese momento, ha permanecido privado de libertad bajo prisión preventiva sin sentencia definitiva.
La Comisión concluyó que no solo su detención fue ilegal y arbitraria, sino que la prolongación de su prisión preventiva sin control judicial vulnera su derecho a la libertad personal. Además, expone que los actos denunciados durante su detención como el impedimento de contacto con su familia y la falta de atención médica, son actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Por tanto, la CIDH concluyó que el Estado venezolano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, garantías judiciales, protección judicial y salud, que están establecidos en los artículos 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 25.1 y 26 de la Convención Americana.
Perú: se declara emergencia en Ayacucho tras el terremoto y se agrava su vulnerabilidad a la crisis climática
El 20 de agosto un terremoto de magnitud 7,2 ocurrió en la región de Ayacucho, dejando a más de 400 personas afectadas y un gran daño estructural a los residentes. Días después, el gobierno peruano declaró estado de emergencia por 60 días en cinco distritos de Ayacucho para poder realizar acciones integrales de reparación.
En lo que va del 2026, Perú se ha visto afectado por más de 500 sismos. Frente a ello y las previsiones climáticas para los próximos meses, unos días antes del sismo, la agencia de la ONU en Perú ya había publicado un comunicado donde anunciaba la intensificación de las acciones de preparación frente al Fenómeno El Niño. El terremoto de agosto no hizo más que exponer una vez más la vulnerabilidad climática a la que se enfrenta el país.
Argentina: la CIDH presenta un caso contra el accionar del Estado ante indicios de abuso sexual infantil en un proceso de custodia
La CIDH presentó ante la Corte IDH el caso R.B.L y Marisa Romero vs. Argentina. El caso se origina tras la separación de los padres de la víctima, Marisa Romero y Fabián Llamas, cuando R.B.L expresó temor de permanecer con su padre. Ante esta situación, Marisa Romero presentó denuncias y solicitó suspender las visitas paternas hasta concluida la investigación. Sin embargo, el Tribunal Familiar consideró insuficientes las pruebas por lo que rechazó la suspensión, y finalmente en 2003 se otorgó la tenencia definitiva a Fabián Llamas.
La Comisión concluyó que el Estado argentino no actuó con debida diligencia ante los indicios de violencia sexual, sin valorar los relatos de la niña con perspectiva de género y niñez, sometiéndola a un proceso revictimizante de entrevistas excesivas y sin metodología coordinada. También determinó que Marisa Romero fue estigmatizada mediante estereotipos de género durante el proceso. Por último, respecto del proceso, la CIDH observó que la investigación no se inició de oficio pese a las primeras alegaciones.
Tras este contexto, la Comisión concluyó que Argentina es responsable por la violación de los artículos 5.1, 8.1, 11, 19, 24 y 25.1 de la Convención Americana, donde se recogen los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad, a los derechos de la niñez, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial.
La Sexta Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo reafirmó el Consenso de Montevideo
Los días 18, 19 y 20 de agosto tuvo lugar la Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe en Montevideo. El encuentro reafirmó el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo como hoja de ruta esencial para situar los derechos humanos en el centro de las políticas de población.
La conferencia se celebró en un contexto regional de retrocesos documentados en los derechos, especialmente de las mujeres, niñas y adolescentes, con desmantelamiento de políticas públicas esenciales, teniendo impacto en la toma de decisión libre e informada sobre los cuerpos y los proyectos de vida.
José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, subrayó que la región enfrenta cambios demográficos inéditos, como la caída de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida y los flujos migratorios, querequieren avanzar hacia políticas de Estado sostenibles.
