Declaración de Valencia de Solidaridad y Colaboración entre Europa y América Latina para la protección efectiva de los alertadores
La corrupción puede combatirse si diferentes agentes e instituciones de todo el mundo trabajan juntos. Esta declaración consolida una alianza para trabajar más allá de las fronteras con el objetivo de promover el reporte de irregularidades, y hacer un llamamiento a los gobiernos, los poderes legislativo y judicial, los medios de comunicación y los responsables políticos para que presten urgente atención a la protección efectiva de los alertadores de irregularidades en todo el mundo.
En todo el mundo, y especialmente en las regiones en desarrollo, la corrupción y las crisis ambientales han demostrado estar estrechamente relacionadas. Es el caso, por ejemplo, de la catástrofe de Brumadinho en Brasil en la que la deficiente regulación de las actividades mineras causó más de 200 muertes e impactó tanto en la selva amazónica como en las reservas de agua. Es evidente que los efectos de estas negligencias as
í como los delitos cometidos están destruyendo nuestros recursos naturales y quitando vidas humanas.
Los alertadores son una pieza clave para prevenir eventos como el de Brumadinho. Se les ha reconocido ampliamente como actores importantes en la defensa de valores democráticos como la transparencia y la rendición de cuentas, así como en la lucha contra la corrupción. En los últimos 10 años, el reporte de irregularidades ha marcado repetidamente la agenda, ya que los alertadores han revelado malas prácticas en casos públicos que han fomentado el debate y han involucrado a un número cada vez mayor de actores de derechos humanos.
La sociedad civil desempeña un papel central en el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y de nuestros derechos civiles y humanos. En varios países de América Latina, estas organizaciones fueron (y siguen siendo) actores clave en la lucha contra la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas durante las dictaduras.
El éxito del activismo de la sociedad civil en Europa -que ha contribuido a dar forma a una legislación eficaz y completa a través una Directiva de la UE y también en jurisdicciones nacionales- demuestra cómo la coordinación y la colaboración entre organizaciones con sede en diferentes países puede mejorar la protección de las personas que informan por el interés público. Las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, las instituciones de investigación, los periodistas de investigación y los medios de comunicación son elementos clave en este cambio.
Nuestras organizaciones trabajarán juntas para compartir experiencias, apoyar y concienciar a la sociedad civil en América Latina, colaborando a través de las jurisdicciones para combatir la corrupción y la impunidad. Comenzando en países como México, Chile y Argentina, nuestro objetivo es trabajar más allá de las fronteras y que nuestros esfuerzos sean interdisciplinarios, aportando una gama de habilidades y conocimientos complementarios a nuestra lucha contra la corrupción.
El 1 de abril de 2019 en Valencia, acordamos una agenda compartida para ayudarnos a avanzar y coordinar nuestras actividades. En los próximos meses se celebrarán diferentes reuniones en todo el mundo para fomentar la protección de los alertadores en ambas regiones.
Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR)
Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos – Universitat Politècnica de València
Mathematics and Applications to Data and Physics (MADPHY)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Whistleblowing International Network (WIN)
Whistleblowing-Netzwerk Germany
Maison des Lanceurs d’Alerte – France
Associazione Hermes – Gloableaks Project
Freedom of the Press Foundation
William Bourdon
Platform to Protect Whistleblowers in Africa (PPLAAF)
Si quieres acceder a la Declaración en Inglés puedes hacer clic aquí
