Desapariciones forzadas: una crisis global que el Consejo de Derechos Humanos vuelve a poner sobre la mesa
La desaparición forzada es, de todas las violaciones graves de derechos humanos, quizás la más cruel en su mecánica: no deja cuerpo, no deja tumba, no deja certeza. Priva a la víctima de su libertad y, al mismo tiempo, la borra de la protección de la ley, negando cualquier información sobre su paradero o su suerte. Por eso se considera un delito continuado: mientras no se conoce el destino de la persona desaparecida, el crimen sigue cometiéndose cada día, y no prescribe. Este año se cumplen veinte años desde que la Asamblea General de la ONU adoptara, en diciembre de 2006, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el instrumento que por primera vez tipificó este crimen como delito autónomo.
El pasado 15 de septiembre de 2026, en el marco del 63º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, tuvo lugar el diálogo interactivo con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el mecanismo internacional más longevo dedicado a este problema, activo desde 1980. Más de cuarenta delegaciones estatales, instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil intervinieron durante la sesión, dejando un retrato inquietante de un fenómeno que, lejos de reducirse, se extiende y se adapta a nuevos contextos: conflictos armados, migración, crimen organizado y, cada vez más, la represión transnacional dirigida a silenciar a activistas y periodistas exiliados.
El informe temático presentado este año se centró en la relación entre desaparición forzada y memorialización, es decir, el conjunto de políticas, archivos y prácticas simbólicas orientadas a preservar la memoria de las víctimas, sobre el que el Grupo de Trabajo había lanzado previamente una llamada a contribuciones. Países como Perú, Guatemala, Marruecos, Chile e Indonesia expusieron durante el debate sus propias políticas de memoria, vinculadas a procesos de justicia transicional. Pero la propia presidencia del Grupo de Trabajo insistió en un matiz esencial: la memorialización nunca puede sustituir la búsqueda activa de las personas desaparecidas, la investigación penal ni la reparación efectiva. Debe estar liderada por las familias y contar con respaldo estatal sin injerencia, algo especialmente sensible en territorios ocupados o en conflicto activo, como recordaron Ucrania, Azerbaiyán y Croacia, esta última con 1.725 personas aún desaparecidas por la guerra de los años noventa.
Las cifras expuestas durante la sesión son abrumadoras. Desde su creación, el Grupo de Trabajo ha registrado más de 65.000 casos en decenas de países, y actualmente estima en más de 50.000 los casos activos y sin esclarecer en 99 Estados. México reconoció haber identificado a más de 22.000 personas previamente consideradas desaparecidas entre 2023 y 2026, aunque organizaciones como Peace Brigades International sitúan la cifra total del país en más de 130.000 personas desaparecidas, una crisis de tal magnitud que llevó al Comité contra la Desaparición Forzada a activar por primera vez el procedimiento del artículo 34 de la Convención para remitir el caso a la Asamblea General. En Sudán, la desaparición forzada se ha convertido en arma de guerra utilizada por milicias, con más de 15.000 casos documentados, muchos de ellos mujeres y niñas. En Ucrania, casi 16.000 civiles figuran como desaparecidos desde la invasión rusa, mientras crecen las denuncias sobre la deportación sistemática de menores ucranianos. En Gaza, la delegación palestina y varias organizaciones cifraron en más de 11.000 las personas desaparecidas desde octubre de 2023, la mitad mujeres y niños, en un contexto que describieron como parte de un patrón genocida.
El diálogo también evidenció la persistente falta de cooperación de algunos Estados. Corea del Norte rechazó en bloque las conclusiones del informe, mientras China acusó al Grupo de Trabajo de utilizar información falsa; ambos países cuestionaron la imparcialidad del mandato. Tanzania rechazó las conclusiones sobre la violencia poselectoral de octubre de 2025. Frente a ello, la presidencia fue clara: el silencio de un Estado nunca constituye una defensa, y las alegaciones creíbles no respondidas se dan por acreditadas. Casos individuales marcaron también la sesión: los seis trabajadores de una organización de mujeres desaparecidos por los talibanes en Kabul el mes pasado, o la persistente demanda de Japón para esclarecer las abducciones de ciudadanos japoneses por Corea del Norte, un asunto que arrastra ya varias décadas sin resolución.
A esta tensión política se suma un problema estructural: la crisis de liquidez que atraviesa Naciones Unidas está limitando directamente la capacidad del Grupo de Trabajo para realizar visitas de país y ofrecer cooperación técnica, un factor señalado por varios Estados y por la propia presidencia, que pidió expresamente contribuciones voluntarias.
Conviene recordar que este debate en Ginebra es solo una pieza de un marco jurídico más amplio, y que la lucha contra la desaparición forzada no se libra únicamente en el Consejo de Derechos Humanos. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipifica la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad cuando se comete de forma sistemática o generalizada, y a nivel regional la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994) sigue siendo referencia jurisprudencial clave a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la ratificación de estos instrumentos sigue siendo parcial, y numerosos Estados con altos niveles de desaparición forzada no han incorporado el delito a su legislación penal interna, lo que perpetúa la impunidad.
Veinte años después de la adopción de la Convención, la desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos con mayor impunidad estructural. Su erradicación exige lo que ningún mecanismo internacional puede imponer por sí solo: voluntad política real de los Estados, recursos suficientes para los organismos encargados de investigar y acompañar a las familias, y participación efectiva de las víctimas en cada etapa del proceso. Como recordó la propia presidencia del Grupo de Trabajo al cerrar el debate, detrás de cada expediente hay una familia que sigue esperando una respuesta: una esposa en Ucrania, una madre en Gaza, un hermano en Pakistán. Darles esa respuesta depende, en última instancia, de que los Estados decidan cooperar.
Artículo escrito por Annalisa Losapio, colaboradora de FIBGAR.
