Verdad, justicia y reparación: la arquitectura inacabada de la justicia transicional
Hay un momento, en toda sociedad que emerge de la violencia masiva, en que el derecho penal se queda sin respuestas fáciles. No se puede juzgar a todo el mundo. Los archivos están incompletos o fueron destruidos deliberadamente. Los responsables mueren, huyen o son protegidos por las mismas instituciones que deberían exigirles cuentas. De ese callejón sin salida ha surgido, en el último medio siglo, un cuerpo de principios conocido como justicia transicional: la idea de que las sociedades que se recuperan de un conflicto o de un régimen autoritario deben a sus víctimas cuatro cosas entrelazadas verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ninguna de las cuales es opcional ni sustituye a las demás. Una comisión de la verdad sin procesos judiciales es memoria sin rendición de cuentas. Los procesos judiciales sin reparación dejan a los supervivientes formalmente reivindicados, pero materialmente desatendidos. Y nada de esto se sostiene si no cambia nada para evitar que vuelva a ocurrir.
Un derecho con setenta años de historia
El derecho a un recurso efectivo no es una invención reciente. Está anclado en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza a toda persona “un recurso efectivo” ante los actos que violen sus derechos fundamentales, y adquirió forma jurídica sistemática en 2005, cuando la Asamblea General de la ONU adoptó los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (resolución 60/147). Ese documento estableció, por primera vez en un único instrumento, lo que la reparación significa en la práctica: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, categorías que siguen estructurando hoy la manera en que el Consejo de Derechos Humanos, sus Procedimientos Especiales y los mecanismos nacionales abordan las secuelas de las atrocidades.
Un mandato para mantener viva la memoria
Desde 2011, el Consejo de Derechos Humanos mantiene un mandato específico para actualizar este marco: el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, creado por la resolución 18/7 del Consejo y renovado más recientemente mediante la resolución 54/8. Los sucesivos titulares del mandato han utilizado el cargo para documentar qué funciona y qué no en decenas de países. Sus informes temáticos han abordado los enfoques de género en la justicia transicional, la documentación de violaciones masivas de derechos humanos y, en el informe más reciente presentado al Consejo, la creciente amenaza del negacionismo, la negación y el revisionismo: el esfuerzo deliberado, cada vez más amplificado por las redes sociales y la inteligencia artificial, por sustituir los relatos ya establecidos sobre atrocidades pasadas por narrativas que sirven a intereses políticos concretos. La advertencia del informe fue contundente, aunque no nueva en su esencia: la negación no se limita a distorsionar la historia, sino que revictimiza activamente a los y las supervivientes y desmonta, pilar tras pilar, lo que los procesos de verdad, justicia y reparación ya habían logrado. El informe apuntó también a un riesgo más sutil: las leyes de memoria o de seguridad adoptadas, en teoría, para combatir la negación pueden convertirse ellas mismas en instrumentos de censura si no se redactan con precisión y mesura.
Cuando la ausencia de reparación tiene nombre y apellido
Las consecuencias de fallar en esto rara vez son abstractas. Sesiones recientes del Consejo han escuchado, casi en paralelo, cómo la falta de verdad, justicia y reparación golpea a dos de los colectivos históricamente menos protegidos y más afectados por los conflictos: las mujeres y la infancia. Un informe reciente de la Alta Comisionada presentado ante el Consejo constató que mujeres y niños representaron cerca del 70% de las víctimas civiles mortales registradas en 2023, que las violaciones graves verificadas contra la infancia aumentaron un 25% interanual, y que la violencia sexual relacionada con los conflictos, uno de los crímenes históricamente más difíciles de perseguir y de reparar, casi se duplicó entre 2024 y 2025. Las recomendaciones del informe siguen la misma arquitectura que los Estados llevan dos décadas comprometiéndose a aplicar: eliminar las amnistías y prescripciones que protegen a los responsables; hacer que la justicia sea accesible física y económicamente, como han demostrado los tribunales móviles con enfoque de género en la República Democrática del Congo; financiar programas de reparación integrales y no meramente simbólicos, como intenta la Ley de Sobrevivientes Yazidíes de Irak; y reconocer categorías de víctimas los niños vinculados anteriormente a grupos armados, los nacidos de violencia sexual relacionada con conflictos que los marcos más antiguos tendían a pasar por alto.
Un patrón que se repite
Lo que emerge de décadas de práctica del Consejo es un patrón de fracaso constante, casi mecánico. Casi nunca es la ausencia de estándares jurídicos lo que impide a las víctimas acceder a la verdad, la justicia y la reparación. Los Estados han firmado los tratados, adoptado las resoluciones y, en muchos casos, legislado esquemas de reparación sobre el papel. El fallo está en la implementación: comisiones de la verdad infrafinanciadas, leyes de amnistía que sobreviven pese a ser incompatibles con el derecho internacional, fondos de reparación que existen en la norma pero no en el presupuesto y como plantearon sin rodeos las Islas Marshall ante el Consejo, refiriéndose a décadas de daños no reconocidos por los ensayos nucleares realizados en su territorio una forma de negación que “acepta el sufrimiento mientras niega lo que ese sufrimiento implica”, tratando un acuerdo económico como un acto de asistencia y no como el reconocimiento de una responsabilidad jurídica.
Más allá de Ginebra
Esta no es únicamente una historia del Consejo de Derechos Humanos. La Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comisiones de la verdad regionales de Sierra Leona a Colombia y Marruecos y un creciente cuerpo de jurisprudencia doméstica beben todos de la misma arquitectura. Lo que aporta el Consejo es un foro permanente en el que los Estados están obligados, al menos una vez al año, a explicar públicamente qué han hecho y qué no y en el que las organizaciones de víctimas, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil pueden dejar constancia de hechos incómodos incluso cuando los gobiernos preferirían silenciarlos. Ese es, en el fondo, el argumento discreto para mantener el mandato dotado de recursos y el diálogo abierto: no que informar, por sí solo, haga justicia, sino que la visibilidad suele ser su condición previa.
Sesenta años después de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dieran forma jurídica vinculante a las promesas de la Declaración Universal, y veinte años después de la adopción de los Principios Básicos sobre reparación, la brecha a la que el Consejo de Derechos Humanos vuelve una y otra vez no es conceptual. Es la distancia entre los compromisos que los Estados ya han asumido y los recursos, la voluntad política y la protección de los supervivientes necesarios para honrarlos.
Artículo escrito por Annalisa Losapio, colaboradora de FIBGAR.
