Dos jornadas para repensar la jurisdicción universal y los desafíos de la justicia internacional
Los días 17 y 18 de septiembre, FIBGAR, junto al European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), reunieron en Roma a profesionales del ámbito jurídico, académico, institucional y de la sociedad civil para reflexionar sobre los desafíos actuales de la jurisdicción universal y la justicia internacional.
Celebradas con el apoyo de la Global Initiative Against Impunity, la Fondazione Basso y la Unión Europea, las dos jornadas permitieron abordar la cuestión desde perspectivas complementarias.
De los principios a la práctica: los desafíos de la jurisdicción universal en Europa
La primera jornada, organizada por FIBGAR bajo el título “Universal Jurisdiction in Europe – A Critical Perspective”, partió de una cuestión central: diez años después de los Principios Madrid–Buenos Aires, ¿hasta qué punto la jurisdicción universal ha conseguido traducirse en mecanismos efectivos de rendición de cuentas, y cuáles son los desafíos actuales?
Durante la apertura se recordó el recorrido que llevó a la elaboración de los Principios. FIBGAR organizó en 2014 el Primer Congreso Internacional sobre Jurisdicción Universal y, posteriormente, el Segundo Congreso Internacional celebrado en Buenos Aires en 2015. Aquel proceso dio lugar a los Principios Madrid–Buenos Aires, concebidos como una referencia para fortalecer una aplicación efectiva, coherente y coordinada de la jurisdicción universal.
Diez años después, el encuentro permitió volver sobre aquellas cuestiones desde la experiencia acumulada durante la última década y, especialmente, desde los obstáculos que continúan condicionando la aplicación práctica del principio.
El primer panel, “The Gap Between Principle and Practice”, reunió a Chloé Faucourt, Judicial Cooperation Officer del Genocide Prosecution Network; Rebeca Huete Salazar, Legal Counsel de Civitas Maxima; y Kristina Hon, Senior Legal Counsel de Civitas Maxima.
La discusión puso de manifiesto que la existencia de un marco jurídico que permite ejercer jurisdicción universal no se traduce automáticamente en investigaciones y procedimientos. Como explicó Chloé Faucourt, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea cuentan con alguna forma de jurisdicción universal, aunque frecuentemente sometida a condiciones como la presencia o residencia del presunto responsable en el territorio, requisitos de autorización previa u otras limitaciones.
En este contexto, la cooperación entre autoridades nacionales apareció como uno de los elementos transversales de la jornada. El Genocide Prosecution Network fue precisamente presentado como un espacio destinado a favorecer la cooperación y el intercambio de conocimientos entre las autoridades implicadas en la investigación y persecución de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Se mencionó que, la experiencia de los procesos desarrollados en Alemania por los crímenes cometidos en Siria permitió concretar algunos de los factores que pueden hacer posible una investigación de este tipo. El caso de Koblenz mostró la importancia de contar con un marco jurídico adecuado, unidades especializadas con recursos y experiencia, acceso a pruebas y testimonios, apoyo a las víctimas y testigos y mecanismos de cooperación internacional, incluida la colaboración entre las autoridades francesas y alemanas. También se destacó la contribución de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones sirias, en la documentación y construcción de estos casos.
La discusión permitió, al mismo tiempo, poner el foco en las dificultades que aparecen una vez que un procedimiento llega a los tribunales. Desde Civitas Maxima, Rebeca Huete Salazar y Kristina Hon abordaron cuestiones relacionadas con la reparación a las víctimas, la protección de testigos, la duración de las investigaciones y los efectos que los largos períodos de incertidumbre pueden tener tanto sobre la confianza en los mecanismos de justicia como sobre la disponibilidad de pruebas y la seguridad de quienes participan en los procesos.
En este sentido, se destacó la necesidad de gestionar adecuadamente las expectativas de las víctimas y de prestar atención a las consecuencias que pueden tener las decisiones judiciales más allá de la sentencia. También se planteó la importancia de contar con mecanismos de protección que continúen operativos cuando los procedimientos terminan y las personas condenadas pueden recuperar su libertad o ser deportadas.
Otro de los puntos señalados fue la necesidad de fortalecer las capacidades especializadas de fiscales, investigadores y jueces. La discusión sobre los Principios Madrid–Buenos Aires puso especialmente el foco en la relevancia de las estructuras especializadas y en la necesidad de desarrollar herramientas concretas que permitan trasladar estas recomendaciones a los sistemas nacionales.
El segundo panel, “Building Accountability: Cooperation, Civil Society & the Road Ahead”, contó con la participación de Chantal Meloni, Senior Legal Advisor del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR); John Stauffer, Legal Director / Deputy Executive Director de Civil Rights Defenders; y Hope Rikkelman, Executive Director de Nuhanovic Foundation.
La conversación profundizó en el papel de la sociedad civil en los procesos de jurisdicción universal y en la necesidad de construir relaciones de cooperación que permitan aprovechar su experiencia sin comprometer su independencia.
La experiencia de los casos relacionados con Siria fue nuevamente un punto de referencia. Chantal Meloni destacó el papel desempeñado por las organizaciones de la sociedad civil en la documentación de los crímenes, el acompañamiento de víctimas y supervivientes y la construcción de casos ante los tribunales nacionales. Al mismo tiempo, se plantearon cuestiones relacionadas con la aplicación desigual de estos mecanismos en diferentes contextos y con la necesidad de examinar qué situaciones llegan a ser investigadas y cuáles permanecen fuera del alcance de los procedimientos nacionales.
También se abordó la relación entre las políticas migratorias y las investigaciones por crímenes internacionales, así como el riesgo de que determinadas responsabilidades estructurales queden fuera del objeto de los procedimientos cuando las investigaciones se concentran exclusivamente en determinados autores o delitos.
Desde la experiencia de Nuhanovic Foundation, Hope Rikkelman puso el acento en la necesidad de situar a las víctimas en el centro de los procesos. La organización ha participado en el acompañamiento de víctimas y supervivientes y en el desarrollo de mecanismos de apoyo dentro de los procedimientos de jurisdicción universal en los Países Bajos. Esta experiencia permitió reflexionar sobre la importancia del apoyo psicosocial, la comunicación con las comunidades afectadas y la existencia de vías adecuadas de derivación y acompañamiento durante las distintas fases de los procedimientos.
La experiencia neerlandesa mostró asimismo que la sociedad civil puede contribuir a identificar vacíos en los sistemas de justicia y promover cambios en los mecanismos institucionales de apoyo a las víctimas. Al mismo tiempo, se subrayó que las organizaciones deben conservar su independencia y su capacidad para cuestionar las actuaciones de las propias autoridades.
John Stauffer aportó la experiencia de Civil Rights Defenders en materia de documentación, apoyo a defensores y defensoras de derechos humanos, recopilación de pruebas, incidencia y seguimiento de procesos judiciales. La discusión volvió a señalar algunos de los obstáculos para acceder a los testimonios de víctimas y testigos, particularmente cuando existen problemas de confianza hacia las autoridades, preocupaciones sobre su situación migratoria o riesgos para su seguridad.
De este intercambio surgió una idea transversal: la cooperación no puede limitarse a la relación entre fiscalías y tribunales. Los procesos de justicia internacional requieren también la participación de organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas, profesionales especializados y mecanismos internacionales capaces de compartir información y conocimientos.
Italia ante el desafío de la justicia internacional
La conversación continuó el viernes 18 de septiembre con una segunda jornada, esta vez centrada en el papel de Italia en la justicia internacional y en los desafíos específicos que plantea su marco jurídico e institucional.
Bajo el título “Rafforzare il contributo dell’Italia alla giustizia internazionale”, la jornada organizada por ECCHR abordó las diferentes vías para que las autoridades italianas puedan contribuir de manera más eficaz a la investigación y persecución de los crímenes internacionales.
Italia cuenta con una experiencia relevante en materia de justicia internacional y cooperación judicial. Sin embargo, persisten importantes retos en su marco jurídico interno y en su capacidad para investigar y perseguir crímenes internacionales. La jornada buscó precisamente abrir un espacio de debate sobre estas cuestiones y sobre las medidas necesarias para reforzar la cooperación de Italia con la Corte Penal Internacional (CPI).
El encuentro reunió diferentes perspectivas del ámbito jurídico, académico, institucional y de la sociedad civil, con intervenciones de Chantal Meloni, profesora de la Universidad de Milán; Antonio Vallini, de la Universidad de Pisa; Federica Genovesi, Oficial Jurídica en la Fundación Nuhanovic; Chloé Faucourt, Judicial Cooperation Officer del Genocide Prosecution Network; y Raffaele Piccirillo, representante de la Procura della Repubblica. Las observaciones finales estuvieron a cargo de Niccolò Figá-Talamanca, de Non c’è pace senza giustizia.
Uno de los principales ejes de la discusión fue la situación del marco jurídico italiano. A partir de la experiencia de otros países europeos, se planteó la necesidad de avanzar hacia una regulación más específica de los crímenes internacionales y de clarificar las herramientas disponibles para que las autoridades italianas puedan ejercer sus competencias de manera efectiva.
En este contexto, se abordó la evolución histórica del modelo italiano y algunas de las cuestiones que permanecen abiertas, incluida la necesidad de contar con instrumentos jurídicos adecuados y de crear las condiciones necesarias para que las competencias existentes puedan activarse en la práctica.
La discusión también puso de relieve que la existencia de competencias jurídicas no es suficiente por sí misma. Para investigar crímenes internacionales se requieren conocimientos especializados, estructuras adecuadas, recursos y mecanismos de cooperación con otras autoridades nacionales e internacionales.
Se planteó además, desde la perspectiva institucional, la importancia de seguir desarrollando el modelo italiano y de superar las lagunas existentes mediante reformas que permitan abordar de manera más sistemática la investigación y persecución de los crímenes internacionales. En este sentido, se destacó la necesidad de avanzar hacia estructuras especializadas y de reforzar la colaboración entre autoridades, víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
La cooperación apareció nuevamente como un elemento central. La naturaleza transnacional de muchos de los crímenes investigados mediante jurisdicción universal hace necesario compartir información, pruebas y conocimientos entre distintos países y organismos. La experiencia de otros Estados europeos, incluida la de los Países Bajos, fue utilizada como referencia para analizar cómo la colaboración con la sociedad civil puede integrarse en los procesos institucionales sin comprometer la independencia de las organizaciones.
También se abordó el papel de las pruebas digitales y las fuentes abiertas, cada vez más relevantes en la documentación de crímenes internacionales. Las organizaciones de la sociedad civil cuentan en muchos casos con capacidad para recopilar y preservar información que posteriormente puede resultar relevante para las investigaciones. Junto a ello, se señaló la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y protección de testigos y de las personas que participan en estos procesos.
La jornada permitió asimismo reflexionar sobre una dimensión que trasciende las reformas jurídicas: la necesidad de generar una mayor comprensión social sobre la justicia internacional. La sensibilización y la alfabetización de la sociedad civil fueron planteadas como procesos de largo plazo, pero también como elementos que pueden contribuir a situar estas cuestiones en la agenda pública y favorecer transformaciones legislativas e institucionales.
La discusión concluyó con una reflexión compartida sobre la necesidad de conectar los distintos niveles de actuación: el jurídico, el institucional, el académico y el de la sociedad civil. Solo a través de esta articulación es posible construir capacidades nacionales que permitan responder de manera efectiva ante los crímenes internacionales.
Dos jornadas, un mismo objetivo: hacer frente a la impunidad
La celebración consecutiva de estos dos encuentros permitió abordar la justicia internacional desde dos perspectivas complementarias: por un lado, el papel de la jurisdicción universal como herramienta para garantizar que los crímenes internacionales no queden impunes; por otro, la necesidad de reforzar los sistemas nacionales y la cooperación internacional para hacer posible una investigación y persecución efectiva de estos crímenes.
A lo largo de las dos jornadas, las experiencias compartidas mostraron que la jurisdicción universal no puede entenderse únicamente como una cuestión normativa. Su aplicación efectiva depende de la existencia de marcos jurídicos adecuados, estructuras especializadas, recursos, cooperación entre autoridades, acceso a pruebas, protección y acompañamiento de víctimas y testigos y una sociedad civil capaz de participar de manera activa e independiente.
Para FIBGAR, estos espacios de intercambio son fundamentales para conectar la reflexión jurídica con los desafíos que plantea la práctica y para fortalecer las redes de cooperación entre organizaciones de la sociedad civil, profesionales del derecho, instituciones y otros actores comprometidos con la lucha contra la impunidad.
Agradecemos especialmente al European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), a la Fondazione Lelio Basso, a la Unión Europea y a la Global Initiative Against Impunity por su colaboración y apoyo en la realización de estas jornadas, así como por su compromiso con la generación de espacios de diálogo, intercambio de experiencias y trabajo conjunto frente a los desafíos actuales de la justicia internacional.
Roma se convirtió durante estos dos días en un espacio de reflexión e intercambio sobre los avances alcanzados en la última década y los desafíos que aún persisten para hacer efectiva la justicia internacional. Las jornadas permitieron poner en común experiencias, aprendizajes y herramientas desde distintos ámbitos y contextos, reafirmando la importancia de fortalecer las capacidades nacionales, la cooperación internacional y el papel de la sociedad civil en la lucha contra la impunidad.
