¿Sabes qué pasó en América Latina? Boletín Mensual del Observatorio ALERTA Latam – Septiembre de 2026
Brasil: la primera vuelta deja un balotaje abierto y una agenda de derechos en juego
Flávio Bolsonaro (PL) quedó primero en la primera vuelta del 4 de octubre, pero sin alcanzar el 50% necesario para evitar el balotaje. Con el 99,97% de los votos escrutados, según el recuento, obtuvo 56,1 millones de votos (47,04%) frente a los 53,8 millones (45,15%) de Lula da Silva. La participación rozó el 80% y ambos candidatos se enfrentarán en una segunda vuelta el 25 de octubre. El resultado sorprendió: las encuestas previas daban a Lula tres puntos de ventaja entre los votos válidos, y el propio presidente admitió que esperaba un desenlace distinto.
Más allá de la carrera electoral, lo que se decide es el rumbo de una agenda de derechos humanos con deudas profundas. Según Amnistía Internacional, alrededor del 98% de las investigaciones contra agentes policiales se archivan y menos del 2% de las muertes causadas por la policía llegan a juicio, mientras las operaciones policiales afectan de forma mayoritaria a la población negra. A ello se suma la violencia contra personas defensoras, en especial ambientalistas, indígenas y quilombolas, y la presión sobre los territorios amazónicos: en agosto, Human Rights Watch pidió a relatores de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exijan justicia por las operaciones policiales de 2020 en el río Abacaxis. Las tres semanas que separan ambas vueltas serán decisivas para saber qué lugar ocuparán estos temas en el próximo gobierno del país más grande de la región.
Argentina: más pobreza y vía libre a la extranjerización de la tierra
La pobreza volvió a subir en Argentina. Según el INDEC, alcanzó el 32,3% de la población en el primer semestre de 2026, frente al 28,2% del semestre anterior: unos 9,7 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos relevados, de las cuales 2,25 millones están en situación de indigencia (7,5%). Extrapolada al total del país, la cifra equivale a unos 15 millones de personas pobres. La Universidad Católica Argentina (UCA), por su parte, estima que podría llegar al 35% a fin de año. El dato se conoció pocas horas después de que Milei afirmara en Nueva York que su gestión había sacado a 14 millones de personas de la pobreza, mientras comedores desbordados y clubes de trueque dan cuenta del deterioro en la vida cotidiana.
A la crisis social se suma una crisis en el acceso a la tierra. El 29 de septiembre, la Corte Suprema eliminó las trabas a la venta de tierras a extranjeros: revocó la medida cautelar que mantenía vigente la Ley de Tierras (26.737) frente al artículo 154 del DNU 70/2023, con lo que el gobierno consigue en los hechos la derogación que buscaba desde su primer mes de mandato. Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti resolvieron por razones procesales la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata y la ausencia de una “causa” sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto, y descartaron que la soberanía territorial sea un derecho de incidencia colectiva.
La derogación implica eliminar el tope del 15% a la propiedad extranjera de tierras rurales y el límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, y habilita compras en zonas de frontera, ribereñas y cuerpos de agua permanentes. El Senado rechazó el DNU en marzo de 2024 (40 votos a 25), pero Diputados necesita reunir 129 votos para dejarlo sin efecto, y los bloques que ya se pronunciaron en contra suman cerca de 110.
El fallo llega pocas semanas después de la movilización de agosto que frenó el capítulo de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y organizaciones campesinas y ambientales, como la Mesa Agroalimentaria Argentina, lo leen como una decisión política que debilita la voluntad popular. Las dos noticias se retroalimentan: un país donde uno de cada tres habitantes es pobre pierde, además, herramientas para regular quién controla la tierra, el agua y los bienes comunes. Son recursos de los que dependen la soberanía alimentaria, las comunidades campesinas e indígenas y la posibilidad de un modelo de desarrollo que no profundice la exclusión.
Colombia: la violencia contra aumenta en el primer mes del nuevo gobierno
La Defensoría del Pueblo alertó de que 112 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026. Indepaz eleva la cifra a 119 personas a comienzos de octubre. Su balance del primer mes del gobierno de Abelardo De la Espriella (7 de agosto – 7 de septiembre) registra el asesinato de 16 líderes sociales y cinco firmantes del Acuerdo de Paz.
Las masacres siguen la misma tendencia. Indepaz contabilizaba 89 masacres y 336 víctimas al 11 de septiembre, un 14% más que en 2025; la Defensoría señala que Cauca (13), Antioquia (12) y Valle del Cauca (10) concentran el mayor número. Un matiz importante: al 7 de septiembre había 104 líderes asesinados, frente a 142 en la misma fecha de 2025, es decir, menos casos, pero en un contexto donde la violencia colectiva aumenta. En Remedios (Antioquia), el asesinato de un líder comunitario el 12 de septiembre fue seguido de amenazas del Clan del Golfo a las comunidades y de desplazamientos.
Los datos confirman un patrón que este boletín ya documentó con la situación de las defensoras en marzo y con el racismo estructural en mayo: la violencia se concentra en territorios con presencia de grupos armados y economías ilegales, y golpea a quienes sostienen la participación social, el Acuerdo de Paz y la defensa del territorio. Cada asesinato debilita el tejido comunitario y refuerza la impunidad, y plantea una pregunta que el nuevo gobierno debería de responder con políticas de protección efectivas y presencia estatal más allá de lo militar.
México: más de 132.000 personas desaparecidas y una respuesta que no está a la altura
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza 132.844 personas al 29 de agosto de 2026, y más de 72.000 cuerpos permanecen sin identificar en los servicios forenses. Según cifras citadas por Amnistía Internacional, al menos 45 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas desde 2010. El último registro del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada sitúa a México a la cabeza de las acciones urgentes, con 877 solicitudes y 73 nuevas entre marzo y agosto.
Los resultados oficiales de búsqueda contrastan con esa magnitud: entre septiembre de 2025 y junio de 2026, la Comisión Nacional de Búsqueda realizó tan solo 6.679 acciones y localizó a 284 personas, 198 con vida y 84 asesinadas. El 26 de septiembre se cumplieron doce años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la CIDH pidió al Estado preservar los avances y acelerar la búsqueda, alertando además sobre el resurgimiento de narrativas que minimizan la participación del Ejército.
La distancia entre las cifras de desaparecidos y las de personas localizadas muestra que el cuello de botella no es solo la búsqueda, sino la identificación forense, la coordinación institucional y la protección de quienes buscan, en su mayoría mujeres que asumen el trabajo que el Estado no cumple. Como recogió este boletín en el mes de mayo, el Comité de la ONU ya activó el artículo 34 de la Convención de Desapariciones Forzadas y la CIDH publicó 40 recomendaciones. La pregunta sigue siendo cuánta presión internacional hace falta para una respuesta política a la altura de la gravedad de la situación.
Personas migrantes latinoamericanas: expulsadas a terceros países por Estados Unidos
Al menos 25.447 personas habían sido enviadas por Estados Unidos a terceros países hasta el 31 de agosto, bajo acuerdos con 35 países y unos 410 millones de dólares en financiación. La gran mayoría fue enviada a México; Guatemala había recibido 3.045 personas de otras nacionalidades (2.848 de ellas mexicanas) y Paraguay al menos 77. El 18 de septiembre un tribunal federal de apelaciones paralizó esta práctica, pero el 29 de septiembre la Corte Suprema permitió, de forma temporal, reanudar las expulsiones.
Detrás de las cifras hay historias concretas. El periodista salvadoreño Mario Guevara fue detenido mientras cubría una protesta contra ICE en Atlanta, permaneció más de cien días preso y fue deportado a El Salvador, caso que dio origen a la investigación. Human Rights Watch denunció que al menos ocho exiliados nicaragüenses despojados de su nacionalidad, siete de ellos parte de los 222 presos políticos expulsados por Managua en 2023, han sido detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses, algunos con solicitudes de asilo pendientes. En total, Estados Unidos deportó a más de 6.300 nicaragüenses entre enero y julio de 2026, frente a 3.323 en el mismo período de 2025.
Para las personas migrantes, ser enviadas a un país con el que no tienen ningún vínculo significa quedar sin red familiar, sin acceso a asilo y, muchas veces, con el riesgo de una devolución posterior a lugares donde pueden sufrir persecución o tortura, algo que el derecho internacional prohíbe. La región latinoamericana, además, pasa a ser receptora de una política que no decidió, con Estados que firman acuerdos a cambio de beneficios y poblaciones vulnerables que cargan con el costo.
Haití: una crisis de seguridad que se expande sin protección para la población civil
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó de que al menos 5.700 personas murieron o resultaron heridas en Haití entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de 2026 a manos de pandillas o en operaciones contra ellas. En ese período, las bandas secuestraron a más de 230 personas y violaron a más de mil mujeres y niñas, y los grupos de autodefensa causaron unos 280 muertos o heridos, según su balance. La Fuerza de Supresión de Pandillas, autorizada para 5.500 efectivos, cuenta con apenas unos 1.500, de acuerdo con el embajador estadounidense ante la ONU.
La violencia ya no se concentra en Puerto Príncipe: casi 1,5 millones de personas están desplazadas, un récord, y alrededor del 80% vive fuera del área metropolitana. La oficina de la ONU en el país (BINUH) contó más de 3.000 muertos en el primer semestre, y Human Rights Watch documentó al menos 19.380 muertes entre enero de 2023 y junio de 2026 en hechos de violencia vinculados a pandillas, autodefensas y fuerzas de seguridad.
El panorama muestra una crisis estructural: pandillas que se expanden hacia las zonas rurales, respuestas de seguridad que también generan abusos y ejecuciones sumarias, una fuerza internacional incompleta y una respuesta humanitaria subfinanciada en plena temporada de huracanes. Haití prevé celebrar el 13 de diciembre sus primeras elecciones en una década y un referéndum constitucional, en un contexto donde garantizar el voto y la seguridad de la población sigue siendo un desafío. Como señalaba este boletín en mayo, lo que falta es una arquitectura de protección civil que ni el Estado ni la comunidad internacional han logrado construir.
