Declaración conjunta: los Estados deben garantizar la participación de la sociedad civil en las negociaciones de la Convención sobre la Prevención y Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad
La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), como integrante de la Coalition for a Crimes against Humanity Convention (C-CAH), ha firmado una declaración conjunta que insta a los Estados a garantizar una participación efectiva, inclusiva y no discriminatoria de la sociedad civil en las negociaciones para la futura Convención sobre Crímenes de Lesa Humanidad.
La declaración, publicada el 12 de octubre de 2026, se presenta con motivo del debate general de la Sexta Comisión (Jurídica) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Conferencia sobre los Crímenes de Lesa Humanidad. En ella, las organizaciones y personas firmantes reiteran su apoyo a los avances alcanzados en las sesiones anteriores de la Sexta Comisión y en la primera reunión del Comité Preparatorio para impulsar la elaboración de este tratado.
En un contexto multilateral en el que los progresos pueden verse estancados, la futura Convención representa una oportunidad para avanzar en la justicia global y reafirmar el Estado de derecho.
Una Convención eficaz, inclusiva y centrada en las víctimas
La Coalition for a Crimes against Humanity Convention (C-CAH) es una coalición de organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos independientes que trabajan conjuntamente para promover una Convención eficaz, centrada en las víctimas y supervivientes, y no discriminatoria, que contribuya a prevenir y sancionar los crímenes de lesa humanidad.
La declaración acoge favorablemente la decisión del primer Comité Preparatorio de ampliar la participación en la futura conferencia de negociación a organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y entidades del sector privado comprometidas que no cuenten con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Esta decisión contempla los principios de transparencia, representación geográfica equitativa y paridad de género.
No obstante, las organizaciones firmantes subrayan que este avance debe traducirse en medidas concretas. Por ello, instan a los Estados y a la Secretaría de las Naciones Unidas a garantizar que una sociedad civil diversa pueda participar efectivamente tanto en los trabajos del Comité Preparatorio como en la futura Conferencia.
En particular, se solicitó que las organizaciones y personas interesadas puedan presentar sus solicitudes de participación con suficiente antelación, incluidas las relativas al segundo período de sesiones del Comité Preparatorio y a otros foros relacionados. También se reclaman plenos derechos de participación, que comprendan la asistencia y la intervención efectiva en todas las reuniones formales, así como el acceso a la documentación y la posibilidad de presentar materiales. Asimismo, se insta a que la participación presencial pueda desarrollarse sin restricciones indebidas, incluidas aquellas relativas al número y al tamaño de las delegaciones.
Consultas amplias y participación de las víctimas y supervivientes
La declaración también aborda las propuestas presentadas por los Estados para modificar el proyecto de artículos de la Convención. Las organizaciones y personas firmantes valoran positivamente aquellas iniciativas destinadas a reforzar o ampliar la protección de todas las personas frente a los crímenes de lesa humanidad y consideran que deben ser examinadas en las futuras negociaciones.
De cara a la Conferencia, instan a los Estados a aprovechar el período preparatorio para organizar consultas sobre cuestiones sustantivas, de conformidad con la Resolución 79/122 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estas consultas podrán desarrollarse a escala mundial, regional, nacional o temática y deberán incluir a representantes de la sociedad civil y a expertos pertinentes.
Asimismo, se destaca la importancia de consultar ampliamente a las víctimas y supervivientes para conocer sus prioridades y sus expectativas sobre la forma en que desean participar en los procesos de elaboración, adopción e implementación del tratado. Para que esta participación sea efectiva, reclaman que se faciliten los recursos y las condiciones necesarias, incluyendo financiación, asistencia, medidas de adaptación y apoyo, actividades de divulgación e iniciativas de información pública.
Una negociación con perspectiva de género e interseccional
Entre las principales demandas de la declaración figura la necesidad de garantizar que el proceso de negociación y la futura Convención incorporen una perspectiva de género e interseccional.
Las organizaciones firmantes reclaman que se reconozcan de manera significativa los daños basados en el género, que se incorpore conocimiento especializado en esta materia y que se garantice la paridad de género en las delegaciones participantes. Asimismo, defienden un enfoque interseccional que tenga en cuenta las experiencias multidimensionales de las víctimas y supervivientes.
La declaración insiste, además, en que tanto las negociaciones como el texto final de la Convención deben reforzar, y no debilitar, los estándares jurídicos internacionales vigentes, incluidos los relativos a los derechos humanos.
Por otra parte, ante la posibilidad de que determinadas circunstancias impidan una participación presencial inclusiva en Nueva York de todos los Estados miembros y observadores de las Naciones Unidas, las organizaciones firmantes solicitan que se considere trasladar las reuniones a una sede fuera de los Estados Unidos de América.
El compromiso de la sociedad civil con la justicia internacional
A través de esta declaración conjunta, FIBGAR y las demás organizaciones y personas firmantes reiteran su disposición a contribuir a este proceso y a participar de manera constructiva en el examen de propuestas que busquen mejorar genuinamente el actual proyecto de artículos.
La futura Convención sobre Crímenes de Lesa Humanidad constituye una oportunidad para fortalecer el marco jurídico internacional de prevención y sanción de estos crímenes. Para ello, resulta fundamental que su elaboración se desarrolle mediante un proceso transparente e inclusivo, que incorpore las aportaciones de la sociedad civil y sitúe en el centro los derechos, las necesidades y las experiencias de las víctimas y supervivientes.
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