Australia atraviesa un momento inédito en su relación con el derecho penal internacional. Por un lado, la justicia civil está investigando a ex militares australianos por presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, así como a mujeres que regresaron al país tras haber estado vinculadas al Estado Islámico en Siria —que si bien no constituyen jurisdicción universal en sentido estricto, pueden funcionar como un valioso precedente institucional—. Por otro, en los últimos años se han presentado ante la Policía Federal Australiana (AFP) las primeras denuncias que sí invocan expresamente el principio de jurisdicción universal, referidas a crímenes cometidos fuera de Australia por personas que no son ciudadanas del país. Ninguno de estos procesos ha llegado todavía a una sentencia definitiva, pero en conjunto configuran una prueba crucial para un sistema jurídico que, a diferencia de varios países europeos, tiene escasa experiencia en la persecución de crímenes internacionales cometidos en el extranjero.
El marco legislativo: una jurisdicción universal «absoluta» en el sistema legal, pero condicionada en la práctica.
Australia puede perseguir crímenes internacionales cometidos en el extranjero en virtud del Código Penal de la Commonwealth de 1995. Adedmás, la incorporación en 2002 de los delitos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio se complementó con la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por parte del país. Estos delitos están sujetos a la denominada jurisdicción geográfica de «Categoría D», la más amplia prevista en el ordenamiento australiano: significa que los tribunales pueden ejercer competencia incluso cuando el crimen fue cometido por una persona que no es ciudadana australiana y fuera del territorio del país. Organizaciones de la sociedad civil como el Australian Centre for International Justice (ACIJ) describen esta situación como una jurisdicción universal «absoluta», al menos sobre el papel, que alcanza a la tortura, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio.
Sin embargo, el ejercicio de esa competencia está sometido a varias particularidades del sistema jurídico interno que lo distinguen de los sistemas de derecho europeos con mayor trayectoria en jurisdicción universal. Debido a una declaración interpretativa emitida por Australia al ratificar el Estatuto de Roma, los delitos penales internacionales deben interpretarse conforme a la legislación australiana y no a la jurisprudencia de la CPI. Además, los juicios deben resolverse mediante jurado —la ley vigente no permite que un juez único presida este tipo de causas— y las condenas por delitos graves de la Commonwealth deben ser unánimes, lo que exige convencer a la totalidad del jurado de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.
A esto se suma una barrera de naturaleza política: iniciar un proceso penal por crímenes internacionales requiere el consentimiento del Fiscal General de la Commonwealth. Este requisito impide, en la práctica, las acusaciones penales privadas contra personas sospechosas de haber cometido estos delitos y ha sido señalado reiteradamente por organizaciones de derechos humanos como uno de los principales obstáculos para activar la jurisdicción universal en el país, incluso cuando existen pruebas sustanciales y la persona señalada se encuentra presente en territorio australiano.
Un paso relevante en la dirección contraria se dio en 2025, cuando la AFP publicó su Guía de Buenas Prácticas para la Investigación de Crímenes de Guerra, Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio, que establece por primera vez un marco operativo claro para este tipo de investigaciones, incluido un mecanismo formal para la presentación de denuncias.
Los casos por Afganistán y el terrorismo vinculado a Siria
El proceso judicial más visible en curso no es, en rigor, un caso de jurisdicción universal: se trata de crímenes presuntamente cometidos por ciudadanos australianos, activados jurisdiccionalmente a través del principio de personalidad activa y no el de jurisdicción universal propiamente dicho. Aun así, estas causas son especialmente relevantes porque están obligando a los tribunales australianos a resolver, por primera vez a gran escala, los mismos desafíos técnicos y probatorios que enfrentaría cualquier proceso de jurisdicción universal: prueba extraterritorial, testigos en zonas de conflicto, calificación de conductas conforme a estándares de derecho penal internacional y compatibilidad con las garantías del debido proceso.
Tras una extensa investigación del Inspector General de las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF) sobre denuncias de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas especiales en Afganistán, se han presentado cargos contra dos ex soldados, mientras otras diez investigaciones continúan abiertas. El caso de mayor perfil público es el de Ben Roberts-Smith, el soldado australiano vivo más condecorado del país. Un informe militar de 2020 reveló graves acusaciones contra unidades de élite desplegadas contra las fuerzas talibanas, entre ellas torturas, ejecuciones sumarias y competencias de «recuento de cadáveres». En abril de 2026, Roberts-Smith fue acusado de cinco cargos de crimen de guerra y asesinato, vinculados a una serie de homicidios ilegales de prisioneros afganos desarmados entre 2009 y 2012; obtuvo la libertad bajo fianza ese mismo mes, y de ser declarado culpable podría enfrentar cadena perpetua.
En paralelo, el 7 de mayo de 2026 tres mujeres nacionales que regresaron a Australia desde Siria tras haber estado vinculadas al Estado Islámico fueron acusadas de diversos delitos relacionados con terrorismo y esclavitud, a las que se sumó una cuarta mujer acusada el 28 de mayo. Estos procesos, sustanciados igualmente ante tribunales domésticos y con jurado, plantean desafíos probatorios similares a los de Afganistán en cuanto a la reconstrucción de hechos ocurridos en zonas de conflicto activo.
Ninguno de estos procesos exige que Australia ejerza jurisdicción universal frente a un sospechoso extranjero sin vínculo con el país, pero sí exige que el sistema judicial australiano aprenda a incorporar herramientas indispensables para ese tipo de procesos y aplicar categorías del derecho penal internacional dentro de su propio marco procesal. En ese sentido, estos juicios pueden entenderse como un ensayo institucional: si Australia logra sustanciarlos de manera transparente y conforme a los estándares internacionales, aun con las limitaciones de seguridad nacional que puedan llevar a celebrar parte de las audiencias a puerta cerrada, la experiencia adquirida en materia de prueba extraterritorial y calificación jurídica podría trasladarse, en el futuro, a causas de jurisdicción universal.
Las denuncias que sí ponen a prueba la jurisdicción universal
A diferencia de los casos anteriores, dos episodios recientes sí han activado —o intentado activar— la jurisdicción universal australiana frente a personas extranjeras por crímenes cometidos fuera de Australia contra víctimas igualmente extranjeras.
El primero es el caso del general retirado sri lankés Jagath Jayasuriya. En 2019, el International Truth and Justice Project – Sri Lanka (ITJP), junto con el ACIJ y el Human Rights Law Centre, presentaron una solicitud formal ante la AFP para que investigara a Jayasuriya por graves acusaciones de tortura, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su mando durante la fase final de la guerra civil de Sri Lanka, en la región de Vanni, en 2009. La solicitud se presentó con el conocimiento de que Jayasuriya se encontraba en ese momento en territorio de Australia. La AFP no llevó adelante la investigación, atribuyendo el retraso a un «descuido» administrativo. Ante esa falta de respuesta, en marzo de 2022 las organizaciones modificaron su estrategia y solicitaron al Gobierno australiano que sancionara a Jayasuriya en el marco de su nuevo régimen de sanciones de derechos humanos de estilo Magnitsky. El caso Jayasuriya ilustra, en la práctica, cómo el requisito de consentimiento del Fiscal General y la falta de una unidad especializada permanente pueden neutralizar una denuncia de jurisdicción universal incluso cuando el sospechoso está físicamente presente en el país.
El segundo episodio, más reciente, se refiere a Myanmar. En octubre de 2025, la organización Legal Action Worldwide presentó ante la AFP una denuncia penal por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas de Myanmar desde el golpe militar de febrero de 2021. Según el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar (IIMM), la AFP se encuentra actualmente evaluando esa denuncia. Se trata de la primera vez que Australia enfrenta formalmente una solicitud de jurisdicción universal referida a la situación de Myanmar, un país que —al no ser Estado parte del Estatuto de Roma— depende en buena medida de este tipo de mecanismos nacionales para que las víctimas puedan acceder a la justicia.
Australia en el contexto regional de Asia-Pacífico
La denuncia sobre Myanmar no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia regional emergente. En los últimos años se han presentado denuncias similares ante autoridades de Indonesia —donde en abril de 2026 la activista rohinyá Yasmin Ullah, el exfiscal general indonesio Marzuki Darusman y un grupo de defensores de derechos humanos denunciaron al líder militar Min Aung Hlaing por genocidio—, así como en Filipinas, Timor Oriental y Turquía. Estas iniciativas revelan un interés creciente en construir respuestas nacionales a los crímenes cometidos en Myanmar, en un contexto donde los mecanismos internacionales enfrentan restricciones jurisdiccionales y donde solo Argentina ha emitido órdenes de detención contra autoridades birmanas por crímenes contra el pueblo rohinyá.
Este contexto resulta un gran avance, en una región donde la aplicación de estos institutos ha sido tradicionalmente escasa. Los fuertes principios de soberanía y no injerencia que caracterizan a la región —particularmente entre los Estados miembros de la ASEAN— han limitado históricamente la disposición de los tribunales nacionales a investigar crímenes cometidos por Estados vecinos.
En ese contexto, el hecho de que Australia cuente hoy con una denuncia activa vinculada a Myanmar, sumado al precedente —aunque fallido— del caso Jayasuriya, la coloca entre los primeros países de la región en enfrentar directamente estas solicitudes. En este sentido, queda abierta la pregunta de si estas iniciativas reflejan el comienzo de un cambio real en la práctica regional de jurisdicción universal.
Conclusiones
El caso australiano muestra con particular claridad la diferencia entre perseguir crímenes internacionales cometidos por los propios nacionales y ejercer una verdadera jurisdicción universal frente a personas extranjeras sin vínculo alguno con el país. Los procesos contra ex soldados por Afganistán y contra mujeres vinculadas al Estado Islámico, aunque no son técnicamente casos de jurisdicción universal, están forzando al sistema judicial australiano —con sus juicios por jurado, su exigencia de unanimidad y sus propias reglas probatorias— a aplicar por primera vez a gran escala categorías del derecho penal internacional. En ese sentido, funcionan como un entrenamiento institucional que podría, con el tiempo, dotar a los tribunales australianos de mayor solvencia técnica para casos futuros.
Las denuncias que sí invocan la jurisdicción universal en sentido estricto —el caso Jayasuriya y la reciente denuncia sobre Myanmar— revelan, en cambio, que el principal obstáculo no es técnico sino político: el requisito de consentimiento del Fiscal General y la ausencia, hasta 2025, de un protocolo claro de investigación han dejado en la práctica escasísimo margen para que la sociedad civil active estos mecanismos, incluso cuando los sospechosos se encuentran físicamente en el país. La reciente Guía de Buenas Prácticas de la AFP y la denuncia sobre Myanmar actualmente en evaluación podrían marcar un punto de inflexión, sobre todo si Australia decide acompañar el impulso regional que se observa en Indonesia, Filipinas, Timor Oriental y Turquía.
Si Australia logra sostener procesos transparentes en sus causas domésticas y, al mismo tiempo, encuentra la voluntad política para dar curso a denuncias sin un interés nacional directo, podría pasar a desempeñar un papel mucho más activo en la lucha contra la impunidad en la región de Asia-Pacífico.
Federica Carnevale, Responsable de Proyectos de FIBGAR.
REFERENCIAS:
Australian Centre for International Justice (ACIJ). Case against Sri Lankan General Jagath Jayasuriya. Disponible en: https://acij.org.au/our-work/international-accountability/sri-lanka/accountability-for-crimes-in-sri-lanka/case-against-sri-lankan-general-jagath-jayasuriya/
Australian Centre for International Justice (ACIJ). Universal Jurisdiction. Disponible en: https://acij.org.au/our-work/international-accountability/universal-jurisdiction/
BBC Mundo. Prisioneros esposados y ejecutados: los cargos por crímenes de guerra contra el soldado australiano más condecorado. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/articles/c393yry81k9o
El País (9 de mayo de 2026). Juicio por crímenes de guerra contra el soldado australiano vivo más condecorado. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2026-05-09/juicio-por-crimenes-de-guerra-contra-el-soldado-australiano-vivo-mas-condecorado.html
Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM). Universal Jurisdiction. Disponible en: https://iimm.un.org/en/universal-jurisdiction
Palmer, E. y Wijesinghe, P. (10 de agosto de 2026). Symposium on Prosecuting Asia-Pacific Crimes: Introduction – Asia-Pacific International Crimes in Domestic Courts. Opinio Juris. Disponible en: https://opiniojuris.org/2026/08/10/symposium-on-prosecuting-asia-pacific-crimes-introduction-asia-pacific-international-crimes-in-domestic-court/
SWI swissinfo.ch (17 de abril de 2026). El soldado australiano acusado de crímenes de guerra en Afganistán obtiene la libertad bajo fianza. Disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/el-soldado-australiano-acusado-de-cr%C3%ADmenes-de-guerra-en-afganist%C3%A1n-obtiene-la-libertad-bajo-fianza/91273960
Williams, S. y Hodgson, N. (9 de julio de 2026). Australia pone a prueba su sistema de justicia interno ante crímenes internacionales. East Asia Forum. Disponible en: https://eastasiaforum.org/2026/07/09/australia-tests-domestic-justice-for-international-crimes/
