La justicia argentina ratifica su competencia para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela
En el mes de junio de 2023, la Clooney Foundation for Justice con el acompañamiento del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), presentó una denuncia ante la justicia argentina en virtud del principio de jurisdicción universal en representación de los familiares de dos víctimas de asesinatos y violencia ocurridos en Venezuela en el año 2014. En ella se acusa a Nicolas Maduro y otros miembros de su administración de llevar adelante un plan sistemático orientado a la comisión de crímenes de lesa humanidad, en un contexto de creciente represión que se remonta –al menos– al año 2014. Donde la utilización de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, la ausencia de garantías mínimas de un juicio justo y los ataques constantes a organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, se transformaron en prácticas cotidianas en el país. La querella cuenta, además, con el aporte de diversas organizaciones de derechos humanos, que se han presentado en calidad de amicus curiae (amigo del tribunal).
A esta denuncia se sumó una previa de la Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo (FADER), unificándose en una misma causa. Esta última había permanecido inactiva inicialmente, bajo el fundamento de que Argentina ya había presentado –el 27 de septiembre de 2018– una remisión ante la Corte Penal Internacional (CPI) junto a Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú –a la que luego se sumaron Uruguay y Ecuador–, respecto de la situación en la República Bolivariana de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014; y que el organismo ya había concluido en 2020 que existía una base razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde –al menos– abril de 2017, dando lugar al inicio de las investigaciones en noviembre de 2021.
Desde entonces, la causa se encuentra en curso ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Núm. 2, a cargo de su titular, el juez Sebastián Ramos.
En el marco de ese proceso ante la justicia argentina, el curso de los recientes hechos tornan especial relevancia. En este contexto, el pasado 7 de enero, la Cámara Federal rechazó un recurso presentado por una de las partes demandadas y ratificó la competencia de la justicia argentina para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, confirmando que el caso presentado bajo la jurisdicción universal continuará su curso tal como lo había decidido en noviembre del pasado año el juzgado de primera instancia.
Los jueces señalaron que los planteos defensivos constituyen una reiteración de argumentos ya descartados por la propia Cámara en 2024, cuando se declaró la competencia argentina para investigar y juzgar los hechos. En ese entonces, el juez Sebastián Ramos había resuelto que carecía de competencia para continuar con el proceso por entender que se trataban de los mismos hechos que ya se encontraba investigando la CPI. En respuesta a ello, y resolviendo el recurso presentado por la querella y la fiscalía, en abril de ese mismo año, la Cámara Federal había ordenado reabrir la investigación.
En esa resolución la Cámara ya había entendido que la justicia argentina debía iniciar una investigación autónoma a la de la CPI, teniendo en cuenta los fines tuitivos del derecho internacional, la jurisdicción universal y la necesidad de evitar mayores daños, dado que los hechos denunciados en la causa revisten características de extrema gravedad, los cuales –si no se actúa en relación a ello– podrían generar nuevas y graves lesiones a derechos humanos. Asimismo, había resuelto que los hechos denunciados, podrían ser novedosos, distintos e incluso exceder aquellos que integran la materia denunciada y tramitada ante la CPI –siendo de esta manera, investigaciones complementarias entre sí–.
En la resolución del pasado 7 de enero, la Cámara, además, rechazó la exención de prisión de Justo José Noguera Pietri –excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana–, quien había impulsado la pretensión. Este, al igual que Nicolas Maduro y su principal aliado político, el Ministro del Interior Diosdado Cabello, y otros funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, tiene pedido de captura internacional y citación a indagatoria desde septiembre de 2024, instruida por la la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal luego de que se escucharan los testimonios de un grupo de víctimas refugiadas en Argentina.
Este caso representa un hito histórico en la búsqueda de rendición de cuentas de los altos mandos del régimen bolivariano. No solo por tratarse del primer proceso de jurisdicción universal iniciado en relación con los crímenes investigados, sino también porque la resolución de septiembre de 2024 habilita a proceder de la misma manera respecto de las estructuras de mando que sean identificadas en el futuro, así como de aquellos otros responsables aún no individualizados que hayan actuado en el marco de los períodos investigados. De este modo, la decisión amplía de manera sustancial el alcance de la rendición de cuentas y abre la posibilidad de una justicia efectiva para las víctimas que no han encontrado respuestas en el ámbito interno.
El compromiso del Estado argentino en la búsqueda de justicia para la población venezolana había quedado igualmente en evidencia el pasado diciembre en la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal en La Haya, donde los representantes del país sudamericano lamentaron la falta de avances por parte de la CPI y exigieron una actuación “inmediata” ante el “deterioro” de la situación en Venezuela desde las elecciones de julio de 2024.
Asimismo –en el marco de la causa y a raíz del secuestro forzoso de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos–, el pasado 5 de enero el fiscal federal Carlos Stornelli se sumó a la petición de dos de las organizaciones querellantes –FADER y FADD– y solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Núm. 2, que se impulse el trámite de extradición a la República Argentina del mandatario venezolano.
Este proceso y la reciente ratificación de la competencia de la justicia argentina para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela reafirman el valor de la jurisdicción universal como una herramienta esencial frente a la impunidad. En un contexto global atravesado por la politización de la justicia, tensiones geopolíticas y respuestas unilaterales, el avance de este proceso demuestra que el derecho puede y debe operar como un límite efectivo frente a los abusos de poder. Mantener abiertas estas vías judiciales no solo responde a una obligación jurídica, sino también a un compromiso ineludible con las víctimas y con la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Federica Carnevale, Responsable de Proyectos de Fibgar.
BIBLIOGRAFÍA
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