¿En qué estado se encuentra la Jurisdicción Universal?
El potencial de la jurisdicción universal sigue sin explotarse, aunque se destaca una tendencia positiva.
Esto es lo que muestra la edición 2024 del Informe anual de la Jurisdicción Universal elaborado por TRIAL International, en colaboración con Civitas Maxima, el Center for Justice and Accountability (CJA), el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y REDRESS.
Cabe recordar que el informe no solo examina los casos presentados en virtud del principio de jurisdicción universal, sino también aquellos basados en los principios de personalidad activa (un Estado está facultado para investigar y, en su caso, enjuiciar delitos cometidos por sus propios nacionales, cuando el crimen se haya cometido fuera de su territorio) y personalidad pasiva (un Estado está facultado para investigar y, en su caso, enjuiciar delitos cometidos en el exterior contra sus propios nacionales).
Además, el informe abarca los acontecimientos ocurridos durante el año 2023 y no pretende ser exhaustivo, ya que un gran número de casos están sujetos a la confidencialidad de las investigaciones penales, y solo informa de los casos en los que jueces o fiscales han iniciado investigaciones penales por crímenes internacionales, a saber, genocidio, crímenes de contra la humanidad, crímenes de guerra, tortura y desapariciones forzadas.
Con respecto a los casos presentados en virtud del principio de jurisdicción universal, se evidencia que actualmente este se está ejerciendo solamente en 11 países del mundo.
Francia está al frente. El marco francés de jurisdicción universal es complejo y depende de los delitos perseguidos. Mientras para los crímenes de tortura y desaparición forzada los tribunales franceses son competentes en cuanto el sospechoso se encuentre en territorio francés en el momento de la presentación de la denuncia (artículos 689-1, 698-2 y 689-13 del Código Procesal Penal francés), cuando se trata de otros crímenes previstos en el Estatuto de Roma, las condiciones son mucho más restrictivas.
Pese a esto, la justicia francesa se ha hecho promotora de la jurisdicción universal en relación a crímenes cometidos en la República Democrática del Congo (caso Roger Lumbala Tshitenga), Ruanda en 1994 (casos Eugène Rwamucyo; Jean-Marie Vianney Nzapfakumunsi; Laurent Bucyibaruta; Madjaliwa Safari; Philippe Hategekimana (Philippe Manier); Pierre Kayondo); Sosthène Munyemana, Liberia entre 1989 y 1996 (caso Saturday T), y Siria entre 2011 y 2013 (caso Abdulhamid Chaban; Majdi Nema (alias Islam Alloush)).
En el caso de Francia destacan, además, tres casos relacionados con la responsabilidad de los agentes económicos: el caso Nexa Technologies, empresa francesa que vendió al régimen egipcio de al-Sisi el software Cerebreo, supuestamente usado para localizar a opositores y posteriormente cometer actos de tortura y desapariciones forzadas entre 2014 y 2021; el caso Amesys, empresa que luego cambió su nombre a Nexa Technologies, acusada de vender al régimen de Gadafi (1969-2011) tecnologías de vigilancia luego usadas para reprimir a la disidencia y cometer graves violaciones de los derechos humanos; y el caso Lafarge, cementera francesa que en Siria supuestamente entabló negociaciones con el ISIS para comprarles petróleo y puzolana (un material utilizado para fabricar hormigón), así como para obtener pases oficiales del ISIS para cruzar los puestos de control con el fin de mantener
su producción en la zona. El 16 de enero de 2024, el Tribunal Supremo tomó su decisión final y confirmó la acusación de la empresa Lafarge por complicidad en crímenes contra la humanidad.
Sigue Reino Unido. El derecho penal de Inglaterra y Gales prevé expresamente la jurisdicción universal sobre los delitos de tortura y las infracciones graves de los Convenios de Ginebra, permitiendo a las autoridades nacionales investigar y enjuiciar estos delitos en determinadas condiciones cuando hayan sido cometidos en el extranjero por nacionales extranjeros. Asimismo, prevé una forma muy restringida de jurisdicción universal sobre tres de los crímenes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, de conformidad con el International Criminal Court Act 2001 (ICCA).
Los casos tratados por la justicia inglesa se refieren a crímenes cometidos en Afganistán, Angola Eritrea, Irán, Iraq, Liberia, Libia, Sierra Leona, Sri Lanka, Siria y Gambia.
En Alemania, donde, desde 2002, los fiscales alemanes pueden ejercer la jurisdicción universal en virtud del Código de Crímenes contra el Derecho Internacional (Völkerstrafgesetzbuch). Pueden iniciarse investigaciones y enjuiciamientos por genocidio (§ 6 VStGB), crímenes contra la humanidad (§ 7 VStGB) y crímenes de guerra (§§ 8-12 VStGB), los juicios tratan crímenes cometidos en Siria, Iraq, y Gambia.
En junio de 2023, Suiza anunció su primera condena por crímenes contra la humanidad. Se trataba del ciudadano liberiano Alieu Kosiah, antiguo comandante de la milicia rebelde ULIMO (Movimiento Unido de Liberación de Liberia para la Democracia), que vivía en Suiza. Fue declarado culpable de haber matado y ejecutado a civiles durante el conflicto armado que tuvo lugar en Liberia entre 1993 y 1995.
En la actualidad, de acuerdo con el código penal suizo, las autoridades tienen jurisdicción universal para enjuiciar los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y desaparición forzada (como delito autónomo), cuando son cometidos en el extranjero por un extranjero contra ciudadanos extranjeros, de acuerdo con lo establecido por el código penal suizo.
La jurisdicción universal se ha ejercido en casos relacionados con hechos cometidos en Algesia entre 1992 y 1994, Bielorrusia en 1999, Liberia entre 1993 y 1995, Siria, y Gambia entre 2000 y 2016.
En Bélgica, que, al igual que España, terminó limitando el ejercicio de la denominada jurisdicción universal pura, este principio se activó en relación con crímenes cometidos en Iraq en 2009-2010, en Ruanda en 1994, y en Siria.
Otras investigaciones se han accionado en virtud del principio de jurisdicción universal en Holanda para crímenes realizados en Etiopía y Siria, en Suecia en relación con hechos perpetrados en Irán, y en Finlandia para actos cometidos en Sierra Leona.
Cabe destacar que Argentina lidera el ejercicio de la jurisdicción universal fuera de Europa en los casos Colombia, Nicaragua, Venezuela y Mohammed bin Salman.
En junio de 2023, la Clooney Foundation para la Justicia presentó una demanda bajo jurisdicción universal ante la justicia federal argentina, en representación de los familiares de dos víctimas de violencia indiscriminada violencia y asesinatos indiscriminados en Venezuela
en 2014.
En noviembre de 2023, víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia interpusieron una querella en Argentina al amparo del principio de Jurisdicción Universal contra expresidente Álvaro Uribe Vélez en relación con los llamados “falsos positivos”. Entre 2002 y 2008, agentes del Estado, en particular miembros del ejército nacional, ejecutaron e impusieron la desaparición de al menos 6.402 civiles y otras personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Las víctimas eran en su mayoría jóvenes de origen modesto que fueron atraídos con promesas de trabajo y ejecutados por soldados. Posteriormente se les vestía con trajes de guerrilleros y/o se les daba armas, para presentarles ilegítimamente como guerrilleros muertos durante los combates. Estos crímenes se cometieron con el fin de aumentar las estadísticas y crear la impresión de que el ejército estaba ganando la guerra.
El mismo noviembre de 2023, la fiscalía nacional de Argentina solicitó formalmente las declaraciones de Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta de Nicaragua acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión posterior a las masivas protestas de abril de 2018.
Sigue abierta también la investigación contra el príncipe saudí Mohamed Bin Salmán por su papel en crímenes de guerra presuntamente cometidos por la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen, así como en actos de tortura y malos tratos a ciudadanos saudíes y el asesinato de Khashoggi.
A estos deben sumarse el caso contra San Suu Kyi y otros genocidios y crímenes contra la humanidad cometidos en Myanmar contra el pueblo rohingya desde 2017 y la denominada querella argentina contra Rodolfo Martín Villa por crímenes contra la humanidad, incluyendo actos de tortura, presuntamente cometidos en España entre julio 1936 y junio de 1977
Se recuerda que la ley Argentina consagra el principio de jurisdicción universal “pura”, incluido en el Artículo 118 de la Constitución, que permite juicios por crímenes de derecho internacional público cometidos fuera de Argentina. Además, el Artículo 5 de la Ley 26, 200/06 otorga expresamente a los tribunales federales jurisdicción penal sobre los crímenes mencionados en el Estatuto de Roma de la CPI, entre otros.
Además del país del cono sur, solamente Estados Unidos parece haber ejercicio la jurisdicción universal en el caso Michael Sang Correa, supuestamente un antiguo miembro del escuadrón de la muerte Junglers que respondía directamente al entonces presidente de Gambia Jammeh, entre 1994 y 2016.
La ley estadounidense contra la tortura permite al gobierno estadounidense procesar a cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad, por torturas cometidas fuera del país.
Como estableció en octubre de 2023 el Tribunal de Distrito de Colorado, el juicio por tortura contra Correa tendrá lugar a partir del 16 de septiembre de 2024.
Alessia Schiavon, directora de FIBGAR
