La crisis de liquidez de la ONU y el aumento de casos marcan las sesiones sobre desapariciones forzadas
Las recientes sesiones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, celebradas en Ginebra los días 16 y 29 de septiembre, dejaron un mensaje claro: mientras las desapariciones forzadas siguen aumentando en contextos de conflicto, migración y represión, los mecanismos internacionales enfrentan obstáculos sin precedentes que amenazan su capacidad para cumplir con sus mandatos.
Durante la sesión del 16 de septiembre, el Grupo de Trabajo presentó su informe anual y alertó sobre el aumento sostenido de casos. Solo en 2023 se transmitieron 1.280 nuevos casos de desapariciones forzadas a 38 Estados, de los cuales 927 fueron tramitados mediante procedimientos urgentes. Estos casos se concentran especialmente en zonas de conflicto armado como Ucrania y Gaza, pero también en contextos migratorios en Túnez, Libia, Lituania y Chipre, donde las prácticas de pushbacks (el acto de devolver a personas migrantes sin seguir los procedimientos legales) exponen a las personas a graves violaciones de derechos humanos.
El Grupo de Trabajo enfrenta actualmente un acumulado de 8.000 casos pendientes debido a la crisis de liquidez de Naciones Unidas, que ha reducido drásticamente su capacidad operativa. En 2024 solo se pudo realizar una visita a países (a Lituania) y no se prevén misiones para 2025. Esta situación limita la posibilidad de verificar sobre el terreno la implementación de recomendaciones y obstaculiza el seguimiento efectivo de casos.
La instrumentalización de los flujos migratorios fue un tema central en la intervención de Lituania, que denunció las acciones de Bielorrusia para facilitar el paso irregular de migrantes hacia la frontera europea, exponiéndolos a desapariciones y otros abusos. El país reafirmó su compromiso con los derechos humanos y alertó sobre el uso de las desapariciones para silenciar disidencias y intimidar a la sociedad civil. Casos similares fueron señalados en otras regiones. Se expresaron preocupaciones por devoluciones en Libia, deportaciones desde EE.UU. a El Salvador y Venezuela, y por prácticas migratorias en países como Chipre, donde las recomendaciones del Grupo de Trabajo de 2022 han sido implementadas solo parcialmente.
En paralelo, el Comité sobre Desapariciones Forzadas celebró el 29 de septiembre su 550ª sesión, centrada en fortalecer la cooperación internacional y responder a fenómenos emergentes. Entre las iniciativas destacadas se encuentra la preparación de una declaración conjunta con el Grupo de Trabajo para abordar la represión transnacional, es decir, secuestros, desapariciones y hostigamientos perpetrados por Estados fuera de sus fronteras. Este fenómeno, cada vez más frecuente, afecta gravemente a víctimas, comunidades de acogida y sistemas de asilo.
Otro desarrollo importante es la elaboración de una nueva Observación General sobre las dimensiones de género de la desaparición forzada, que busca identificar desafíos específicos para mujeres y niñas y fortalecer las estrategias de prevención, investigación y reparación con enfoque interseccional. Asimismo, el Comité avanza en la formulación de principios orientadores sobre identidad sexual y desapariciones, un tema que hasta ahora ha recibido poca atención.
El Comité también presentó los resultados del Primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas (enero de 2025), que reunió a Estados, sociedad civil y organizaciones de víctimas para relanzar un movimiento global en la materia. Entre las acciones de seguimiento figuran la creación de redes de víctimas y jóvenes, la promoción de la ratificación de la Convención Internacional y el fortalecimiento de capacidades nacionales.
Varios Estados reafirmaron su adhesión a la Convención y describieron avances y retos. Perú presentó su Plan Nacional de Búsqueda hasta 2030, con un enfoque humanitario y sensible al género, así como apoyo psicosocial a miles de familias afectadas por desapariciones del conflicto interno. Colombia actualizó sus cifras a 132.000 personas desaparecidas y destacó sentencias históricas de la Jurisdicción Especial para la Paz, que combinan justicia transicional y restaurativa. Sin embargo, Iraq reconoció que aún carece de una ley específica que tipifique la desaparición forzada conforme al artículo 4 de la Convención.
La sociedad civil tuvo una presencia destacada. ONGs y familiares denunciaron barreras persistentes para la participación y la rendición de cuentas, incluyendo la exclusión de víctimas de los procesos oficiales y campañas de difamación en su contra. FEDEFAM llamó la atención sobre la desaparición de niños en América Latina, mientras que organizaciones catalanas subrayaron el rol clave de las mujeres buscadoras.
Tanto el Comité como el Grupo de Trabajo hicieron un llamado conjunto a reforzar el apoyo político y financiero al sistema de tratados de la ONU, cuya efectividad se ve gravemente amenazada por la crisis presupuestaria. También insistieron en la necesidad de que los Estados ratifiquen la Convención y reconozcan la competencia del Comité para recibir comunicaciones individuales. Finalmente, la Presidencia del Comité subrayó que el intercambio de buenas prácticas y la cooperación transnacional son esenciales para enfrentar la magnitud y complejidad del fenómeno de las desapariciones forzadas, que sigue afectando a decenas de miles de personas en todo el mundo.
Sara Zanon y Marina de Leiva, colaboradoras de FIBGAR.
