Argentina investiga a Álvaro Uribe por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Colombia: la justicia universal avanza en América Latina
En julio de 2024, la justicia argentina ha dado un paso inédito en la región al admitir una causa penal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su mandato. El reconocimiento de las victimas y organizaciones de derechos humanos como parte civil, gracias a la decisión de un tribunal federal de Buenos Aires, posiciona a Argentina como uno de los pocos países latinoamericanos que aplican activamente el principio de jurisdicción universal.
Este caso en cuestión se centra en uno de los capítulos más sombríos del conflicto armado colombiano. Los “falsos positivos”, cuya práctica consistió en el asesinato sistemático de miles de civiles por parte del ejército, posteriormente presentados como guerrilleros abatidos en combate. En casi todo el territorio colombiano, durante los años 2002 y 2008, al menos 6.000 personas, en su mayoría jóvenes de clase baja y barrios marginados, fueron reclutadas y ejecutadas bajo la idea de tener un mejor futuro para ellas y sus familias.
Álvaro Uribe durante su periodo de presidencia entre 2002 y el 2010, impulsó la política de “Seguridad Democrática”, siendo una estrategia militar que priorizaba los resultados operativos en la lucha contra la guerrilla. Bajo este modelo, las fuerzas armadas recibían incentivos para reportar bajas enemigas, lo que habría generado una presión institucional que estimuló ejecuciones ilegales para inflar las cifras. Los casos documentados muestran un patrón reiterado: los jóvenes eran reclutados con falsas ofertas de trabajo, asesinados por soldados y sus cuerpos manipulados para simular bajas humanas en combates armados.
La presunta implicación del expresidente no se limita a su posición jerárquica como “comandante en jefe de las fuerzas armadas”, sino que apunta a un presunto conocimiento previo de la práctica criminal y a su omisión para prevenirla o sancionarla. Las denuncias de familiares, medios y organizaciones eran recurrentes durante su mandato, pero Uribe no solo habría ignorado los hechos, sino que continuó exigiendo más resultados militares.
Además, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) cerró en 2021 un examen preliminar sobre los “falsos positivos” tras firmar un acuerdo con el gobierno colombiano, lo que dejó sin opciones a las víctimas en el plano internacional. A raíz del proceso de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha procesado a decenas de militares incluidos generales de alto rango, sin embargo, su competencia no alcanza a expresidentes. No obstante, el fiscal federal pidió a esta entidad y a otras autoridades colombianas cooperación para que incluyeran información al respecto.
Frente a esta situación, el 7 de noviembre de 2023 frente a los tribunales argentinos, un grupo de víctimas y tres organizaciones colombianas (CSPP, CAJAR y CJL) presentaron una denuncia contra Álvaro Uribe, invocando la jurisdicción universal.
La denuncia fue asignada al Juzgado Federal N.º 2 de Buenos Aires, donde la información aportada sobre cualquier investigación abierta en relación con los hechos denunciados ayudó a que finalmente, en julio de 2024, el tribunal otorgara a los denunciantes la calidad de víctimas dentro del proceso penal, lo que les concede plena legitimidad para intervenir activamente en la causa. Este reconocimiento no solo les permite presentar pruebas y solicitar diligencias, sino que también abre la posibilidad de ampliar el alcance de la investigación, incluyendo la identificación de víctimas aún no registradas y la localización de sus familiares mediante la intervención de peritos especializados.
En un escenario regional marcado por la falta de rendición de cuentas en crímenes de Estado, el fallo de la justicia argentina representa una señal de esperanza para quienes buscan justicia más allá de sus fronteras.
David Cañón Galán, colaborador de FIBGAR.
