Memoria, verdad y justicia en América Latina: avances históricos y desafíos contemporáneos
Cada 24 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Argentina detiene el pulso cotidiano para mirar hacia uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente. La fecha conmemora el golpe de Estado de 1976, que dio inicio a la última dictadura cívico-militar del país, responsable de un modelo sistemático de represión y terrorismo de Estado. Sin embargo, este ejercicio de memoria trasciende las fronteras nacionales y forma parte de una historia compartida en América Latina.
A partir de la década de 1950, América Latina atravesó un ciclo prolongado de regímenes autoritarios, en su mayoría dictaduras militares con complicidad civil, que se extendió —con distintas intensidades y cronologías— hasta los años 80 e incluso comienzos de los 90. Este período estuvo profundamente marcado por la lógica de la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional promovida por Estados Unidos en la región y la persecución sistemática de presuntos opositores políticos.
Países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay vivieron dictaduras que, con distintos matices, articularon mecanismos de represión coordinada y transfronteriza —como el Plan Cóndor— orientados a la persecución, eliminación y silenciamiento de personas consideradas opositores políticos. Estos regímenes se legitimaron, en gran medida, bajo el argumento de una presunta defensa frente a grupos guerrilleros o amenazas insurgentes en el contexto global. En otros, directamente, se trató de golpes de Estado dirigidos a interrumpir procesos democráticos y a impedir o revertir la llegada al poder de gobiernos surgidos de la voluntad popular.
Cualquiera fuere el caso, esta presunta legitimación invocada fue deliberadamente ampliada por los regímenes dictatoriales hasta volverse funcional a sus intereses. El terrorismo de Estado no solo alcanzó a militantes políticos considerados opositores o integrantes de movimientos armados, sino también a estudiantes, trabajadores, organizaciones sindicales, intelectuales, artistas e incluso a personas sin participación política alguna, que fueron destituidas de sus puestos de trabajo, categorizadas, detenidas, torturadas, asesinadas o desaparecidas. Bajo la lógica del llamado “enemigo interno”, la sospecha —muchas veces basada en vínculos personales, afinidades ideológicas supuestas o simples denuncias infundadas— bastaba para justificar la represión.
La violencia estatal operó así no solo como un mecanismo de eliminación —en término literal—de adversarios políticos, sino también como una herramienta de disciplinamiento social mediante la imposición del terrorismo.
Estas prácticas se inscribieron en una matriz ideológica común, fuertemente influenciada por la doctrina de seguridad nacional en el contexto de la Guerra Fría, que identificaba formas concretas de pensamientos —reales o percibidas— como una amenaza existencial. En paralelo, muchos de estos regímenes impulsaron profundas transformaciones económicas orientadas con los intereses geopolíticos y económicos promovidos por Estados Unidos en la región. El resultado fue un saldo devastador de víctimas, así como profundas fracturas sociales e institucionales cuyas consecuencias continúan, hasta hoy, en proceso de memoria, verdad y reparación.
Entre otros, en 1954 el gobierno democráticamente electo de Jacobo Árbenz en Guatemala fue derrocado. Ese mismo año, en Paraguay, el general Alfredo Stroessner tomó el poder mediante un golpe de Estado, dando inicio a una de las dictaduras más prolongadas del continente. Una década más tarde, en 1964, el presidente João Goulart fue depuesto por un golpe militar que dio inicio a una prolongada dictadura en Brasil.
El ciclo se intensificó en los años setenta. En Uruguay, en 1973, el presidente Juan María Bordaberry encabezó un quiebre institucional al disolver el Parlamento con apoyo de las Fuerzas Armadas, consolidando una dictadura cívico-militar. Ese mismo año, en Chile, el gobierno de Salvador Allende fue derrocado el 11 de septiembre mediante un violento golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, que incluyó el bombardeo del palacio presidencial y culminó con la muerte del mandatario electo en democracia.
El 24 de marzo de 1976, en Argentina, el gobierno de María Estela Martínez de Perón fue derrocado por un golpe de Estado que dio inicio al autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, profundizando en la región un patrón de ruptura institucional y represión sistemática.
América Latina es una región que ha cargado perennemente con heridas abiertas. Y, en particular, en este período la represión adquirió una especial crueldad, dejando un saldo de víctimas que hasta el día de hoy desconocemos en su totalidad.
A medio siglo de aquellos hechos, el camino hacia la verdad y la justicia ha sido sinuoso, complejo y desigual.
En Argentina el Juicio a la Juntas en 1985 marcó un hito histórico al juzgar a los principales responsables de la dictadura. Las condenas generaron una respuesta inmediata: amenazas y ataques del poder cívico-militar, que produjeron una tensión y una inestabilidad política que hacía peligrar, una vez más, la democracia recuperada. En ese contexto, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que limitaron y luego cerraron la posibilidad de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Llegada la presidencia de Carlos Saúl Menem, en el año 1989, la política de “olvido y perdón” se profundizó, y se tomó la decisión de indultar a los jefes militares que habían sido procesados penalmente, en tanto no habían sido favorecidos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, a los militares que se habían alzado durante el gobierno de Alfonsín en levantamiento carapintada; a los ex miembros de la Junta militar condenados por sus responsabilidades políticas y crímenes militares en la Guerra de Malvinas y a los líderes de organizaciones armadas, que habían sido juzgados y condenados durante la presidencia de Alfonsín.
Sin embargo, la respuesta social no se hizo esperar, multitudinarias movilizaciones se extendieron en todo el país, y desde Plaza de Mayo marcharon cientos de miles de personas en repudio de lo decretado. En este contexto surgieron nuevas organizaciones de derechos humanos con el objetivo declarado de lograr justicia, como “HIJOS”, que se sumaron a las históricas Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
El gobierno menemista no logró la reconciliación que pretendía. Durante los años noventa se iniciaron algunos procesos por delitos de sustracción de menores, que, como mencionamos, habían quedado fuera de los beneficios de las leyes de impunidad. Ellos tuvieron un valor central en la averiguación de la verdad. Por poner un ejemplo paradigmático, en 1998 fue detenido Jorge Rafael Videla por la sustracción y ocultación de menores nacidos en los centros clandestinos de detención de “Campo de Mayo”, “El pozo de Banfield”, y “Automotores Orletti”.
En el mismo 1998 hubo un cambio sustancial en la política de estado. Se dictó la Ley 24.952, que derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La dificultad, con todo, radicaba en que esta ley suprimía los efectos de las leyes de impunidad para el futuro, pero su efecto no era retroactivo. Argentina atravesó una crisis de magnitudes históricas en el año 2001, lo que generó importantes transformaciones en el entramado político-burocrático.
Luego de dos años de mucha inestabilidad gubernamental, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, los juicios de lesa humanidad volvieron al centro de la escena. Así las cosas, en septiembre de 2003 se dictó la ley 25.779 que declaró insanablemente nulas las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, suprimiendo -erga omnes y retroactivamente- todo efecto jurídico de estas leyes de impunidad, removiendo cualquier obstáculo que impidiere a los jueces investigar y sancionar a los autores de delitos contra la humanidad. A partir de esta ley, a lo largo y ancho del país, muchos jueces declararon la inconstitucionalidad de los indultos menemistas y se reabrieron las investigaciones.
En Uruguay, el punto de quiebre se produjo a partir del año 2005, con la llegada a la presidencia de Tabaré Vázquez (Frente Amplio) y la disposición del nuevo Poder Ejecutivo a impulsar la investigación de ciertos crímenes, en aplicación del artículo 3 de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Este proceso alcanzó su punto de inflexión final en 2009, cuando la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. A partir de allí —y reforzado tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay (2011)— se consolidó la apertura de causas y el avance sostenido en investigaciones y condenas por crímenes de la dictadura. Entre otros, el dictador Juan María Bordaberry fue condenado por delitos de lesa humanidad y falleció en prisión domiciliaria en el año 2011.
El dictador Augusto Pinochet fue detenido en Reino Unido en 1998 por orden del juez Baltasar Garzón, en aplicación del principio de jurisdicción universal. Sin embargo, regresó a Chile y murió en 2006 sin condena firme, aunque procesado en múltiples causas por violaciones a los derechos humanos. El dictador paraguayo Alfredo Stroessner nunca fue juzgado y se exilió en Brasil, donde murió en 2006 en total impunidad, sin enfrentar procesos judiciales.
En este contexto, los procesos de justicia transicional y memoria histórica en América Latina han seguido trayectorias diversas, marcadas por avances, retrocesos y persistentes obstáculos estructurales. Mientras que en Argentina el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad se ha consolidado en el tiempo, con numerosas condenas y reaperturas de causas, otros países han avanzado de manera más limitada o tardía, como en Uruguay, o han mantenido amplios márgenes de impunidad, como ocurrió durante décadas en Chile y Paraguay.
A pesar de los avances registrados —incluyendo condenas a ex altos mandos y el reconocimiento judicial de la gravedad de los crímenes cometidos—, la impunidad continúa siendo un rasgo significativo en la región, ya sea por la falta de juzgamiento, las limitaciones institucionales o el paso del tiempo. En este escenario, la consolidación de los principios de memoria, verdad y justicia se mantiene como una condición indispensable no solo para la reparación de las víctimas, sino también para el fortalecimiento del Estado de derecho y la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos.
Esta realidad resulta especialmente crítica en relación con la desaparición forzada, cuyo carácter implica que sus efectos persisten mientras no se establezca el destino o paradero de las víctimas. Miles de personas continúan desaparecidas en la región, manteniendo abiertas no solo las obligaciones estatales de investigación y sanción, sino también el reclamo permanente de las víctimas y sus familiares.
Este marco permite situar, con mayor claridad, el análisis del caso de Argentina como una experiencia relevante en el abordaje judicial de crímenes de lesa humanidad, en un contexto regional en el que distintos países han ensayado respuestas diversas frente a los legados de sus dictaduras.
Negacionismo en ascenso y discursos de reivindicación de los gobiernos dictatoriales: desafíos actuales para la memoria en América Latina
No obstante este panorama histórico alentador, actualmente nos encontramos atravesando una recesión democrática que es una propensión de nivel mundial, y al cuestionamiento actual a las democracias, se le suman el de otros consensos alcanzados en la última mitad del Siglo XX. América Latina, no escapa de esta tendencia y, en los últimos años, hemos visto que en la región se ha constatado un declive sistemático del apoyo a los regímenes y valores democráticos por parte de la población y un aumento constante de la indiferencia hacia otros modelos más autoritarios, e incluso un apoyo flagrante hacia estos.
El caso argentino, con el ascenso del gobierno de Javier Milei en 2023 es uno de los ejemplos más actuales de estas corrientes. En ese sentido, a 50 años del comienzo de la última dictadura cívico-militar, vemos cómo el negacionismo –e incluso la reivindicación– viene tomando carrera desde los sectores oficialistas. Desde hace ya algunos años y de forma cada vez más robusta no solo se niegan los más horrorosos crímenes cometidos por los genocidas, si no que también se convierten discursivamente a víctima en victimarios. Incluso desde la campaña presidencial, las autoridades del partido oficialista, han incurrido en preocupantes discursos, negando el número de víctimas de la dictadura y hasta reincorporando la “teoría de los dos demonios” como forma de justificar los crímenes de desaparición forzada del periodo y en aras a refundar la memoria oficial de la dictadura y disputar los sentidos sociales de rechazo al terrorismo de Estado. Con el nuevo gobierno, el revisionismo y la reivindicación de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar se pusieron en el centro del debate. Y, en una evidente práctica estatal dirigida a atentar contra las políticas de memoria, verdad y justicia, el desguace del Estado se siente particularmente en éstas áreas, entendido ideológicamente como una decisión gubernamental dirigida a rectificar este proceso.
Al caso argentino, se le suma el de otro país que ha elegido recientemente en sus comicios a un declarado defensor de la dictadura de Pinochet. El país vecino, Chile, tiene desde el 11 de marzo de 2026, por primera vez desde la vuelta de la democracia, un presidente que reivindica el pasado dictatorial y que no dudo en afirmar que si Augusto Pinochet viviera, votaría por él.
A menos de un mes de comenzar su mandato, el nuevo presidente chileno ha comenzado con prácticas estatales que deterioran el proceso de justicia transicional del país. En este sentido, se anunció la inclusión de Fernando Rabat en el gabinete como ministro de Justicia, quien en la década del 2000 fue parte del equipo de abogados que defendió a Pinochet. Asimismo, el reciente despido de tres jefaturas en áreas clave en el Programa de Derechos Humanos y en el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia de las 1.469 personas que permanecen desaparecidas desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se percibe por parte de la ciudadanía como una decisión política tendiente a revertir ese proceso, más allá de que desde el gobierno se apunte a una justificación de eficiencia. Más aún, se anunció que se anulará un decreto de la anterior presidencia que pretendía expropiar 117 hectáreas en Colonia Dignidad un enclave alemán ubicado en la zona centro-sur de Chile, donde se levantaría un sitio de memoria para recordar a las víctimas que estuvieron en el centro de detención y torturas que funcionaba allí durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La justificación a ello fue de una lógica economicista, siguiendo el modelo de su homólogo argentino donde la balanza fiscal se utiliza para justificar el deterioro democrático. El hecho de que este haya sido el candidato presidencial más votado en la historia del país, deja en evidencia que la memoria se está poniendo en juego en todo el cono-sur latinoamericano.
Estas narrativas y políticas públicas que han encabezado los gobiernos de derecha de la región, tergiversan el pasado de una forma peligrosa, y tienen como fin la construcción del poder a través de la redefinición del campo de sentidos, al disputar el significado del pasado reciente.
En este contexto, el fortalecimiento y defensa de las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación, así como medidas de no repetición, resulta esencial para continuar con el proceso regional –lento y desigual– de la consolidación de democracias más justas. Por ello, es imprescindible hacer un llamamiento para no abandonar estas luchas y profundizar los procesos de reconstrucción social, necesarios para que estos crímenes atroces no vuelvan a repetirse. A pesar del negacionismo que proyectan algunos actores regionales, la lucha de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, y la búsqueda de memoria, verdad y justicia, debe continuar, más fuerte y vigente que nunca en Latinoamérica.
Por Javier Graña, Martín Consoli, coordinadores del Observatorio Alerta LATAM y Federica Carnevale, responsable de proyectos de FIBGAR y coordinadora del Observatorio Alerta LATAM.
