¿Sabes qué pasó en América Latina? Boletín Mensual del Observatorio ALERTA Latam – Octubre de 2026
PERÚ ante el asesinato de la periodista y candidata política Susy Aponte Polo: violencia contra la prensa y riesgo electoral.
La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash (Perú), Susy Ysabel Aponte Polo, fue asesinada el pasado 19 de septiembre en la provincia de Caraz, mientras brindaba una entrevista a un medio local. Fundadora y conductora de un espacio informativo digital de gran alcance local donde visibilizaba problemáticas de la región de Áncash, tales como presuntas irregularidades en obras públicas, corrupción institucional, crimen organizado y minería ilegal. Días antes del hecho, ya había solicitado formalmente protección policial tras haber recibido múltiples amenazas de muerte.
La Defensoría del Pueblo de Perú en su Comunicado N.º 055/DP/2026, manifiesto que este hecho constituye una violación flagrante de los derechos humanos y un atentado directo contra el ejercicio de los derechos políticos y la democracia. Asimismo, alertó que la violencia contra candidatos y candidatas, en el contexto del actual proceso electoral, constituye una amenaza crítica para la legitimidad, transparencia y normal desarrollo de los comicios regionales y municipales.
Como comunicadora y candidata política, Susy Aponte representaba la libertad de expresión y la participación democrática. Su asesinato no solo acabó con una vida, sino que golpeó los pilares esenciales que sostienen la convivencia democrática.
Colombia: La JEP se enfrenta a recortes presupuestarios mientras se marca un hito en el progreso de instauración de justicia al atribuir responsabilidades a un ex directivo de la empresa Ecopetrol.
Diferentes organismos internacionales como la OCDE, la Corte Penal Internacional, además de expertos de Naciones Unidas consideran el modelo de justicia restaurativa de la JEP como un referente mundial en materia de justicia transicional y transformación territorial.
Pese a ello, actualmente la JEP se viene enfrentando a cambios presupuestarios. Las comisiones económicas conjuntas del nuevo gobierno aprobaron una reducción que dejaría los recursos de la misma en un porcentaje de aproximadamente 22.8% menos que el presente ejercicio. Ante ello la JEP ha solicitado al Congreso que se mantenga el presupuesto previsto para su funcionamiento en 2027, considerando que esta reducción presupuestaria afectaría el desarrollo de sus actividades judiciales y las medidas de protección, y sobre todo limitaría las audiencias y diligencias en los territorios donde ocurrieron los crímenes, además de la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial de las víctimas. Ante este acontecimiento incluso la ONU ha pedido al Congreso colombiano seguir garantizando recursos para el funcionamiento de la institución, considerados indispensables.
En este marco, la JEP continúa demostrando la importancia de su accionar. En ese sentido, en el marco del Caso 08 (subcaso Magdalena Medio) ha emitido su primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas, abriendo la puerta para que las empresas privadas participen en la reparación del daño a las víctimas. Si bien la Corte Constitucional determinó que las compañías como Ecopetrol están fuera de la competencia obligatoria de la JEP, el tribunal convocó a la empresa a un «diálogo de construcción de verdad con enfoque restaurativo», que busca priorizar las legítimas demandas de reparación de las comunidades afectadas.
NICARAGUA: La CIDH otorga medidas cautelares a la defensora de derechos humanos Thelma Montenegro en un contexto de creciente represión a la oposición
El pasado 30 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Thelma del Rosario Montenegro Centeno, abogada y defensora de derechos humanos nicaragüense, quien además es integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA), que acompaña a familiares de víctimas de la represión en Nicaragua. La CIDH consideró que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable para sus derechos a la vida y a la integridad personal.
Thelma Montenegro fue detenida inicialmente el 19 de agosto de 2026, cuando acudió a una comisaría de Pantasma para realizar un trámite relacionado con su licencia de conducir. Tras ser liberada, fue detenida nuevamente el 23 de agosto por personas armadas. Desde entonces, sus familiares no han recibido información oficial sobre su paradero ni sobre sus condiciones de reclusión. La CIDH señaló, que el Estado no proporcionó información sobre las medidas adoptadas para esclarecer su situación de desaparición.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de ONU concluyó en un informe del 2025 que el actual régimen nicaragüense ha transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario, donde no quedan instituciones independientes, las voces disidentes son silenciadas y la población enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas. Por su lado, el Informe Anual 2025 de la CIDH, en su capítulo IV.B, dedicado íntegramente a Nicaragua, confirma la consolidación de un régimen autoritario, considerando que la última reforma constitucional –en vigor desde el 18 de febrero de 2025–, representó el fin del Estado de derecho al eliminar los pocos controles institucionales que quedaban y crear un poder ejecutivo con dominio absoluto.
En este contexto, el presidente Daniel Ortega, quien aseguró que no permitiría nuevos comicios para evitar que la oposición intente «atrapar el Gobierno» y «atrapar el poder», fue reelegido en 2021, después de que las autoridades encarcelaran a aspirantes de partidos opositores, en una ola represiva que también afectó a políticos, empresarios, activistas y periodistas. Es decir, las restricciones a la oposición y la persecución de voces críticas ya evidenciaban una deriva autoritaria, que sus declaraciones y accionares más recientes parecen profundizar.
La situación de Thelma Montenegro plantea una pregunta que trasciende su caso individual. Si las instituciones nacionales no esclarecen una detención, ni proporcionan información verificable, ni garantizan una investigación efectiva y el Estado restringe la cooperación internacional, ¿qué vías quedan para proteger a las personas afectadas?
Brasil: Elecciones, plataformas digitales y garantías democráticas
Las elecciones presidenciales de Brasil estuvieron marcadas por una profunda polarización política y por el contraste entre dos proyectos que representan polos opuestos en sus concepciones sobre la democracia, el pasado dictatorial y los derechos humanos. Luiz Inácio Lula da Silva, cuya trayectoria política se inició en el movimiento sindical durante la dictadura militar, se enfrentó a Flávio Bolsonaro, heredero político de Jair Bolsonaro, defensor de aquel régimen y de los militares señalados por la Comisión Nacional de la Verdad como responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluidas torturas y ejecuciones.
A esta polarización se sumaron los desafíos que plantearon la desinformación y el uso de inteligencia artificial en los procesos electorales. Durante la campaña surgieron denuncias sobre un posible sesgo de Meta a favor de Flávio Bolsonaro, relacionadas con la generación y difusión de contenidos políticos y el tratamiento desigual de solicitudes vinculadas a ambas candidaturas. Estas controversias motivaron la intervención del Tribunal Superior Electoral (TSE), que requirió a la plataforma información sobre sus sistemas de recomendación y las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de trato en la distribución de contenidos y anuncios electorales. Asimismo, observadores de Naciones Unidas cuestionaron la actuación de Meta durante los comicios. El episodio evidencia la creciente necesidad de supervisión pública sobre las grandes plataformas digitales, cuya capacidad para condicionar la circulación de información puede incidir directamente en la formación de la opinión pública y en las garantías de una competencia electoral democrática.
Las controversias también alcanzaron la jornada de votación. La campaña de Lula denunció restricciones en la circulación del transporte público en distintas ciudades y estados, que habrían dificultado el desplazamiento de los electores hacia los centros de votación. Por su parte, la candidatura de Flávio Bolsonaro también señaló problemas de movilidad, atribuidos a las fuertes lluvias en algunas regiones del país. Ante las dificultades reportadas, el Tribunal Superior Electoral intervino para ampliar el horario de votación.
Finalmente, Lula da Silva obtuvo la reelección con el 51,79 % de los votos válidos, frente al 48,21 % de Flávio Bolsonaro, asegurando así un cuarto mandato presidencial, cuya toma de posesión está prevista para el 5 de enero de 2027. El resultado supone un freno electoral al avance de la ultraderecha en Brasil.
Venezuela: La ONU exige el levantamiento de los bloqueos digitales
El pasado 28 de octubre, un grupo de expertos de las Naciones Unidas instó al Gobierno venezolano a levantar todos los bloqueos arbitrarios que continúan restringiendo el acceso a sitios web de medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y distintos servicios digitales. Aunque durante septiembre se restableció el acceso a algunos portales y plataformas, persisten restricciones totales o parciales sobre medios nacionales e internacionales, herramientas de privacidad y organizaciones de la sociedad civil.
Los expertos advirtieron que estas restricciones limitan el acceso a la información, la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y la posibilidad de comunicarse de forma segura. Asimismo, manifestaron su preocupación por la falta de transparencia sobre el fundamento jurídico de los bloqueos y los mecanismos disponibles para impugnarlos. En este sentido, recordaron que las empresas de telecomunicaciones tienen una responsabilidad propia de respetar los derechos humanos y que el Estado debe garantizar que sus instrucciones no contribuyan a vulnerarlos, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
El llamamiento de Naciones Unidas pone de manifiesto que los bloqueos digitales no constituyen únicamente una restricción tecnológica, sino también una forma de limitar el espacio cívico y el ejercicio de derechos fundamentales. Garantizar un acceso libre y seguro a internet resulta indispensable para el pluralismo informativo, el trabajo periodístico y la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Por ello, el levantamiento de las restricciones debe ir acompañado de garantías institucionales que impidan su reaparición y aseguren que la libertad de expresión pueda ejercerse sin interferencias arbitrarias.
